EscucharEl Gobierno de la República pasó de asegurar que los 200 migrantes deportados y enviados a Costa Rica por la administración del presidente estadounidense Donald Trump permanecerían solo unas cuantas semanas en el país, a reconocer la opción de que algunos se queden como refugiados o se acojan a alguna otra figura de protección.
Pese al cambio de discurso, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, sostiene que solo 95 de los migrantes continúan en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), en el cantón de Corredores (Puntarenas), y que solo una ínfima cantidad de ellos ha manifestado su negativa de volver a sus países de origen “hasta el día de hoy”.
La Nación le consultó al jerarca el número exacto de personas deportadas por Estados Unidos que siguen en el país y que ya han manifestado su interés de pedir refugio y cuántas de salir del país. Sin embargo, argumentó que los datos son “confidenciales”.
Palabras de febrero
Seis días antes de que llegaran a Costa Rica los dos vuelos con los 200 migrantes deportados por Estados Unidos –provenientes de países de África, Asia y Europa del Este–, el presidente Rodrigo Chaves manifestó que estas personas permanecerían en el territorio costarricense solo por unas “tres o cuatro semanas”.
Las declaraciones las dio el 19 de febrero pasado, en un evento organizado por la Presidencia de la República en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas.
“200 vienen, los tratamos bien y se van”, subrayó, pidiendo a la población que “no comiera cuento” de temores infundados.
La afirmación la respaldó el ministro Zamora, quien además agregó que la estancia sería por “el tiempo estrictamente necesario”, y que todos los migrantes habían pasado por filtros de seguridad, para garantizar que no representaran ninguna amenaza para el país.
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Situación actual
El discurso del Gobierno, sin embargo, varió desde entonces.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) elaboró y facilitó a migrantes un acta de consentimiento informado en la que les indicó que podían optar por cuatro opciones para salir del país o quedarse en suelo costarricense —“considerando que existen limitaciones en algunos casos para retornar a su país de origen”—. Ellas fueron:
-Regresar voluntariamente a sus países de origen
-Desplazarse a otros terceras naciones, siempre y cuando tengan la certeza de que serán recibidos
-Permanecer en Costa Rica optando por una categoría especial humanitaria
-Permanecer en Costa Rica por medio una gestión de refugio
Según el ministro Zamora, el número de migrantes que todavía se mantienen en Costa Rica era de 95 personas hasta el pasado 29 de marzo, mientras que otras 105 personas ya han salido del país o están en proceso de hacerlo.
Los vuelos con los migrantes deportados por Estados Unidos ingresaron a Costa Rica a finales de febrero pasado. Desde entonces han pasado cuatro semanas y media.
Consultado directamente sobre el viraje del discurso gubernamental en relación con la posibilidad de que algunas de esas personas se queden en Costa Rica, Zamora señaló que el Gobierno solo “respeta el parecer y sentir de esas personas” y que actuará “con base en eso”. “Si manifiestan su no deseo de regresar al país de origen, así se hace y así se hará”, afirmó.
La Nación también le consultó al jerarca si, entonces, Costa Rica aceptó recibir a los 200 migrantes deportados por Estados Unidos sin saber si dentro de ese grupo había personas que no querían regresar a sus naciones de origen; a lo cual Zamora respondió que solo el 2,5% de ellos había manifestado esa opción y “eso es lo que ha sucedido hasta el día de hoy”.
El ministro también indicó que las personas deportadas por Estados Unidos que no deseen volver a su país también podrían desplazarse a otras naciones.
La Nación también le consultó a la DGME la información actualizada sobre cuántas de las 200 personas en cuestión han manifestado su interés de pedir refugio en Costa Rica o de permanecer en el país por medio de alguna otra condición de protección especial; sin embargo, la entidad no respondió hasta el momento.
Entre las personas y familias que llegaron a Costa Rica desde Estados Unidos hay nacionales de países cuyos gobiernos son conocidos por perseguir a poblaciones específicas o integrantes de grupos políticos rivales como Rusia o Afganistán.
Rechaza presiones para salir
Zamora también rechazó, este viernes, las denuncias hechas por el exministro Mauricio Herrera y el diputado frenteamplista Antonio Ortega de que las autoridades costarricenses estarían poniendo a los migrantes deportados a decidir entre irse de Costa Rica o quedarse en la calle, diciéndoles que si pedían refugio tendrían que abandonar el Catem de la zona sur.
Según dijo, quienes soliciten refugio o condiciones humanitarias de estancia en el Catem, “pueden seguir pernoctando y recibiendo todos los servicios que ahí se les brinda” como alimentación, apoyo psicológico, atención médica y otros, “si bien es cierto que adquieren libertad de movimiento”.
Las restricciones de tránsito aplicadas a estas personas desde que llegaron al país han sido objetadas en tribunales.
La Sala Constitucional ya acogió para estudio dos recursos de habeas corpus contra la DGME por el asunto. Uno de ellos fue presentado por el comunicador y exministro de Comunicación del gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís, Mauricio Herrera, quien considera que los extranjeros han permanecido privados de libertad de facto, sin bases legales que lo justifiquen.
El Gobierno de la República, sin embargo, ha negado en todo momento considerar que comete violaciones en materia de derechos humanos, a pesar de señalamientos hechos por diversas entidades, incluida la Defensoría de los Habitantes.
