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Gustavo Mata y Francisco Dall’Anese, exministro de Seguridad y exfiscal general de la República, advirtieron de que permitir al gobierno implementar un software para espiar a ciudadanos al amparo de un decreto de secreto de Estado, violentaría libertades como en Cuba o la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Para el exministro, “no se vale que alguien quiera adquirir herramientas para espiar” ni siquiera con el argumento de combatir la defraudación fiscal.
El 24 de junio, el ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves, dijo que el gobierno adquiriría tecnologías del Mossad israelí para atacar la evasión fiscal en Costa Rica.
Al día siguiente, el analista en ciberseguridad José Sánchez Pérez pidió información pública para conocer el marco legal y capacidades de las herramientas. Como no recibió una respuesta completa, Sánchez acudió a la Sala Constitucional que, el 10 de agosto, condenó a Hacienda por no responder detalladamente.
Días después, el viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal Porras, dijo que la iniciativa está en fase de exploración y análisis.
Sin embargo, el debate escaló hasta el plenario legislativo, en donde la diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA), alertó del riesgo de que el gobierno adquiera el software Pegasus bajo el decreto de secreto de Estado emitido por la presidenta la República, Laura Fernández, el cual declara confidenciales compras en materia de seguridad.
“Eso es una mampara. Ese software es para espiar. Lo que hace es pegarse al teléfono de cualquier civil y extrae toda la información sin que vos te des cuenta: con quién hablás, qué páginas visitás, qué accesos tenés”, afirmó el exministro Gustavo Mata.
Para el exjerarca, si el gobierno piensa comprar esa herramienta bajo el secreto de Estado, estaremos expuestos a que Costa Rica pierda su identidad de país democrático.
“La única policía en el Poder Ejecutivo que investiga, amparada a la dirección funcional del Ministerio Público, es la Policía de Control de Drogas. De ahí en adelante, ni el Ministerio de Seguridad Pública, ni la Policía Fiscal, ni la DIS pueden adquirir esas herramientas porque no tienen por ley la capacidad de investigar. Peligrosísimo”, aseveró.
Pegasus es el nombre de un programa espía para teléfonos móviles creado por el grupo israelí NSO Group. Se infiltra de forma oculta para extraer datos personales, rastrear ubicación, y activar micrófonos o cámaras sin que el dueño lo sepa.
NSO Group tiene lazos profundos con el HaMossad leModiʿin uleTafkidim Meyuḥadim o Mossad (Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales) y el aparato de seguridad estatal de Israel, aunque opera formalmente como una empresa privada con sede en Herzliya cerca de Tel Aviv.
Garantías constitucionales en riesgo
El exfiscal general Francisco Dall’Anese Ruiz, también exdirector de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), analizó el tema desde una perspectiva constitucional.
Aunque no conoce Pegasus de primera mano, describe lo que ha escuchado hablar “a personas serias” sobre su alcance.
“Es un software muy poderoso que puede invadir su casa. Usted puede tener su celular apagado y el software está captando sonidos; si lo tiene encendido, puede estar captando imágenes. Puede acceder a todos sus archivos, tanto en computadoras como en celulares”, dijo.
Cuando se interviene un teléfono como parte de una investigación judicial, explicó, quien escucha también se entera de muchas cosas de la vida privada de las personas sin conexión con la investigación formal. Por eso tales incursiones tiene que filtrarse por un juez.
“Pero cuando usted tiene un software tan poderoso como para intervenir todo, averiguar sus cuentas bancarias, ver qué paga con la tarjeta de crédito... todo esto puede servir para controlar a adversarios políticos o para extorsionar personas. Eso es lo que pretende evitar la Constitución y esto es inadmisible en un Estado de Derecho”, indicó.
Para Dall’Anese, el problema de fondo es que tal tipo de intervención solo sería admisible bajo control estricto del Poder Judicial, no del Ejecutivo.
“En un Estado de Derecho, la intimidad del domicilio, la privacidad de las conversaciones y toda la esfera personal no pública de las personas gozan de protección constitucional (...) solo pueden ser suspendidos por un juez mediante resolución motivada.
“Si usted quiere operar a alguien de apendicitis, no necesita desmembrarlo. Esto es lo que pasaría con Pegasus con la excusa de la evasión fiscal, pero resulta que ese software no sirve solo para la apendicitis, sino para matar al paciente. En mi criterio, nadie con competencia ha autorizado ni puede autorizar que se compre un software de ese calibre”, continuó.
Dall’Anese vinculó el caso con otro antecedente reciente: la exigencia a la Caja Costarricense de Seguro Social de reportar información sobre asegurados, enfermedades y tratamientos. A su juicio, ambos episodios remiten a un mismo patrón.
“Se trata de conocer ‘vida y milagros’ de cada persona para controlarlas (...) tal como se hace en los gobiernos totalitarios: en la Unión Soviética, en la Cuba de Fidel Castro, o en otros regímenes de derecha donde también se aplicaron estos métodos”, manifestó.
Según su criterio, la evasión fiscal es un tema muy limitado y no tiene que ver con la totalidad de las finanzas de una persona ni con su vida privada y tampoco pasa por este tipo de soluciones informáticas.
Si se necesita un software contra la evasión fiscal, explicó, no se necesita uno para muchas cosas distintas.
“El tema de la evasión fiscal en este país se resuelve en un 90% haciendo que paguen los grandes evasores, y esos datos ya los tiene Hacienda. De manera que el gobierno sí tendría que explicar para qué es ese software”, alertó.
Admisiones de empresa sobre Pegasus
El su reporte Transparencia y Responsabilidad de 2021, NSO Group deja claro que el modelo de negocio se basa en licenciar Pegasus a gobiernos y agencias estatales, mientras la compañía no opera directamente el sistema.
Por esa estructura, NSO dice desconocer quiénes son las personas investigadas por sus clientes ni tiene acceso a los datos obtenidos mediante Pegasus.
En sus reportes del 2023 y del 2024 identifican expresamente riesgos derivados pues NSO admite la posibilidad de “posible uso indebido de nuestros productos contra” defensores de derechos humanos, categoría en la que incluye a periodistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, abogados y actores políticos.
También admite el riesgo de que sus herramientas sean utilizadas por razones ajenas a la seguridad nacional o la aplicación de la ley, por ejemplo, para obtener información comprometedora de personas.
La empresa reconoce además que algunos Estados podrían utilizar su tecnología sin suficientes controles judiciales o independientes en forma contraria a los derechos humanos.
El informe del 2024 desarrolla mucho más esos riesgos y reconoce una limitación central del sistema de control de NSO: la empresa no tiene visibilidad en tiempo real sobre las personas que sus clientes estatales investigan ni sobre cómo utilizan el producto.
