Luego de que la propuesta para ampliar la vía entre San José y Cartago recibiera el visto bueno para iniciar la fase de licitación, al menos tres proyectos más hacen fila en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) bajo el modelo de iniciativas privadas.
La particularidad de esos planes es que, al igual que el de la ruta a Cartago, se ejecutarían mediante un modelo de inversión que no implica la necesidad de que el Estado adquiera créditos ni se ocupe de las fases de estudios y estructuración de los proyectos, ya que estos son realizados por la empresa proponente.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, explicó a este diario que precisamente el de Cartago es el plan que hasta ahora ha avanzado más en ese mecanismo, pues se completaron las fases de estudios y aprobación por parte de la junta directiva del CNC y actualmente se trabaja en la elaboración del cartel de licitación, el cual sería publicado en el primer semestre del próximo año.
Aunque la iniciativa fue presentada por la constructora MECO, en esa fase de contratación podrían participar otras empresas y la que presente la mejor propuesta sería la adjudicada. Si se trata de una firma distinta a la proponente, esta debería reconocer los costos de los estudios.
Ese plan contempla la construcción de un carril adicional en cada sentido de la autopista Florencio del Castillo (quedaría a tres carriles por sentido), entre la rotonda de Hacienda Vieja y Ochomogo (donde se inicia el intercambio de Taras), así como mejoras en la vía existente, intercambios, bahías para autobuses y carriles de aceleración y desaceleración.
Entre la rotonda de Hacienda Vieja, en Curridabat, y la rotonda de las Garantías Sociales, en Circunvalación, la obra sería completamente nueva, e incluye la construcción de un viaducto de dos carriles por sentido. El proyecto tiene un costo de $614 millones que se pagarían mediante tarifas de peaje.
Cámaras viales cerca de superar estudios
Zeledón explicó, que “un paso más atrás” se encuentra la propuesta para dotar las principales rutas con más de 600 cámaras de control vial, conocidas como de ‘foto multa’.
Según dijo, el plan ya superó los filtros dentro del CNC y actualmente se está a la espera de que la Contraloría General de la República, avale el contrato de fideicomiso creado para la evaluación del proyecto.
“Se les mandó el contrato fideicomiso a la Contraloría y esta pidió unas correcciones, que no se pudieron atender en el tiempo establecido y por esto la Contraloría lo había archivado. Sin embargo, ya se envió un nuevo paquete con todos los anexos, que es el que está pendiente de aprobación (...) Son trámites administrativos, pero la Contraloría en ningún momento dijo que no es viable, ni rechazó por el fondo”, explicó el jerarca, quien aclaró que en este caso no se trata de un refrendo.
Una vez completado ese paso, comenzaría a contabilizarse el plazo de 6 meses para la entrega del informe de factibilidad y una propuesta de borrador del pliego de condiciones del cartel por parte del proponente.
El plan de las cámaras viales fue presentado por la empresa alemana Jenoptik desde el 2023. Entre los análisis que ya se han realizado se incluye la identificación de alrededor de 600 puntos potenciales en donde se podrían instalar las cámaras.
La propuesta de Jenoptik contempla el “diseño, planificación, instalación, conservación, desarrollo de software y almacenamiento, así como el mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de monitoreo basado en inteligencia artificial, “con enfoque en la seguridad, prevención y cumplimiento de la ley”.
El plan establece un plazo de concesión de 25 años y representa una inversión de $45,1 millones que la empresa recuperaría con los recursos que se obtengan a través de las mismas multas de tránsito que se apliquen por medio de esa tecnología.
La intención es que este sistema se pueda comenzar a implementar a finales del próximo año.
Más ‘verdes’
Todavía más atrás se encuentran otros dos planes que aún deben recibir el visto bueno del CNC y entidades interesadas antes de avanzar en etapas de estudios.
Se trata de la ampliación de la ruta 23 (Barranca - Caldera) y la ampliación del tramo montañoso de la ruta 32.
Según la secretaria técnica del CNC, Paula Reyes, en el caso de la ampliación de la ruta 23, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), les envió una nota indicando que no estaban de acuerdo con el planteamiento, por lo cual se debe hacer la consulta al proponente para que este determine si desea ajustar el proyecto o retirarlo.
Este plan, presentado por la empresa Globalvía (misma que tiene a su cargo la ruta 27) y Grupo Puentes por un monto de $116 millones, contemplaría la ampliación, operación y mantenimiento de los 11,4 km entre puerto Caldera y Barranca y su mantenimiento. Ese tramo operaría a dos carriles por sentido.
En tanto, la ampliación de la ruta 32 fue propuesta por las empresas WRA Environmental Engineering Inc. y GYH South Investments S.A. y contempla duplicar el tramo de la ruta 32 entre barrio Tournón y el cruce hacia Río Frío, incluido el túnel Zurquí.
La obra tendría un costo de $600 millones e incluye mejoras en los intercambios de la ruta entre barrio Tournón y el peaje, así como propuestas para atender la problemática de inestabilidad en la zona de montaña.
Reyes indicó que, en este caso, la iniciativa está siendo analizada por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y otros entes involucrados. Una vez que se cuente con esas posiciones se determinaría si se da el visto bueno a la empresa para iniciar las fases de estudios.
El CNC también mantenía entre su portafolio de proyectos la construcción del Tren Huétar, un sistema de carga que conectaría los puertos de Limón con Río Frío de Sarapiquí y Muelle de San Carlos, similar al plan de tren eléctrico conocido como Telca que fue impulsado en el Gobierno pasado. No obstante, la secretaria de Concesiones confirmó que dicha propuesta fue retirada por el iniciativista el mes anterior.
¿Modelo ideal?
Federico Villalobos, economista experto en infraestructura y alianzas público privadas, explicó que el modelo de iniciativas privadas, es un esquema “con gran potencial” para que el sector privado aporte proyectos que el sector público no ha identificado.
Entre las ventajas de ese mecanismo mencionó que, además de ese espacio para presentar proyectos innovadores, representa una alternativa para la preparación de proyectos de esa naturaleza.
No obstante, advirtió que este no debe ser visto como un modelo para sustituir el rol del Estado en la preparación de proyectos de concesión.
“De hecho, el proceso es más complejo que una concesión de iniciativa pública, porque la interacción con el sector privado durante el desarrollo de los estudios suele complicarse. Ni debe cometerse el error de pensar que esto es una “vía rápida” para realizar proyectos", explicó.
Villalobos agregó que estudios del Banco Interamericano de Desarrollo han demostrado que, a nivel regional, los tiempos en iniciativa privada son más extensos y con menor probabilidad de materializarse.
Otro de los “cuidados” que deben tenerse al ejecutar estos planes es procurar que las propuestas sean presentadas por empresas o consorcios que tengan la experiencia comprobada en proyectos de concesión y de similar envergadura, además de garantizar la competencia: “no debe malinterpretarse como una adjudicación directa”, añadió.
Como recomendaciones citó:
- Establecer requisitos mínimos para proponentes.
- Definir de parte del Estado los sectores en los cuales desea recibir propuestas. Esto para evitar invertir tiempo en proyectos no prioritarios.
- Generar capacidad interna en el Estado para poder analizar este tipo de proyectos. Recordar que estos son procesos más complejos que la concesión tradicional.
- Transparencia respecto al proceso y sus participantes
- Generar incentivos para que las empresas de alto perfil y experiencia participen.
Según las estimaciones del Gobierno, la mayoría de iniciativas que se analizan actualmente se comenzarían a ejecutar en la próxima Administración.