Un nuevo intento para sancionar las infracciones a la Ley de Tránsito a través de cámaras viales se cocina a fuego muy lento en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), a pesar de que la posibilidad de echar mano de esta herramienta está contemplada en la legislación desde hace más de una década.
La propuesta, que actualmente se encuentra en fase de estudios, surge de una iniciativa privada que aún debe superar estudios de factibilidad y eventuales trámites de licitación y adjudicación.
Este sería el cuarto intento formal que se hace en el país de utilizar la tecnología de la videovigilancia para hacerle frente a la creciente epidemia de muertes en carretera y lidiar con la carencia de oficiales de tránsito.
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La única vez que las cámaras viales aplicaron multas en carretera fue en el 2011. No obstante, el proyecto se vino abajo por un fallo de la Sala Constitucional que determinó que las sanciones ante actos ilegales eran de carácter personal.
Además, el alto tribunal señaló que se incurría en una presunta violación del derecho a la intimidad de las personas al identificar a los conductores mediante fotografías. También se determinó que las multas aplicadas en ese momento eran “desproporcionadas”.
Según el director jurídico del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Carlos Rivas, este escollo legal habría quedado resuelto con la reforma a la Ley de Tránsito que rige desde el 2012, en donde se estableció la posibilidad de aplicar infracciones mediante sistemas automatizados como las cámaras.
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Rivas reconoció que, aun así, existe el riesgo de que si se aprueba la iniciativa que se encuentra en evaluación surjan nuevos cuestionamientos.
El funcionario indicó que la nueva propuesta establece que las multas se aplicarán a la placa del vehículo, tal como ocurre en otros países, donde este tipo de mecanismos operan desde hace más de dos décadas.
“La notificación será por medio del derecho de circulación. Ahí aparecerán las infracciones que han sido detectadas por ese medio y la persona ahí tendrá el medio de recurrir o apelar”, explicó Rivas.
Adicionalmente, los propietarios de vehículo que registren sus correos electrónicos en los sistemas del Cosevi, recibirían el aviso de la infracción al momento en que esta es registrada por el sistema.
Explicó que basado en esas consideraciones, las multas que se podrían aplicar mediante los sistemas de videovigilancia estarían enfocadas en el irrespeto a los límites de velocidad, la señalización vial o restricción vehicular. Quedarían por fuera, por ejemplo, el uso del celular y el no uso del cinturón de seguridad.
“Si tuviéramos oficiales en suficiente cantidad, pues los tendríamos haciendo operativos con los radares. Pero como eso no es posible, esto (el uso de cámaras) es sustitutivo de la parte humana”, agregó.
La intención de las autoridades es que las cámaras se ubiquen en rutas donde se tienen identificados los mayores riesgos. Pero, además, se debe considerar qué vías tienen las condiciones requeridas para la instalación de este tipo de equipos y para que realmente se puedan captar las infracciones.
Dichas consideraciones son evaluadas actualmente en conjunto con la Dirección de Ingeniería de Tránsito, del Ministerio de Obras Púbicas y Transportes (MOPT).
¿Qué dice la Ley de Tránsito?
El artículo 160 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad (N.° 9078) detalla que el MOPT podrá utilizar equipos de registro y detección de infracciones, en las vías que así lo determine.
Para esto deberá señalar la existencia de esos dispositivos con un mínimo de 60 metros de antelación y un máximo de 150 metros.
Se agrega: “Los equipos de registro de infracciones podrán consistir en fotografías u otras formas de reproducción de la imagen y el sonido, que se constituyan como medios aptos para comprobar la falta”.
La ley también es clara en que el MOPT debe adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto y la protección de la intimidad del conductor.
En el artículo 161 se agrega que “se podrán confeccionar boletas impersonales mediante el sistema establecido en el artículo 160 de esta ley, aun cuando el infractor no esté presente”.
De esta forma, el propietario registral del vehículo será responsable de cancelar todas las multas, pero podrá liberarse de responsabilidad mediante un documento que demuestre que el vehículo fue vendido, traspasado a un tercero, sustraído o que no se encontraba en su poder desde antes de la infracción.
¿Cómo avanza el proyecto?
La iniciativa privada de la empresa alemana Jenoptik fue presentada ante el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) desde diciembre del 2023.
La secretaria técnica del CNC, Paula Reyes, explicó a La Nación que por tratarse de un modelo de alianza público privada, la empresa es la encargada de la estructuración del proyecto a su cuenta y riesgo.
Sin embargo, según Reyes, el Consejo se encuentra actualmente en el proceso de firma de un fideicomiso que se contrataría para la revisión de los estudios que presente la empresa.
“Una vez firmado el contrato de fideicomiso, es el punto de partida para contabilizar el plazo de 6 meses para la entrega del informe de factibilidad y una propuesta de borrador del pliego de condiciones del cartel por parte del proponente.
“En caso de demostrarse mediante el estudio de factibilidad que el proyecto es viable en aspectos legales, sociales, financieros, ambientales y técnicos, se procede con la confección del cartel de licitación, para su posterior concurso”, explicó la jerarca del CNC.
Si los estudios no demuestran la viabilidad del proyecto, este sería archivado. Si, por el contrario, se estima que la iniciativa puede seguir adelante, se contarían otros 6 meses para la confección y publicación del cartel.
Según el CNC, como parte de los análisis que ya se han realizado en conjunto con Ingeniería de Tránsito, se tienen identificados alrededor de 600 puntos potenciales en donde se podrían instalar las cámaras.
No obstante, la funcionaria aclaró que esto podría variar cuando se llegue a implementar el proyecto.
“La iniciativa busca la mejora en cuanto a la conducta en carretera y el respeto a las señales de tránsito, por lo cual, previo a la implementación del proyecto, se estaría realizando un nuevo análisis conforme las condiciones existentes”, agregó.
De acuerdo con la información del CNC, la propuesta de Jenoptik contempla el “diseño, planificación, instalación, conservación, desarrollo de software, almacenamiento, así como el mantenimiento correctivo y preventivo para la expansión de un sistema de monitoreo basado en inteligencia artificial, con enfoque en la seguridad, prevención y cumplimiento de la ley”.
El plan establece un plazo de concesión de 25 años y representa una inversión de $45,1 millones.
El modelo de iniciativa privada es un tipo de alianza público-privada en el que una empresa propone una obra de infraestructura, o bien un servicio, y se encarga de los estudios y demás etapas previas para determinar su factibilidad.
Si el plan resulta viable, el proyecto es licitado y cualquier empresa puede participar. En caso de que resulte adjudicada una firma diferente a la proponente, esta deberá retribuir lo invertido en la fase de estudios.
Intentos fallidos
El plan de videovigilancia en carreteras se implementó por primera vez en el país en el 2011, no obstante la Sala Constitucional determinó que los mecanismos de sanción presentaban roces de legalidad y fue suspendido ese mismo año.
En el 2017 se planteó la posibilidad de volver a utilizar estos aparatos, sin que se lograra concretar una propuesta en firme.
Posteriormente, durante el gobierno pasado, se intentó revivir el proyecto una vez más. En esa última ocasión, el plan incluso llegó a ser adjudicado a una empresa por $49 millones.
La intención del Cosevi era colocar 207 aparatos en 100 puntos de la carretera de Circunvalación, Montes de Oca, Tibás, Goicoechea, Pavas y San Francisco de Dos Ríos, los cuales fueron elegidos por su alta densidad o por contar con carriles exclusivos para buses.
Al final, el proyecto no se ejecutó debido a recortes presupuestarios ocasionados por la pandemia.