Muchas tragedias se habrían evitado con la ejecución del plan anunciado en el 2011 para instalar cámaras en las principales carreteras con el fin de mejorar la vigilancia y combatir imprudencias y conductas abiertamente delictivas, entre ellas los piques y la conducción bajo efectos de las drogas.
En estos 13 años, además del sufrimiento humano, la Caja Costarricense de Seguro Social pudo haberse ahorrado una fortuna en la atención de los accidentados, y el Instituto Nacional de Seguros otro tanto por indemnización de daños personales y materiales, sin contar el efecto económico de incapacidades y ausencias laborales, entre otros.
El sistema también agilizaría el tránsito por las estaciones de peaje mediante el cobro automático, sin necesidad de detenerse, y podría contribuir a vigilar el paso de camiones en las estaciones de pesaje. Por otra parte, la Policía de Tránsito perdió un 30 % de sus agentes entre el 2014 y la actualidad. Excluidos los encargados de labores administrativas, hay poco más de un centenar de oficiales por turno para vigilar 32.075 kilómetros de carreteras. Las cámaras no sustituyen a los agentes, y el país requiere, con urgencia, ampliar su número, pero mientras lo logra y aún después de conseguirlo, la vigilancia electrónica es un complemento indispensable para mantener la seguridad en las carreteras.
Pero el proyecto fue mal planteado y no superó el examen de la Sala Constitucional. A inicios del 2017, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) anunció la redacción de un reglamento capaz de superar las objeciones de los magistrados. También anunciaron una campaña informativa en el segundo semestre de ese año y la inauguración de un plan piloto en enero del 2018, con cámaras instaladas en la ruta Cañas-Liberia y en la vía entre Pérez Zeledón y la zona sur.
Lejos de cumplir sus promesas, el Cosevi aprobó una contratación sin contenido presupuestario y la iniciativa cayó en el olvido. En el 2020, un nuevo intento de ejecutar el proyecto llegó hasta la adjudicación, por $49 millones, de la instalación de 207 cámaras en 100 puntos de la carretera de Circunvalación, Montes de Oca, Tibás, Goicoechea, Pavas y San Francisco de Dos Ríos, elegidos por su elevada densidad o por contar con carriles exclusivos para buses. En eso, llegó la pandemia con sus recortes presupuestarios.
Ahora, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) analiza una propuesta, formulada mediante el sistema de iniciativa privada, para ejecutar finalmente el proyecto. En 13 años, la tecnología ha avanzado vertiginosamente y hoy es posible basar el sistema en inteligencia artificial.
El creciente número de fallecidos en accidentes de tránsito testimonia la urgencia del proyecto. Las 517 muertes registradas el año pasado solo incluyen víctimas fatales en el lugar del accidente y no los fallecidos en la ambulancia o en el hospital a consecuencia de las heridas. Si se les tomara en cuenta, el número de muertes en accidentes de tránsito no estaría lejos, o quizá superaría los 907 homicidios que hicieron del 2023 el año más sangriento de la historia.
Desafortunadamente, hay mucho camino por recorrer antes de convertir el proyecto en realidad. La iniciativa está en proceso de postulación y la empresa alemana Jenoptik está elaborando los estudios de prefactibilidad. Superada esa fase, comenzaría la etapa de proposición, cuando se elaboran los estudios de factibilidad. Si la Administración encuentra viable el proyecto, lo saca a licitación. La empresa promotora de la iniciativa privada participa como cualquier otra, y si no resulta adjudicataria, la ganadora debe resarcirle los gastos incurridos en las etapas previas. Podría, pues, haber apelaciones. Por todos esos motivos y las graves consecuencias de mantener las vías sin vigilancia, solo queda esperar que el CNC acelere el proceso tanto como sea posible.
