El proyecto para instalar equipos de videovigilancia y fotomulta en 100 puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM) seguirá en suspenso, pues el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) no pudo incluir dentro del presupuesto del próximo año los fondos necesarios para su ejecución.
Edwin Herrera, director de esa dependencia del MOPT, detalló el viernes anterior en una entrevista con La Nación, que dentro del cronograma se tenía que para este año se ejecutaría un 40% del plan.
Sin embargo, esa fase que contempla la compra de los equipos no se llevó a cabo porque el contrato no consiguió el refrendo de la Contraloría General de la República.
“Los fondos existen, están dentro del Fondo de Seguridad Vial, sin embargo, por el tema de la pandemia y los recortes presupuestarios, la Administración no pudo tener certeza del 60% restante del proyecto a pesar de que se tenía el dinero, por el tema del recorte presupuestario que ejerció Hacienda sobre las instituciones del Estado”, explicó Herrera.
De acuerdo con el funcionario, el Cosevi tuvo una reducción del 40% de su presupuesto para el próximo año en relación con el del 2020, lo que implicó que se tuvieran que limitar todas las inversiones, incluido el Sistema Integrado de Control para la Movilidad (Sicom).
De esta forma, al no refrendarse y no concretarse lo planeado para este año, el proyecto requería incluir los ¢22.000 millones que cuesta en su totalidad en las partidas presupuestarias del Cosevi para el 2021.
La situación se da aunque la instalación de más de 200 equipos de vigilancia está adjudicada desde principio de año, incluso la empresa tiene presentada la garantía de cumplimiento.
“La idea era haber tenido a hoy todos los equipos en las bodegas y el próximo año era instalacion”, dijo Herrera.
El jerarca del Cosevi agregó que la intención de esa entidad es mantener en pie el proyecto, pero ahora corresponde al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, llevar la solicitud ante el jerarca de Hacienda, Elian Villegas, a fin de que se autorice esa inversión.
“Este no es ni siquiera un gasto corriente, es una inversión, dentro de los lineamientos de presupuesto. Los gastos por inversión no tenían limitación, sin embargo, cuando se ve la totalidad del presupuesto es obvio que el recorte es generalizado entonces este proyecto sufre el retraso del contenido presupuestario”, agregó Herrera.
Los recursos incluidos en el Fondo de Seguridad Vial, únicamente pueden ser utilizados en programas y proyectos en esa materia por lo que de no aprobarse ese gasto extraordinario el dinero no podría destinarse a otras partidas.
“Tenemos la capacidad económica para hacerlo, lo que no tenemos es la autorización para poderlo incluir dentro del gasto de inversión de la institución”, añadió Herrera.
Detalle
El plan de videovigilancia fue adjudicado en febrero de este año a la empresa Gestión Tecnológica por $49 millones.
Según el contrato, la empresa tendría un año para construir y equipar un centro de control desde donde se monitorearían las cámaras a partir de que la adjudicación quedara en firme.
La intención del Cosevi era colocar 207 aparatos en 100 puntos de la Circunvalación, Montes de Oca, Tibás, Goicoechea, Pavas y San Francisco de Dos Ríos, los que fueron elegidos por su alta densidad o por contar con carriles exclusivos para buses.
Entre las sanciones que se aplicarían mediante este sistema están el irrespeto al carril exclusivo de buses, semáforos en rojo, restricción vehicular, virajes no permitidos y vehículos de carga que evadan las estaciones de pesaje.
A la fecha, el retraso que ha sufrido el proyecto es de seis meses. La intención inicial era comenzar a operar a finales del próximo año.
Herrera reconoció que entre los escenarios que manejan es que el proyecto del todo no se logre ejecutar.
“La institución pretende que eso no se dé, ya que esto viene a salvar vidas, recordemos que los objetivos de Sicom no son simplemente cámaras en las carreteras, es un proyecto de videoanalítica, videovigilancia y fotomulta, tres objetivos diferentes, todos dirigidos al sector transporte del MOPT (...) íbamos a poder sancionar temas tan importantes dirigidos a la protección de la vida como el irrespeto a la luz roja de semáforo, giros no permitidos, velocidades temerarias y exceso de velocidad, todos son elementos apuntados directamente a salvar vidas”, agregó.
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El plan pretendía además generar información sobre flujos de tránsito, conteos de vehículos y comportamientos de los conductores a otros departamentos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como Ingeniería de Tránsito, Planificación Sectorial, Policía de Tránsito, Consejo de Transporte Público y el mismo Cosevi.
Dicha información podría ser utilizada para proyectos como el de sectorización y hasta para definir tiempos de semáforos y operativos de tránsito; entre otras cosas.
Además generaría alertas al Tránsito y Poder Judicial en lugares donde se detectaran piques.
“Es una solución integral no puede pensar que se ejecute solo una parte del proyecto (...) creemos que 100 equipos es una cifra aceptable para iniciar dentro de los análisis que hicimos de toda las instituciones del MOPT”, respondió Herrera ante la consulta sobre la posibilidad de reducir el tamaño del plan para abaratar costos.
En cada uno de los puntos con cámaras habría tres tipos de tecnología que incluyen la fotomulta, videovigilancia y videoanalítica.
Eso significa que cuando un conductor incumplieran una regla de tránsito, inmediatamente se enviaría al Cosevi una foto y un video de 20 segundos sobre el comportamiento del vehículo en cuestión; mientras que con la videoanalítica se llevarían a cabo los conteos y recopilación de datos mencionados.
Cada equipo iría acompañado de un radar de velocidad.
El proyecto adjudicado contemplaba, además, la instalación de un centro de monitoreo que se ubicaría en el Cosevi y un videowall que estaría en el departamento de Ingeniería de Tránsito del MOPT.
Ajustes en planes y llamado
Además del Sicom, el Cosevi deberá replantear los proyectos y programas de seguridad vial previstos para el próximo año, enfocados en la reducción de la mortalidad y siniestralidad en carretera.
Herrera insistió en que es importante que con vigilancia o sin ella, los costarricenses mantengan una cultura de respeto a la ley de tránsito, ya que su incumplimiento afecta a otras personas.
A modo de ejemplo, contó cómo acciones tan sencillas en esta época como dejar el carro mal estacionado para entrar a una tienda por un regalo, puede afectar todo el entorno, incluido el paso de vehículos de emergencia.
“Es importante enfatizar el respeto a la ley de tránsito porque eso sí salva vidas y no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros o dentro de nuestro núcleo familiar esa afectación”, puntualizó.
De no concretarse, esta sería la tercera ocasión en que un plan de videovigilancia en carreteras fracasa.
En el 2011, se implementó un sistema que chocó con decisiones de la Sala Constitucional. Posteriormente, en 2017 se planteó la posibilidad de volver a utilizar estos aparatos, sin que se lograra concretar.