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El consorcio Sunset está a un paso de asumir la concesión para ampliar y operar el puerto de Caldera durante los próximos 30 años. El grupo está integrado por APM Terminals —actual operador de la Terminal de Contenedores de Moín— y HGT Inversiones, subsidiaria del actual administrador de ese muelle en el Pacífico.
La oferta del consorcio superó los filtros técnicos y económicos. La recomendación de adjudicación ya fue avalada por la junta directiva del Incop y ahora solo falta el acto final del Gobierno.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) estima que la inversión requerida para completar la modernización, el equipamiento y la ampliación del puerto ronda los $600 millones, monto que la empresa recuperaría durante el período de concesión.
No obstante, según explicó el jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón, en este tipo de licitaciones los montos de inversión se establecen en el estudio de factibilidad, donde se detallan todos los requerimientos técnicos del proyecto.
Para seleccionar la oferta ganadora, sin embargo, se toman en cuenta las tarifas cotizadas por las empresas interesadas para los servicios “all in”, que incluyen todos los servicios de operación portuaria para cada tipo de carga.
Con base en los volúmenes proyectados, la empresa adjudicataria debe cubrir la inversión requerida conforme a la propuesta técnica presentada.
De acuerdo con la oferta de Sunset, la empresa propone cobrar $184 por contenedores secos y $280 por contenedores refrigerados. También plantea tarifas de $5,67 por tonelada para graneles sólidos alimenticios, $9,16 para graneles sólidos no alimentarios, $9,91 para graneles líquidos y $18,37 por tonelada para vehículos. Además, el pago anual ofrecido para la Administración sería de $4,3 millones.
En cuanto a infraestructura, la propuesta contempla la construcción de una terminal multipropósito para atender contenedores secos llenos y vacíos, contenedores refrigerados y mercancía general, incluida la fraccionada.
El canal de acceso tendría una profundidad mínima de 13,6 metros y capacidad para recibir buques tipo Handymax. También se plantea un área de maniobra con un diámetro mínimo de 500 metros, junto con compromisos de dragado para mantener esas condiciones.
Otra de las condiciones planteadas es la obligatoriedad de escanear el 100% de los contenedores, tanto de importación como de exportación. La misma medida aplicaría para los graneles, para lo cual la empresa deberá proveer los equipos necesarios, que se sumarían a los ya proporcionados por la Administración.
Aunque la terminal no está prevista para atender cruceros, el contrato contemplaría un espacio para recibir estas embarcaciones cuando no puedan ser atendidas en Puntarenas. Además, deberá reservarse una plataforma de 20 metros de ancho adosada al perímetro de la terminal para una eventual implementación futura.
La oferta también contempla la construcción de edificios para servicios portuarios y de la Administración, que según el consorcio abarcarían más de 2.000 metros cuadrados.
El documento incluye, además, promedios de ocupación de patios, muelles y grúas, así como de los equipos y tiempos de carga y descarga. También detalla cómo planea evitar que las labores de construcción interfieran con la operación normal del puerto.
Según el cronograma presentado por el consorcio, la etapa de “explotación total” iniciaría en octubre de 2031. Para entonces ya se habría completado la totalidad de las obras y el equipamiento estipulados en el contrato.
La concesión de obra pública para el Puerto Caldera contempla la modernización de la infraestructura, el equipamiento y la operación del puerto por un plazo de 30 años.
De acuerdo con el jerarca del MOPT, la meta es asegurar el ingreso del nuevo concesionario en agosto de este mismo año, cuando vencen los contratos actuales. Sin embargo, una vez que la adjudicación quede en firme, la empresa que no resultó seleccionada podría presentar apelaciones ante la Contraloría General de la República, cuyo plazo para resolver esta etapa recursiva es de tres meses.
El Puerto de Caldera enfrenta una situación de colapso desde hace más de ocho años, según empresarios, exportadores e importadores.
Esa situación genera sobrecostos estimados en más de $100 millones al año, debido a la necesidad de trasladar mercancías hacia y desde otros puertos, así como a las largas esperas que deben realizar las embarcaciones para atracar o los camiones para ser atendidos.
