El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ejecutará nuevos contratos de conservación vial en 14 zonas del país a partir de julio de 2025, luego de que la Contraloría General de la República refrendó las adjudicaciones plurianuales. El mantenimiento quedará garantizado por cuatro años en esas regiones.
La resolución del órgano contralor abarcó 14 de las 22 zonas licitadas. En ocho casos no se otorgó el refrendo tras apelaciones presentadas por empresas constructoras. La institución informó que atenderá las observaciones señaladas.
Según el comunicado oficial, los contratos entrarán en vigor en Alajuela, Atenas, Ciudad Quesada, Grecia, Guápiles, Heredia, La Fortuna, Limón, Los Chiles, Naranjo, Pérez Zeledón, Poás, Puriscal, Quepos, San José, San Mateo, San Ramón, Sarchí y Río Claro.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, explicó que el proceso de adjudicación se basó en el menor precio ofertado y el cumplimiento de requisitos cartelarios. Indicó que tras la descalificación de algunas ofertas más bajas, se procederá a adjudicar a la siguiente propuesta en monto.
“Conavi realizó la adjudicación basada en el menor precio ofertado y el cumplimiento de los requisitos cartelarios, pero respetuosos del criterio de la Contraloría, al descalificar la oferta más barata, se procederá a adjudicar a la del siguiente en monto”, concluyó.

Con estos contratos plurianuales, la institución busca asegurar la continuidad del mantenimiento en la red vial nacional, mediante esquemas que permitan planificación y ejecución sostenidas de las labores.
Por otro lado, la Contraloría anuló la adjudicación de ocho de los 22 contratos; la decisión se dio tras resolver varias apelaciones presentadas por empresas participantes en el proceso.
La resolución acogió recursos interpuestos por Concreto Asfáltico Nacional, Constructora Herrera, Constructora Hermanos Arias y MECO contra adjudicaciones otorgadas al Consorcio CV2024 —integrado por Ingeniería Estrella S. A. y Bel Ingeniería S. A.—, así como a MECO y Quebradores del Sur.
Los contratos anulados incluían labores de mantenimiento rutinario y rehabilitación, como chapea, bacheo, recarpeteo, limpieza de cunetas y demarcación, en cantones como Cartago, Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba, Alvarado, Oreamuno, El Guarco, Desamparados, Acosta, Aserrí, Puriscal, Turrubares, Mora, Goicoechea, Moravia, Coronado y Tibás.