Enjoy Hotels & Resorts S. A., empresa a cargo del proyecto turístico Bahía Papagayo, en playa Panamá, Carrillo, Guanacaste, obtuvo el permiso para talar hasta 700 árboles e iniciar las obras constructivas.
La autorización forestal fue emitida por el Área de Conservación Tempisque, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), según consta en la resolución SINAC-ACT-OSRSCC-052-2026, confirmó la propia compañía en respuesta a consultas de La Nación.
Esto ocurre en momentos en que la Fiscalía Ambiental investiga una aparente tala ilegal vinculada a esta concesión y al mismo tiempo que la Sala Constitucional tramita una acción de inconstitucionalidad en contra el esquema legal que permite y regula la actividad inmobiliaria en Papagayo y que podría tener implicaciones en este proyecto hotelero y residencial de lujo.
La reciente autorización del Sinac se une a un permiso de construcción previamente girado por la Municipalidad de Carrillo. En consecuencia, Enjoy Hotels concluyó la secuencia de vistos buenos requeridos para el inicio de obras, aunque la empresa no precisó cuándo exactamente empezaría el retiro de la vegetación.
La gerenta de Desarrollo de Bahía Papagayo, Pamela Granados Ugalde, indicó, en febrero pasado, que ese trámite era el único pendiente antes del arranque de la primera etapa del proyecto que contempla 94 habitaciones hoteleras y una inversión de entre $25 millones y $30 millones.
La empresa detalló, en esa ocasión, que los 700 árboles por talar se localizan en una sola de las cinco fincas concesionadas al proyecto, con una extensión de 43 hectáreas, y que la intervención comprende menos del 9% de esa superficie.
Según Granados Ugalde, el 74% de los individuos corresponde a especies típicas de potreros: el 63% es guácimo (Guazuma ulmifolia) y el 11% restante, laurel (Cordia alliodora). “Son árboles que crecieron en antiguos potreros, de manera muy homogénea, reflejando esa etapa productiva previa del terreno”, explicó en aquella ocasión la vocera.
También indicó que, en compensación, la empresa plantará 1.000 árboles de especies nativas de mayor valor ecosistémico en esa misma etapa, dentro de un plan de sostenibilidad entre el 2025 y el 2030.
Investigación penal activa
Actualmente, la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz mantiene abierta una causa penal por el presunto delito de tala ilegal en terrenos donde Enjoy Hotels pretende desarrollar este proyecto hotelero y residencial de lujo.
El Ministerio Público inició la investigación de oficio a partir de un informe técnico del propio Sinac que confirmó la existencia de una socola —desmonte de vegetación menor con árboles de menos de 15 centímetros de diámetro— en un terreno con cobertura boscosa en playa Panamá.
Al 24 de febrero anterior, la causa se encontraba en fase de investigación preparatoria (expediente N.° 25-000008-1791-PE).
Pugna constitucional
El proyecto además podría enfrentar un obstáculo en la Sala Constitucional, donde se tramita la acción de inconstitucionalidad antes mencionada.
En diciembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) recomendó a ese tribunal anular dos disposiciones del Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (decreto N.° 4572), reglamento que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) aprobó en julio de 1995 y reformó en 2012.
El procurador general, Iván Vincenti Rojas, concluyó que esos dos parámetros, relacionados con el diseño y la construcción de proyectos turísticos, carecen de sustento técnico y científico, por lo que atentan contra la protección del ambiente y chocan con la carta magna.
La Procuraduría detectó, en específico, que esas normas no toman en cuenta la presencia de humedales y bosques en el área concesionada.
Vincenti recomendó declarar inconstitucionales los incisos i y j del artículo 5.1.
El primero establece que, por cada hectárea concesionada, únicamente podrán construirse 20 habitaciones en promedio, independientemente de si el desarrollo involucra unidades habitacionales de hospedaje o residenciales.
Mientras, el segundo fija un tope de ocupación constructiva de hasta un 30% del área concesionada.
Justo estos dos incisos aplicó el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el ICT para permitir el desarrollo de este proyecto.
Ante un eventual escenario en que la Sala IV acoja la recomendación del procurador general y declare inconstitucionales esos dos incisos, Hotels evaluaría acciones legales en contra del Estado.
“Existe una relación jurídica bilateral que implica derechos y obligaciones tanto para el Estado como para el concesionario.
”En el eventual escenario de que una resolución modificara de forma sustancial las condiciones jurídicas bajo las cuales fue otorgada la concesión, el proyecto analizaría, con el debido sustento legal, las acciones correspondientes para salvaguardar la seguridad jurídica y las inversiones realizadas.
”Nuestra posición sigue siendo de respeto absoluto a las decisiones institucionales y de confianza en el Estado de derecho, procurando siempre el diálogo y la estabilidad jurídica necesaria para el desarrollo responsable del país", explicó Pamela Granados, en febrero pasado.
Ahora, consultada sobre los procesos legales abiertos, la empresa indicó que el proyecto “avanza en coordinación con las autoridades competentes, cumpliendo con los requisitos técnicos, legales y de supervisión aplicables en cada etapa”, y que la regencia ambiental está a cargo de la firma Inforest S. A.
Este es uno de los más de 30 concesionarios que tiene el polo turístico.