La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) urgió este jueves al gobierno del presidente Rodrigo Chaves a revisar el proceso para la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico, tras las medidas cautelares ordenadas por un magistrado de la Sala Constitucional contra la subasta de bandas.
La organización del sector productivo enfatizó que cualquier mecanismo de adjudicación debe evitar exclusiones por razones económicas y garantizar condiciones equitativas para todos los oferentes.
El llamado de la Uccaep, en un comunicado divulgado este jueves 27 de noviembre, destaca la importancia estratégica del espectro radioeléctrico para el desarrollo de Costa Rica.
Según la Unión de Cámaras, este recurso público es un insumo indispensable para el acceso a la información, la educación, la cultura, la fe, el entretenimiento y la conectividad de los costarricenses.
El director ejecutivo de la organización, Jorge Luis Araya, reforzó el mensaje al señalar que el proceso debe resguardar la seguridad jurídica, así como promover una competencia efectiva y plural en el mercado de las telecomunicaciones.
“El sector empresarial hace un respetuoso llamado para que se revise este procedimiento. Consideramos que el proceso de asignación de frecuencias debe garantizar primero, seguridad jurídica para todos los participantes”, afirmó Araya.
El vocero empresarial también solicitó un mecanismo de adjudicación que asegure competencia efectiva, participación plural y condiciones equitativas para los oferentes, que no generen exclusiones por costos excesivos para la realidad nacional de la mayoría de concesionarios actuales.
El jerarca agregó que el objetivo del sector privado no es frenar el proceso, sino contribuir a que se desarrolle bajo parámetros que permitan un acceso equilibrado y sostenible al espectro.
Espectro como recurso esencial
Araya insistió en llamar a una correcta administración del espectro radioeléctrico pues ello incide directamente en la calidad de vida de las familias, el cierre de brechas digitales, la competitividad empresarial y la integración de Costa Rica en la economía global.
Por ello, pidió a las autoridades actuar con rigor técnico y jurídico al replantear el proceso.
“Reiteramos nuestra confianza en la institucionalidad pública y hacemos un llamado constructivo a revisar el proceso de asignación de frecuencias, ya que este es un recurso trascendental para el desarrollo y el sostenimiento de la democracia”, concluyó Araya.