EscucharLa empresa de gestión de residuos sólidos EBI comenzó un arbitraje contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La compañía, de capital canadiense, indicó este jueves que la decisión se tomó en virtud del tratado de protección de inversiones entre Canadá y Costa Rica.
Las acciones se tomaron específicamente ante las municipalidades de Alajuela y de Montes de Oro, donde EBI tenía terrenos para construir parques de tecnología ambiental (PTA, conocidos popularmente como rellenos sanitarios). Sin embargo, ninguno ha comenzado su desarrollo.
El relleno Bajo Pita, en Turrúcares de Alajuela, no ha podido avanzar por disposiciones del plan regulador y directrices municipales. Según la zonificación cantonal el terreno se encuentra en zona residencial, y un relleno solo puede existir en zonas industriales.
Mientras tanto, el Parque Tecnológico Ambiental Garagarza, en Miramar de Montes de Oro, enfrenta la oposición de los vecinos. Esto ha motivado recursos de amparo y solicitudes al Tribunal Contencioso Administrativo.
EBI alegó que tiene los permisos en ambos terrenos y ninguno de los ayuntamientos les permite avanzar. Según un comunicado de prensa, ambos gobiernos locales “impiden el avance de nuevos proyectos de tratamiento de residuos, a pesar de contar con todos los permisos ambientales y legales requeridos”, cita la empresa.
“EBI ha cumplido rigurosamente con todas las normativas ambientales y legales para desarrollar proyectos esenciales que garanticen la continuidad del servicio. Nuestro compromiso con Costa Rica es firme, pero nos vemos forzados a acudir a arbitraje internacional ante la imposibilidad de avanzar por la vía administrativa”, afirmó en el comunicado Julien Charbonneau, gerente general de EBI de Costa Rica.
El arbitraje, se presentó el pasado el 27 de junio, y busca vindicar los derechos de la inversión y “detener una progresiva expropiación de facto que podría resultar en pérdidas superiores a los $125 millones, además de agravar una inminente crisis nacional de gestión de residuos".
LEA MÁS: Solo el 4% de la basura de Costa Rica se recicla: conozca los cantones líderes
Arbitraje en momento crucial
El arbitraje se da en un momento crítico para la gestión de residuos sólidos en Costa Rica, especialmente en la Gran Área Metropolitana (GAM) ya que cada vez hay menos opciones para la disposición final de los desechos.
EBI es la gestora de los PTA Aczarrí (en El Huazo), Uruka (en La Carpio) y El Tomatal (en Limón). La situación se complica porque la vida de los dos PTA en la GAM tienen su vida limitada: Uruka cerraría este año, y Acazarrí alcanzaría su máximo dentro de dos o tres años.
La Nación envió consultas a las municipalidades de Alajuela y de Montes de Oro.
A través de la oficina de prensa, el ayuntamiento alajuelense indicó que no han sido notificados. “Esperaremos en dado caso a la notificación, para referirnos, si fuese necesario”, señalaron.
Anthony Fallas Jiménez, alcalde de Montes de Oro, indicó que la municipalidad no ha realizado actuaciones arbitrarias en contra de EBI.
“Por el contrario, hemos recurrido a los mecanismos jurídicos y administrativos establecidos en la legislación vigente para gestionar la revocatoria del permiso que ya había sido otorgado durante la Administración anterior.
Además, precisó Fallas, la empresa tiene pendientes dos trámites. Uno es la firmeza de la viabilidad ambiental, “ya que aún se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)”.
El otro trámite es el alineamiento vial ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el cual se encuentra vencido, “generando una imposibilidad material, jurídica y procedimental para que la empresa continúe con el proceso de instalación del segundo relleno sanitario”.
Este sería el segundo relleno sanitario en Montes de Oro, porque ahí opera el de la empresa Tecnoambiente.
LEA MÁS: Residuos sólidos municipales: urgen las soluciones realistas
