EscucharEl 30 de mayo, se publicó en La Nación un artículo titulado “Residuos sólidos municipales: una crisis en busca de solución” del ingeniero Guillermo Monge, al que debo referirme como expresidente ejecutivo del IFAM encargado del tema “basura” y como abogado del Grupo Rabsa, que se dedica a la recolección, transporte, disposición y tratamiento de residuos sólidos domiciliares (RSD). Debo empezar diciendo que la mayoría de lo que dice es verdad, pero lo importante es lo que no dice.
En efecto, existen varias opciones para tratar los RSD, además de los rellenos sanitarios. Las que menciona, como incineración, plasma, pirólisis o biodigestión, son utilizadas en “países desarrollados”. El problema es su costo; todas son más caras que la disposición en rellenos sanitarios (RS), algunas con un costo multiplicado varias veces.
Costa Rica no tiene capacidad fiscal de implementar esas opciones y los gobiernos locales carecen de la capacidad política de trasladar esos costos a los ciudadanos, pues tendrían que multiplicar muchas veces sus tarifas actuales.
Hace 25 años, había grandes problemas con sitios de disposición irregulares o cantonales administrados por municipalidades, que terminaban siendo basureros a cielo abierto, fundamentalmente por problemas de costos, pues eran insostenibles por no tener economías de escala.
Más de la mitad de nuestros RSD no se trataban adecuadamente. El esfuerzo por crear RS que recibieran RSD de varios cantones, ayudó a mejorar muchísimo ese problema, y hoy, la mayoría de estos son tratados en forma responsable y sostenible. No hay crisis ambientales por tener la “basura” tirada en las calles durante semanas porque no había dónde depositarla.
Sí hemos fallado en aprovechamiento de los RSD y eso se debe a varias razones: desde culturales hasta económicas. Por eso, vimos con satisfacción un decreto del Ministerio de Salud de hace un año, que obliga a transformar los RS en parques ambientales, donde ahí mismo se clasifiquen y separen industrialmente los residuos sólidos, procurando el aprovechamiento de la mayoría y disponiendo únicamente un porcentaje residual. También obliga a recolectar y aprovechar el gas producido por la descomposición de los orgánicos. Ese decreto es de lo más relevante que ha pasado en los últimos años en materia de RSD.
Pero lo que escribió con la mano, el Ministerio de Salud lo borró con el codo. Recientemente, emitió otro decreto de regionalización, según el cual los RSD de determinada región, solo podrán disponerse en la misma región.
Por la realidad poblacional, hay regiones mucho más pobladas que otras. La Región Central, de Turrialba a San Ramón, tiene el 65% de la población, mientras que las otras cinco regiones se reparten el 35% restante. Es vital entender que los RSD son producidos por la población y, con el nuevo decreto, habrá regiones que producirán muy pocos desechos y se hará imposible que sean tratados adecuadamente, pues se pierde la principal ventaja de lo que hoy tenemos: las economías de escala.
Una planta industrial de clasificación y separación de RSD para tratar 1.500 toneladas por día –que es lo que recibe el RS en Miramar– tiene un costo cercano a $8 millones. Si en lugar de recibir 1.500 toneladas, se pasa a recibir 300 toneladas, es imposible económicamente construir y operar esa planta y, por lo tanto, la magnífica idea del Ministerio de Salud de hace un año, quedó sin opciones hace un mes con su nuevo decreto.
Podemos idealizar las soluciones, pero la realidad se impone. La “basura” tiene que caminar; así pasa en la mayoría de países. En la administración Calderón Fournier se planteó un RS en Esparza para trasladar los RSD de la Región Central por tren. Era una magnífica opción, que por intereses políticos, se dejó sin efecto luego.
En 2011, cuando se inauguró el RS en Miramar, la doctora María Luisa Ávila, exministra de Salud, dijo con gran sentido de la realidad que “algún día, los residuos del Valle Central tendrán que venir a este sitio”.
El RS de Grupo Rabsa tiene capacidad para recibir hasta 2.500 toneladas diarias y una vida útil de por lo menos 40 años, pero la nueva regulación podría condenarlo a cerrar su operación, pues con 300 toneladas diarias, no sería sostenible.
Hoy, en materia de RSD no hay crisis como en el pasado. Sí hay una necesidad urgente de encontrar nuevos sitios de disposición y hacerlos parques ambientales, como pretende el MS, pero con el último decreto eso más bien generará problemas donde hoy no existen y el remedio será peor que la enfermedad.
Este es un tema que, como dice el ingeniero Monge, requiere de “una estrategia estatal clara en la que participen varios actores: las municipalidades, las empresas distribuidoras de electricidad (y las de disposición final, agrego yo), el Ministerio de Salud, el Minae y la Aresep”. Aún estamos a tiempo.
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Juan José Echeverría Alfaro es abogado y expresidente Ejecutivo del IFAM.
