La donación de una propiedad de Faber-Castell al Estado costarricense, concebida como un gesto humanitario, terminó convertida en un caso rodeado de trabas administrativas, cuestionamientos legales y una intensa polémica pública que erosionó el propósito original del proyecto.
Lo que se presentó como un aporte solidario para atender necesidades humanitarias derivó, con el paso del tiempo de la negociación, en tensiones institucionales, reclamos de los europeos y atascos burocráticos, reavivando el debate sobre la gestión estatal de donaciones privadas y el manejo de iniciativas de cooperación en Costa Rica.
El complejo, donado en 2018 bajo la premisa exclusiva de brindar asistencia humanitaria, retuvo en febrero del año pasado a 200 migrantes enviados por el gobierno de Donald Trump; privados de libertad bajo custodia estatal, sin que hubiesen cometido delito alguno contra Costa Rica.
En junio del 2025, la Sala IV acreditó que el Estado lesionó a esas personas su derecho fundamental a la libertad y otras garantías básicas, según la sentencia del tribunal al declarar con lugar un recurso de habeas corpus.
La donación consistió en una finca donde se localizaba el complejo de Faber-Castell en el país, inscrita bajo la matrícula 97014-000 en Puntarenas.
El inmueble consiste en un terreno de 73.130 metros cuadrados en el distrito de Corredor (cantón de Corredores) hoy a nombre del Ministerio de Gobernación y Policía, precisan los datos del Registro Nacional de Costa Rica.
La naturaleza registral del bien es específica y restrictiva, describiéndose como un “terreno destinado a proyecto de atención de migrantes y unificación de operaciones migratorias y humanitarias de la zona y frontera sur”.
El documento detalla que la inscripción se formalizó el 7 de mayo de 2018, pero todo comenzó en mayo de 2016.
Una crisis migratoria con cientos de haitianos y africanos bloqueando la frontera sur obligó al gobierno a buscar refugio urgente.
“Teníamos una urgencia de encontrar un lugar cerca de la frontera en donde se les podía dar una atención digna y segura”, relató el exministro de Comunicación y Enlace, Mauricio Herrera Ulloa, quien atendió ese tema, el cual describió como “de tensión máxima”.
Según explicó, los migrantes amenazaban con incendiar instalaciones en Paso Canoas si se intentaba una operación policial represiva para sacarlos. Herrera explicó que eso habría causado un severo daño reputacional a la imagen del país. Se optó por el enfoque humanitario.
Fue entonces cuando la mirada se posó sobre la planta ociosa de la firma Maderín ECO (filial local de Faber-Castell).
Lo que inició como una consulta para alquilar, dio luego un giro inesperado gracias a la reputación internacional del país. Sin embargo, el proceso consumió meses y meses.
Sin embargo, esa no fue la primera vez que el Estado quedó mal frente a los alemanes. De hecho, fueron repetidas las frustraciones sufridas por esos europeos.
“¿Ustedes son gente seria?”
Lo que debía ser un trámite expedito derivó en lo que Herrera define como un “parto burocrático de dos años”.
En el mismo, estuvo directamente involucrado el entonces embajador costarricense en Brasil, Jairo Valverde Bermúdez.
El diplomático planteó la idea de un alquiler, pero los alemanes declinaron; que si iban a alquilar, tenía que ser un alquiler comercial. Sin embargo, en tal caso y como sería con fondos públicos, el Ministerio de Hacienda tenía que hacer un avalúo.
El avalúo comercial de los alemanes era de unos $5 millones, explicó Valverde Bermúdez y Hacienda lo dejó en $2,6 millones.
Así pasaron los meses en conversaciones de dinero, pero también el diplomático les hablaba de la situación humanitaria y les compartía videos enviados por Herrera.
Hubo un momento en que los europeos estaban muy indispuestos, con ganas de romper conversaciones, evocó el exembajador, quien les pedía paciencia y entender que no había mala fe, solo un sistema engorroso; uno donde siempre hay una “ventanilla adicional” o una sorpresa.
Todo cambió por una reunión de accionistas en Alemania.
La filial de Faber-Castell en Brasil reportaba directo a ese país, a la casa matriz.
La accionista mayoritaria entonces, la condesa Mary von Faber-Castell, vio los videos y fotos del trato humanitario que Costa Rica daba entonces a los migrantes.
En un gesto de responsabilidad social sin precedentes, la condesa usó su peso en la junta directiva para influir en el grupo: no se alquilaría ni se vendería; el edificio se donaría al país.
“Ella se conmovió y planteó la idea de donar el edificio. Cuando me dieron la noticia en São Paulo, me dijeron que lo que más pesó fue la trayectoria de Costa Rica en derechos humanos. La condesa fue quien vendió la idea en Alemania desde esa perspectiva al resto de la junta directiva y así superamos el tema del dinero”, recordó.
A pesar de que el inmueble quedó valorado en $2.650.000, la rigidez de Hacienda exigía que la empresa pagara primero casi $215.600 en impuestos y trámites para poder salir del régimen de Zona Franca y donar la propiedad.
Valverde Bermúdez recordó la frustración de los alemanes cuando les comunicó que el Estado no podía aceptar la donación por falta de una figura legal clara y por deudas menores acumuladas.
En una reunión en São Paulo, la tensión estalló:
“Uno de ellos golpeó la mesa... no enojado, pero un golpe como de frustración. Ahí me dijeron: ‘hemos hecho todos los acomodos posibles... terminamos regalándoles el edificio en reconocimiento a la trayectoria humanitaria del país y ahora nos dicen que tenemos que pagar $200.000. ¿Ustedes son gente seria?‘, recuerda que le reclamaron.
Valverde incluso relata que, ante la imposibilidad de que la Cancillería cubriera sus viáticos por la confidencialidad del tema, tuvo que pagar viajes de su propio bolsillo para ir a “poner la cara” ante ejecutivos que, rojos de frustración, según él los describió, preguntaban si el Gobierno de Costa Rica los estaba vacilando.
Vergüenza diplomática
La correspondencia oficial de la época refleja este desconcierto.
El 27 de noviembre de 2017, el entonces Primer Vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas, envió una nota oficial a Faber-Castell expresando los “pesares de nuestro gobierno respecto a lo largo que ha sido este proceso” y pidiendo disculpas por los retrasos fuera de su control.
Mauricio Herrera lo puso en términos más llanos: que “se nos caía la cara de vergüenza” al pedir excusas por los “enredos burocráticos”.
Una vez más, se tensó todo porque, explicó el embajador Valverde Bermúdez, se planteó la sugerencia de que la empresa dijera que entregaba el edificio como pago por la deuda.
Eso le cambiaba completamente la lógica a la donación.
“Otra vez se armó el lío y yo tuve que ponerme el traje de bombero. Ellos me dijeron: ‘No, si ustedes dicen que estamos pagando una deuda y les estamos dando un edificio cuyo valor comercial excede $5 millones, no lo vamos a hacer. Nosotros mismos recomendaríamos a Alemania que no se haga’, fue lo que me dijeron”, añadió Valverde.
Ante ello, la Procuraduría y Casa Presidencial encontraron la figura legal de la “dación en pago”: Costa Rica perdonaba la deuda a cambio de recibir el edificio.
Finalmente, el traspaso se logró “con fórceps”, dijo Mauricio Herrera, apenas tres días antes de que la administración Solís Rivera entregara el poder en mayo de 2018.
Sin embargo, la “buena fe” que sostuvo aquella negociación de dos años parece haberse roto este 2026.
La Nación envió consultas a la casa matriz de Faber-Castell en Alemania para conocer cuándo detectaron el cambio de uso del complejo industrial hacia la detención de personas deportadas, si han iniciado gestiones legales o diplomáticas ante las autoridades costarricenses y cómo evalúan hoy su experiencia tras el polémico desenlace de su gesto humanitario.
Al momento de esta edición, la empresa no había emitido una respuesta a las preguntas planteadas.
Para Valverde, la noticia publicada por The Guardian asestó un golpe contundente a la identidad nacional.
“Como costarricense me dio vergüenza... es una forma de matar la buena voluntad que hay hacia el país y decir que el Estado costarricense no tiene la capacidad de ser agradecido”.
Herrera Ulloa, quien presentó el recurso de habeas corpus el año pasado, reflexionó que, aunque en algún momento el gobierno de Rodrigo Chaves ignoró el uso humanitario de la instalación, la Sala Constitucional intervino.
“Mediante una resolución, se reconoció que las detenciones masivas que estaban ocurriendo eran ilegales y arbitrarias. La Sala enmendó la plana al Ejecutivo y dejó en firme que el sitio es de atención humanitaria y no de detención. Al final, los frenos y contrapesos de nuestra democracia funcionaron”, concluyó.
Colaboró en esta información la periodista y editora Natasha Cambronero.