La Universidad de Costa Rica (UCR) optó por eliminar este año las ayudas que otorgó a estudiantes de bajos recursos durante la pandemia.
La medida, dijo, la tomó debido a restricciones presupuestarias y al aumento en la demanda de becas para 2021, según comunicó a la población estudiantil del 9 de abril.
“No se cuenta con las posibilidades financieras institucionales para mantener los aumentos temporales de 30% en los montos del beneficio de alimentación, el 15% en el beneficio complementario de gastos de carrera, ni es viable mantener el monto de apoyo que se entregó por efecto de conectividad”, anunció la Rectoría en la circular R-22-2021.
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En el documento, el rector Gustavo Gutiérrez, explicó que para este año, el 62% de los 9.511 estudiantes admitidos de nuevo ingreso solicitó beca socioeconómica. Adicionalmente, señaló, se dio un aumento en las solicitudes de becas socioeconómicas 4 y 5, que son las que otorgan más beneficios.
Para el 2021, 28.798 estudiantes de la UCR reciben subsidios; de ellos, 20.699 cuenta con las becas 4 o 5.
“Sin embargo, el presupuesto universitario y las partidas del Sistema de Becas aprobado el año anterior (¢29.918 millones) siguen sujetas a la aplicación de la regla fiscal, impidiendo su crecimiento real y significativo”, argumentó.
Gutiérrez afirmó que han “realizado esfuerzos” para revertir esta situación pero que el Ministerio de Hacienda no les ha autorizado a considerar las becas como inversión, por lo que siguen contabilizadas como gasto corriente, que está sujeto a la regla fiscal.
La regla fiscal pone un límite al crecimiento del gasto corriente que incluye salarios, pago de servicios públicos, becas o adquisición de bienes. Para este año, el crecimiento máximo del presupuesto de las instituciones fue de 4,13% con relación al 2020.
No obstante, como aclaró el ministro de Hacienda, Elian Villegas, son las instituciones las que deciden cuál de los gastos corrientes deben ajustar para cumplir con la regla. Por lo tanto, la decisión de recortar las ayudas dependió de la Universidad.
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“La regla fiscal lo que hace es decir que tiene que contener el gasto corriente, la regla fiscal no le dice que tiene que ser en becas o que puede gastar menos en combustible, seguridad o comprar menos bolígrafos; no se mete en eso. Hay una valoración en eso por parte del administrador. Al final lo que hay es una decisión por parte de quien administra una institución y esa decisión es: usted tiene que recortar, recorta lo que es esencial o lo que considera que es menos esencial”, enfatizó Villegas.
El ministro fue claro que los gastos que se deben frenar no están indicados en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), aprobada en diciembre de 2018, la cual incluye la regla fiscal.
“Ellos toman la decisión, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver ahí”, aseveró Villegas.
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De acuerdo con los estados financieros de la UCR, del dinero proveniente del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en 2020, el 81% fue para remuneraciones. En ese año, a la UCR le correspondieron ¢260.285 millones, de los cuales ¢211.962 millones fue para pago de salarios y pluses.
Actualmente, las universidades se oponen a ser incluidas en la Ley Marco de Empleo Público que se discute en el Congreso, la cual pondría fin al sistema de pluses e incentivos que causa un crecimiento exponencial del gasto salarial.