Pese a que el Gobierno asegura estar comprometido con la educación pública, los rectores de las universidades estatales temen que en vez de crecer, los recursos para el próximo periodo (2017) disminuyan.
La propuesta inicial del Poder Ejecutivo para la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) es que este se mantenga en el 1,453% del producto interno bruto (PIB) por dos años más.
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En el 2019, aumentaría a 1,477% y para el 2020, se alcanzaría el 1,5%, porcentaje meta desde hace varios años.
Sin embargo, alcanzar esa cifra depende de la aprobación de los nuevos impuestos que la administración Solís Rivera propuso al Congreso.
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Pero, ¿qué pasa si esos proyectos no se aprueban?
El artículo 78 de la Constitución Política establece que “en ningún caso” el gasto en educación de un año puede ser menor al anterior.
No obstante, a Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), le angustia que la situación fiscal del país haga que el FEES para el próximo año sea menor al del 2016.
Esa posibilidad pareciera no estar descartada, según se desprende de las palabras del viceministro administrativo de Educación, Marco Fallas.
Fallas reconoció a La Nación que la reducción o no del presupuesto es aspecto medular en la negociación entre el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Gobierno en la Comisión de Enlace. No obstante, se negó a dar más información sobre el rumbo de las conversaciones.
Los rectores. El primero en advertir de consecuencias fue Henning Jensen, para quien la baja reduciría la capacidad de admitir a más estudiantes en los próximos años. Además, pondría en peligro compromisos y proyectos.
Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), teme que amarrar el FEES a nuevos tributos implicaría mayor injerencia de la Asamblea Legislativa en las universidades.
Para Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional (UNA), la propuesta gubernamental “no es mala”, pero requiere ajustes.
“Dicen que si hay impuestos, nos van a dar una suma superior, pero yo lo que digo es que si eso no pasa, se comprometan al menos a dar el mínimo”, manifestó.
Los rectores ya hicieron su contrapropuesta. En ella, plantean un ritmo de crecimiento más rápido, para llegar antes al 1,5% del PIB, así como la garantía de que el presupuesto universitario no estará sometido a mayores tributos.
Según Carpio, también abogan por que el acuerdo que se firme sea quinquenal, debido a que las negociaciones anuales –como han sido desde 2014– impiden a las casas de enseñanza planificar sus recursos.
En lo que sí coinciden es en que la situación fiscal obliga a pensar en llegar a la meta del 1,5% del PIB de manera escalonada.
“Estamos conscientes de lo que pasa, no somos intransigentes en decir que lo queremos todo ya, pero hagamos una ruta para llegar a la meta” expresó Humberto Villalta, vicerrector administrativo del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).
Los estudiantes, por su parte, claman por estar más informados de las negociaciones, de las que quieren formar parte.
Los rectores esperan que para mediados de agosto se firme el acuerdo definitivo.
