La solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) de separar a tres jueces que tenían para resolver la calificación de legalidad de la huelga del MEP fue rechazada por el Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José.
La resolución número 2018-020423 de las 11:30 a. m. de este miércoles fue firmada por la jueza Ángela Garro Morales.
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Esta recusación fue planteada contra Luis Eduardo Mesén García, Bettzabé Gutiérrez Murillo y Adriana Chacón Catalán, de otra sección del mismo tribunal de Trabajo, por “la existencia de circunstancias” que daban lugar a "dudas justificadas con respecto a su imparcialidad u objetividad”.
“Se declara que los jueces licenciados Luis Eduardo Mesén García, Bettzabé Gutiérrez Murillo y Adriana Chacón Catalán continúan habilitados para resolver la apelación presentada contra la resolución dictada por el Juzgado de Trabajo Número: 1980, de las diez horas veinticinco minutos del 9 de octubre del 2018. Se falla este incidente, sin especial condenatoria en costas. A la brevedad posible, devuélvase el expediente a la Sección III del Tribunal de Trabajo de II Circuito Judicial de San José, a fin de que continúen los respectivos procedimientos”, dice el voto.
Los juzgadores cuestionados conocen las apelaciones presentadas por los sindicatos contra la declaratoria de ilegalidad de la huelga de los trabajadores del Ministerio de Educación Pública (MEP).
El movimiento contra la reforma fiscal, que se inició el 10 de setiembre y se mantiene a la fecha, fue declarado ilegal por el juez de trabajo Francisco Quesada, cuya principal consideración fue que se incumplió con el requisito de huelga pacífica. Él consideró que los bloqueos protagonizados por los docentes convirtieron esta en una protesta violenta.
La declaratoria en primera instancia fue apelada por representantes sindicales, razón por la cual la calificación final quedó en manos del Tribunal de Trabajo.
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En esa instancia, el juez Luis Mesén presentó una inhibitoria al argumentar que había compartido publicaciones contra la reforma fiscal en su perfil de Facebook. Sin embargo, sus compañeras Gutiérrez y Chacón no consideraron esa una motivación para separarlo de la decisión.
La misma situación se dio cuando les correspondió resolver las apelaciones a la declaratoria de ilegalidad de la huelga de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Esta, al final, fue declarada legal por los tres jueces.
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“Como se argumentó, calificar la huelga de Recope como legal fue un respaldo importante para quienes adversan el plan fiscal (proyecto 20580); y declarar eventualmente la huelga del MEP como legal dará un respaldo aun mayor a quienes se oponen a dicho plan. Lo anterior por cuanto esta huelga aún está activa y ha paralizado por más de dos meses los servicios de educación pública en todo el país (casi un millón de estudiantes y cerca de 85.000 funcionarios y funcionarias), de modo que, si dicho movimiento es declarado legal, el Estado se verá en una difícil situación, que eventualmente lo obligaría a modificar su postura con respecto al plan fiscal”, alegó la Procuraduría al presentar la recusación.
Tales consideraciones, no obstante, no fueron de recibo para los jueces encargados de resolver la petición.
Ahora Mesén, Gutiérrez y Chacón están habilitados para emitir la calificación de la huelga del MEP.
