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El mandatario Carlos Alvarado actuó como testigo de honor en la firma de la tercera convención colectiva del MEP, dada a conocer en octubre del 2020. Cortesía APSE
El Ministerio de Trabajo paró en seco, porque va contra la ley, la intención del MEP y los sindicatos de crear dos nuevos pluses para los educadores, incluidos en la última convención colectiva firmada en octubre.
Además, ordenó eliminar, reformular o aclarar otros 32 (40%) de los 86 artículos del acuerdo laboral porque van contra la ley o son desproporcionados.
Inicialmente, el texto de la nueva convención creó el pago de dos incentivos: uno por llevar un curso de seguridad social y otro por participar en un curso de salud ocupacional.
El Ministerio de Trabajo se negó a homologar esos pluses –incluidos en los numerales 72 y 80– porque la ley de reforma fiscal, del 2018, estableció que solo los diputados pueden crear incentivos salariales. Además, porque tales cursos son ajenos a la carrera educativa.
La convención colectiva suscrita en octubre y que regirá por tres años, costará al Estado ¢130.000 millones por año, confirmó el viceministro Administrativo de Educación, Steven González. Según él, hay un ahorro de ¢300 millones con respecto a la que está vigente.
El pacto entró a estudio en el Ministerio de Trabajo en diciembre y la respuesta con las observaciones se dio el 11 de febrero. Este 23 de febrero, MEP-sindicatos lo reenviaron con las enmiendas.
Una de ellas es la eliminación del artículo 64, el cual autorizaba una licencia con goce de salario de hasta un mes a los funcionarios que tuvieran que dar cuidado especial a su padre o madre, hijos, cónyuge, compañero o compañera, debido a accidentes o enfermedades graves no terminales, debidamente comprobadas.
Trabajo les indicó que la Ley Nº 7756, denominada “Beneficios para los responsables de pacientes en fase terminal”, regula el permiso solamente para pacientes en esa condición.
Igualmente, debieron borrar el artículo 63, el cual establecía que la Dirección de Recursos Humanos del MEP presentaría a la Junta Paritaria (conformada por MEP-sindicatos) un estudio para determinar la factibilidad de ampliar el periodo de licencia de maternidad (que normalmente es de cuatro meses) para las funcionarias del MEP.
Fue eliminado en atención a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
La Nación tuvo acceso al documento en que Trabajo hace los cuestionamientos.
Cambios de cambios desde su origen
El pacto laboral ha sufrido múltiples cambios desde su firma en octubre.
La convención que remitió en diciembre la Junta Paritaria al Ministerio de Trabajo para su revisión, era muy diferente a la primera versión, anunciada en octubre, la cual generó críticas en los distintos sectores.
En el segundo documento, por ejemplo, se eliminaron los acuerdos que regalaban el lunes, martes y miércoles de la Semana Santa, días que inicialmente no se rebajarían de las vacaciones. Asimismo, se redujo la licencia de tres días por la muerte de abuelos a solo uno.
Otro de los ajustes del polémico texto fue obligado por la decisión de la Asamblea Legislativa de no aprobar el presupuesto para abrir 2.000 plazas para cocineras.
Esto suponía ¢7.000 millones en el presupuesto del Ministerio para el 2021 y, a mediano plazo, dejaría pérdidas al MEP, pues se le debían pagar incentivos que antes no percibían.
De esta forma, se mantiene la contratación de esas trabajadoras mediante las Juntas de Educación, que son entes privados. Las cocineras son contratadas por ellos y así ejercen como patrono.
‘Estímulo al personal que se capacite’
El artículo 80 de la convención colectiva era el que creaba el plus al educador que se inscribiera en un programa de capacitación en seguridad social.
“Como estímulo, al personal que se capacite en seguridad social se le reconocerán los certificados que acreditan su formación y capacitación para carrera profesional”, decía el acuerdo entre el MEP y sindicatos.
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La carrera profesional es un incentivo en el que, por medio de un estímulo económico, se premia la superación académica del docente. A ellos se les otorgan puntos de acuerdo con los títulos obtenidos; cada punto tiene un costo aproximado de ¢1.900.
El artículo 72 de dicha convención también establecía que además se les reconocerían puntos adicionales de carrera profesional por los certificados de los cursos en salud ocupacional que impartiera el Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) Uladislao Gámez Solano, adscrito al MEP.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo les advirtió a los sindicatos y al MEP que la normativa del Servicio Civil para regular el pago de puntos por carrera profesional, establece que dicho reconocimiento solo puede darse cuando la materia es atinente al puesto; salud ocupacional y seguridad social no serían el caso.
Además, les hizo saber que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en su artículo 55, estipula que la creación de nuevos incentivos o pluses salariales solo puede ser aprobada por los diputados, mediante ley.
“Igualmente, la Ley N° 9635 determina en su artículo 53 que si es la Administración la que paga el curso, no se reconoce como puntos de carrera profesional. Por otra parte, todas las capacitaciones deben ser en tiempo laboral”, indicó el Ministerio de Trabajo a la Junta Paritaria.
El martes 23 de febrero, el MEP y los sindicatos enviaron un nuevo documento de convención colectiva al Ministerio de Trabajo en el cual acogió la prevención y se eliminaron en ambos artículos los párrafos que reconocían la capacitación en seguridad social y salud ocupacional, para carrera profesional.
Otros cambios
La Junta Paritaria, constituida por representantes del MEP y de los sindicatos, también tuvo que modificar o eliminar artículos de la convención porque se apartaban del principio de razonabilidad y proporcionalidad para la negociación de las convenciones colectivas.
El artículo 37 indicaba que a partir del 2021, el denominado “Incentivo para el Desarrollo de la Docencia”, equivalente al 8,33% del salario total, se convertiría en un incremento nominal por única vez, igual al 12,6%, aplicado a la base salarial del 2019, que corresponde a su equivalente anterior.
El Ministerio de Trabajo consideró que la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público realizó una serie de observaciones que no se modificaron en dicho artículo.
Por esta razón, le pidió a a la Junta Paritaria justificar esa pretensión ya que mantiene un reconocimiento porcentual y no uno nominal, como indica la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“Por otra parte, se debe justificar si es un derecho existente y justificable a partir de la vigencia de la Ley Nº 9635. Además, deben justificar este incremento desde la perspectiva presupuestaria, indicando si se cuenta con contenido dentro del presupuesto ordinario”, dijo Trabajo.
La Junta Paritaria respondió que la nueva disposición se ajusta a lo dispuesto en la nueva legislación, porque, según ellos, nominaliza el incremento salarial y lo aplica por única vez, haciendo desaparecer el mismo del sistema de salarios.
“Se trata de un derecho preexistente a la Ley N° 9635; y el mismo ha estado debidamente incorporado en cada presupuesto anual de la República”, respondió la Junta a Trabajo.
Otro artículo cuestionado fue el 22. Allí, el MEP destinaría a nivel presupuestario y de forma anual, un mínimo de ¢1.200 millones para la organización y financiamiento de actividades artísticas, culturales, deportivas y afines asociadas a la promoción de la participación y la convivencia estudiantil.
En el caso del artículo 41, la nueva convención indica que el MEP coordinará con el Servicio Civil la elaboración de un estudio para nombrar en propiedad a los funcionarios interinos que ocupen plazas vacantes en las que hayan estado nombrados por dos años o más, o que hayan ocupado interinamente, por ese mismo período, plazas por sustitución o en suplencia de un servidor.
Trabajo, no obstante, aclaró que cualquier estudio que se realice debe ser en el sentido de que el funcionario cumpla con el principio de idoneidad para el puesto.
El MEP acogió la prevención sobre este artículo y agregó un nuevo párrafo a la norma para que quede explícito que no se está excluyendo del cumplimiento del principio de idoneidad.
Sobre el artículo 50, referido al Día de la Confraternidad que celebran los funcionarios del MEP en noviembre, el Ministerio de Trabajo pidió aclarar si se iba a dar un día completo de permiso con goce de salario. El MEP aseguró que no; se debe celebrar en la jornada laboral.
En el artículo 58 la nueva convención otorgó permisos sin goce de salario, hasta por 30 días, a los trabajadores interinos, pero Trabajo les indicó que hay una circular del 2018 del Servicio Civil que prohíbe otorgar dichas concesiones.
El MEP insistió en que el tema ha sido tratado varias veces tanto por el Servicio Civil como por la Procuraduría General de la República pero, según ellos, no es que se prohíbe otorgar permisos sin goce de salario a los interinos, porque sería discriminatorio e inconstitucional.
Lo que se ha establecido, dijeron, es que se fijen las condiciones para dar los permisos y que estos serán válidos en cuanto favorezcan el “interés público y se ajusten a los principios de proporcionalidad y razonabilidad”.
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