Daniela Cerdas E.. 12 marzo
El nuevo Departamento de Infraestuctura Educativa del MEP tendrá los mismos 113 funcionarios que la Auditoría Interna catalogó como “temerosos, conflictivos, despreocupados, sin compromiso y desmotivados”, en un informe de inicios del 2019. Foto: Albert Marín.
El nuevo Departamento de Infraestuctura Educativa del MEP tendrá los mismos 113 funcionarios que la Auditoría Interna catalogó como “temerosos, conflictivos, despreocupados, sin compromiso y desmotivados”, en un informe de inicios del 2019. Foto: Albert Marín.

Luego de arrastrar señalamientos por su ineficiente gestión durante años, el Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) será sometido a una reorganización.

Dicha transformación, avalada este jueves por el Ministerio de Planificación (Mideplán), durará seis meses y comenzará por el cambio de nombre de la oficina, que se llamará Dirección de Infraestructura Educativa (DIE).

La nueva oficina, eso sí, estará integrada por los mismos 113 funcionarios que la Auditoría Interna del MEP catalogó como “temerosos, conflictivos, despreocupados, sin compromiso y desmotivados”, en un informe de inicios del 2019.

“La transformación planteada para la DIE busca que el nuevo modelo trabaje bajo un enfoque de proyectos, integralidad, coherencia y que satisfaga las necesidades de la comunidad educativa", señaló el MEP en un comunicado.

”De este modo, se optimizarán los procesos constructivos y de equipamiento educativo, así como tener un enfoque administrativo más ágil y moderno, que permita mejorar la calidad de los servicios de educación que reciben las personas estudiantes”, agregó.

La reorganización contempla la eliminación de los departamentos de Investigación y Contrataciones, así como trasladar los procesos de compra a la Proveeduría Institucional del Ministerio, para mejorar la eficiencia y productividad, y evitar la duplicación de funciones.

Por otra parte, se crea el Departamento de Mantenimiento, orientado a mitigar los riesgos asociados al deterioro de los edificios con la intención de alargar la vida útil de las instalaciones físicas de los centros educativos.

Este objetivo se alcanzará con métodos de contratación alternativos como alianzas público-privadas u otros mecanismos jurídicos.

La ministra de educación, Guiselle Cruz, comentó que gracias a la modificación de la DIE se han propuesto invertir ₡72.000 millones para este año en distintos proyectos.

Cruz detalló que la intención es ejecutar los ₡28.000 millones presupuestados en el plan de inversiones y ₡44.000 millones de fondos que las juntas de educación mantenían ociosos.

Añadió que los centros educativos que serán construidos fueron elegidos a partir de variables como población impactada, proyectos con nivel de avance, órdenes sanitarias y zonas vulnerables.

Steven González, viceministro Administrativo del MEP, explicó que los actuales 113 colaboradores (ingenieros, topógrafos, arquitectos, geógrafos, abogados y personal administrativo) serán asignados a las nuevas dependencias, según su formación académica y los requerimientos institucionales.

Otra modificación es el área de equipamiento que estará a cargo del Departamento de Procesos y Soporte. También se crea el Departamento de Programación y Seguimiento, que se enfocará en recibir, analizar y canalizar las necesidades de los centros educativos entre los departamentos de la Dirección.

La propuesta de reorganización no plantea la necesidad de contratar nuevo personal ni la creación de plazas.

Un departamento ‘ineficiente’

La investigación que hizo la Auditoría Interna, dada a conocer el año pasado, reveló un clima organizacional “decadente” en la actual Dirección de Infraestructura; situación que llegó a paralizar los proyectos de construcción de centros educativos.

En este momento se mantienen ¢124.000 millones engavetados y cerca de 500 centros con órdenes sanitarias sin atender.

Los problemas internos de la DIEE se reflejan, según la Auditoría, en la incapacidad del MEP para levantar escuelas y colegios o darle mantenimiento a los centros existentes.

El Informe detalla que, tras hacer una revisión de los expedientes de los proyectos gestionados por las Juntas y por la DIEE en 2015 y 2016, se detectó que no hay formularios de presupuestos con la respectiva firma de los profesionales responsables.

También hacen falta los cronogramas de las obras con fechas de inicio y finalización, costos finales de las instalaciones construidas y planes de trabajo con detalles sobre cada una de las actividades por realizar.

Recientemente, La Nación publicó sobre tres terrenos, ubicados en Cartago, Dota y Turrialba, que la DIEE compró pero resultaron inservibles para construir escuelas, debido a la presencia de nacientes. Uno de ellos tenía seis nacientes, aguas negras y terminó invadido por precaristas.

Precisamente, dos de las compras de propiedades realizadas por un funcionario de nombre Rigoberto Villalobos son objeto de investigación por parte de Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), desde diciembre anterior.

Además, una revisión al azar del MEP, efectuada el año pasado, destapó anomalías en 100 proyectos para construir escuelas. Estas fueron denunciadas a la Auditoría.

En ese caso se encontraron presupuestos inflados para la construcción o reparación de escuelas y colegios; traslado de fondos a las Juntas de Educación pese a no tener proyectos asignados; así como irregularidades tanto en la compra de terrenos como en la contratación de ingenieros externos.