EscucharEste martes 20 de junio, pasadas las ocho de la mañana, Juana Rafaela, migrante nicaragüense de 52 años, esperaba con ansias en una esquina del parque Braulio Carrillo (La Merced), en San José, la llegada de manifestantes convocados para “defender la educación pública”. La mujer llevaba sombreros, banderas de Costa Rica y cornetas, esperaba vender al menos ¢10.000.
“Si vendo eso ya hago el día, si vendo más sería ganancia”, dijo la mujer. Estaba allí para ganarse la vida, pero no está desconectada del motivo de la marcha. Sus dos hijos asistieron a escuelas y colegios públicos en la capital, no lograron entrar a universidades estatales y no quedó otro camino que trabajar más para pagar la educación superior privada.
“Fue muy duro, es muy caro”, relata la mujer, quien no oculta el orgullo de poseer en la familia un contador público y un administrador de empresas.
¿Qué opina de la manifestación? Considera que las escuelas y colegios están en muy malas condiciones, que se debe apoyar la educación pública y “darle más oportunidades a los jóvenes”, ya que de lo contrario “tomarán el camino de la delincuencia”.
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A unos metros de donde Juana Rafaela intenta vender sus productos, en el cajón de un camión con altoparlantes, una voz ordena a los manifestantes para salir hacia la plaza de la Democracia. Son miles. No solo reclaman por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), protestan por la reducción de recursos para primaria y secundaria, por mejor infraestructura en escuelas y colegios, por mejoras en las evaluaciones y contra la improvisación en la Ruta de la Educación.
Son varias las peticiones y los canales de diálogo están cada vez más bloqueados. Por ejemplo, la tarde de este martes, la reunión entre los rectores de las universidades estatales y el Poder Ejecutivo finalizó sin un acuerdo.
Así que si por la víspera se saca el día, Juana Rafaela necesitará más sombreros, banderas y cornetas, pues las federaciones de estudiantes, sindicatos y organizaciones civiles involucradas en la protesta prometen volver a las calles “todas las veces que sea necesario”.
¿Temen que el ambiente social se tense? “No lo descartamos, hoy ha sido una convocatoria extraordinaria, histórica y no descartamos otras convocatorias hasta que la educación pública nacional reciba el 8% (del producto interno bruto) que manda la Constitución”, respondió Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Gilbert Díaz, dirigente del Sindicato de Educadores Costarricense, va un poco más allá. “Esta es la primera de varias manifestaciones, hoy estamos despertando, ya no creemos en mentiras y venta de acciones sin contenido”, señaló.
Incluso, arremetió contra las declaraciones que dio Anna Katharina Müller, ministra de Educación Pública, horas antes de la marcha. En un video, divulgado la noche del lunes 19 de junio, la jerarca dijo que las autoridades universitarias y sindicales usan a los estudiantes para “defender sus intereses, privilegios y jugosas pensiones y salarios de lujo”.
Mensaje de ministros de Comisión de Enlace del FEES. pic.twitter.com/xbcS0mSoVp
— Presidencia de la República 🇨🇷 (@presidenciacr) June 19, 2023
“La ministra de Educación Pública dice que marchamos para defender privilegios y sí, estamos marchando para defender el privilegio de la educación pública”, afirmó Díaz.
“No es la última marcha, seguimos defendiendo a las universidades públicas, a las escuelas y colegios públicos (...) No nos dejemos más”, expresó Karen Marín, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
La tensión no solo estaría en las calles, Oscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, aseguró que no votarán ningún presupuesto hasta que el Gobierno solucione el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas.
En este momento, el Ejecutivo tiene en trámite un presupuesto extraordinario que toma fondos de varias partidas, entre ellas del Ministerio de Educación Pública (MEP) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para pasarlos al Ministerio de Seguridad Pública.
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No renuncian al 1%
El rector de la UCR enfatizó en que no avanzarán con la negociación del FEES 2024 hasta que el Gobierno cumpla su palabra de desembolsar un porcentaje pendiente relacionado con el FEES 2023.
“No podemos hablar del presupuesto del 2024 sin haber resuelto el 1% (¢5.500 millones) que quedó comprometido desde el año anterior”, añadió el rector, quien no descartó que, este año, por primera vez, se deba ir a negociar el presupuesto de las universidades públicas directamente en la Asamblea Legislativa.
Para Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, el Gobierno busca pretextos para no cumplir con sus compromisos.
“Si el Gobierno de la República sigue incumpliendo los derechos que tiene la gente se va a dar un crecimiento, cada vez más visible, de las voces disidentes, de la gente que sale a manifestarse y que usa espacios democráticos y pacíficos. Eso va a pasar si el Gobierno no para su estrategia de favorecer a sus financistas y pasar por alto los derechos de las mayorías”, comentó Acuña.
