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Luego de los encuentros que sostuvo con representantes sindicales , el Gobierno presentó un texto sustitutivo al proyecto sobre educación dual, dictaminado en el Congreso.
Se trata de una propuesta para que las empresas que reciban aprendices dentro del esquema educativo adquieran obligaciones y paguen cargas sociales, mediante un régimen especial que crearía la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Si los diputados de la comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa acogen el texto sustitutivo, se cambiaría la relación jurídica entre las empresas, los estudiantes y los centros educativos que participan en el modelo de aprendizaje. Se convertiría en una relación laboral.
Mediante la educación dual, los alumnos adquieren conocimientos teóricos en las aulas y los aplican en las empresas.
El plan dictaminado, en cambio, propone un contrato civil que establece responsabilidades de las partes involucradas y dejaba al aprendiz, el pago de una póliza de seguro estudiantil obligatorio, que rondaría entre los ₡5.500 y ₡19.000 mensuales, costo que podían cubrir con la beca económica de ₡96.000 mensuales que recibirían previo acuerdo con la empresa.
Ese condición, sin embargo, no satisfacía a los sindicatos del magisterio.
“Nosotros siempre hemos tenido la misma postura. No hemos cambiado de posición desde que fui a la audiencia a la comisión de la Asamblea Legislativa. En su momento planteamos un modelo un poco más flexible que incluya el contrato de aprendizaje, y que a partir de cierto punto la relación se vuelva laboral”, señaló el ministro de Trabajo, Steven Núñez.
Otro de los cambios que introduce el texto sustitutivo del Gobierno, es que como compensación las empresas formadoras estarían exentas de pagos al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que financia los programas sociales.
A pesar de esa posibilidad, el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Gonzalo Delgado, advirtió que a pesar de las exoneraciones, ninguna empresa participaría en el proceso de educación dual con la nueva propuesta , pues rechazan la figura del contrato laboral.
“Las empresas tendrían que asumir esas cargas laborales aún cuando el Gobierno ha ofrecido que sean costos diferenciados y que no haya que pagar algunos costos como IMAS y Fodesaf. Hemos sido muy claros con el Gobierno que es inaceptable pensar que haya un contrato laboral. En Costa Rica con la incertidumbre que tenemos con el Código Procesal Laboral, ninguna empresa va a aceptar correr esos riesgos”, aseguró Delgado.
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Proyecto convocado por el Ejecutivo
El Gobierno convocó el proyecto de ley de Educación Dual en el periodo de sesiones extraordinarias, no obstante, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, pidió a los legisladores pausar la votación de la iniciativa para entablar un diálogo con los sindicatos al respecto, debido a su oposición.
El envío de la moción a la Asamblea Legislativa ocurrió una semana después, de la reunión que sostuvo el mandatario Carlos Alvarado con los líderes sindicales de educadores, con la cual concluyó una ronda de negociaciones entre las partes sobre Educación Dual y la reforma al Empleo Público.
“No hemos cambiado la posición. Es importante señalar que como Gobierno de la República también estamos dispuestos e incluso las negociaciones se están dando. Hay unas conversaciones que se han dado con los distintos sectores”, reconoció el ministro de Trabajo.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Wagner Jiménez, quien impulsa la iniciativa y preside el foro que dictaminó el proyecto, cuestionó el hecho de que el Gobierno se comprometiera a apoyar este proyecto y ahora pretenda provocar “cambios sustanciales” en la iniciativa sobre Educación Dual.
“Esto es un proyecto educativo, no laboral. Me parece contradictorio. Sería devolver al discusión al estado en que la recibimos el 1°. de mayo de 2018. Es un retroceso que afecta a la juventud costarricense que necesita el apoyo de los legisladores para que este proyecto sea una realidad como originalmente estaba”, señaló Jiménez.
El líder del sector empresarial privado, Gonzalo Delgado, coincidió en que el proyecto como lo propone el Gobierno de Carlos Alvarado pierde viabilidad.
“Se está pidiendo que revaloren su posición, porque de lo contrario será un proyecto para pegar en la pared, una aprobación que no tendrá ninguna aplicación y en el cual UCCAEP no está dispuesta a participar, pues sería un proyecto que finalmente no van a tener efectos reales”, advirtió Delgado.
La comisión de Ciencia y Tecnología deberá votar para aceptar o rechazar el texto sustitutivo esta misma semana.
