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Tres estudiantes de Derecho acudieron a la Sala IV para denunciar, como una violación al derecho a la educación, la decisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) de suspender lecciones, al tiempo que funcionarios administrativos y el movimiento estudiantil los obligaron a salir de las aulas.
Estos grupos se oponen a la decisión del Ministerio de Hacienda de destinar, para infraestructura universitaria, ¢70.000 millones de los ¢513.000 que el gobierno les pasará a las universidades públicas en el 2020. Posteriormente, los diputados bajaron esa cifra a ¢35.000 millones.
El recurso de amparo fue recibido a las 3:08 p.m. en el Tribunal constitucional, en contra de la Vicerrectoría de Docencia y la Decanatura de Facultad de Derecho de la UCR.
Los recurrentes son los estudiantes Jimena Solano Acuña, David Ruiz Badilla y Gabriel Chaves Corrales, quienes cursan el segundo año de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Derecho.
De acuerdo con el documento, del cual La Nación tiene una copia, el 16 de octubre la Vicerrectoría de Docencia emitió una circular en la que se giraba la orden de suspender lecciones y evaluaciones para los días 22 y 23 de octubre.
Añade que, en esa comunicación, se instaba a los representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) a ingresar a las aulas los días 16, 17, 18, 19 y 21 de octubre del 2019, con el fin de informar a la población estudiantil acerca de la situación que se vive en el país, específicamente con el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Señala también, que al día siguiente de la publicación (el 17 de octubre), el Decanato de la Facultad de Derecho emitió un comunicado en el cual se acogía la sugerencia de la Vicerrectoría y se suspendían las lecciones de los días 22 y 23 de octubre.
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Jimena Solano expresó vía telefónica que “este viernes a las 8:15 a.m., mientras los estudiantes recibíamos lecciones de rutina, fuimos interrumpidos por funcionarios administrativos y estudiantes afiliados al movimiento estudiantil, quienes nos dieron la orden de salir de los edificios de la Facultad de Derecho, en vísperas de que se había ordenado el cierre de las instalaciones”.
“Nos sacaron a todos y dijeron que se cierra la Facultad. En ese momento habíamos más de 100 estudiantes. No se les va a dar clases hoy, el sábado, lunes, martes y miércoles. Estamos hablando de cinco días sin clases, sin educación, incluyendo y generalizando a aquellos estudiantes que no apoyan el movimiento por las razones que sean. No queremos que nos priven de la educación pública; los dos estamos peleando por lo mismo”, manifestó Solano.
Los universitarios también mencionan que, además de haber evacuado a los estudiantes que estaban en las aulas, se negó el ingreso al edificio a aquellos estudiantes que se encontraban por atender sus lecciones como de costumbre.
“Es sin duda un acto reprochable y violatorio de derechos fundamentales y humanos que, por falta de un posicionamiento firme de las autoridades universitarias, se nos impida nuestro acceso a la educación en la Universidad de Costa Rica y se nos saque del recinto en media jornada, sin ser inminente una situación de urgencia o peligro", indicaron los universitarios en el recurso.
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Entre las pretensiones de los estudiantes figura que se ordene a la Vicerrectoría de Docencia y a la Decanatura de la Facultad de Derecho la reapertura inmediata del edificio y la reanudación de las funciones académicas, mientras se dan las negociaciones respectivas de la problemática y se anulen las disposiciones de los comunicados antes referidos.
Además piden “que se tomen las medidas de seguridad necesarias para prevenir o reprimir cualquier acto vandálico por parte de cualquier sujeto que crea poder atentar contra los derechos humanos y fundamentales de la población estudiantil que si quiere estudiar y formarse en miras de forjar un país mejor”.
Edificio de Sociales sigue tomado
Mientras los magistrados resuelven el recurso, un grupo de estudiantes mantiene tomado el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales.
La vandalización del edificio, donde laboran 200 funcionarios y estudian 9.000 personas, sobrevino durante una asamblea para decidir acciones contra los acuerdos suscritos por los rectores con el Gobierno sobre el uso del Fondo Especial de Educación Superior (FEES).
“Rayamos lo nuestro”, indica uno de los mensajes escritos por los estudiantes en el edificio, en el cual el Estado invirtió $33 millones financiados por un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR).
La protesta estudiantil se generó luego de que las mismas autoridades universitarias llamaran a “defender el presupuesto” que da el Estado a las universidades públicas a través del FEES.
Este viernes, autoridades de la UCR anunciaron que iniciarán el proceso de evaluación de los daños sufridos por algunos edificios, incluida la Facultad de Ciencias Sociales, al indicar que el inmueble pertenece al Fideicomiso UCR-BCR 2011.
