La escuela pública Juan XXIII, en San Antonio de Escazú, inauguró la semana pasada un gimnasio exclusivo para que docentes y personal administrativo lo usen en su tiempo libre, equipado con dos caminadoras, cuatro bicicletas estacionarias y baño privado.
El gimnasio se encuentra dentro de las instalaciones del centro educativo; fue construido con fondos públicos y su desarrollo formó parte de la remodelación total del centro de estudios.
En tanto, los 900 niños de esa escuela no tienen gimnasio propio para hacer sus ejercicios de educación física. Ellos realizan estas actividades en los patios de la escuela o salen del centro educativo a recibir las clases en el parque público de San Antonio de Escazú, o en la plaza.
Parte de los fondos para la construcción del gimnasio provinieron de la Municipalidad de Escazú, del impuesto de bienes inmuebles. Por ley, los ayuntamientos deben trasladar el 10% de esos fondos a las Juntas de Educación de los centros educativos públicos.
José Daniel Vargas, vocero de la Municipalidad de Escazú, explicó que la escuela le presentó un anteproyecto a la Municipalidad para hacerle la solicitud de fondos para la remodelación de la escuela.
El Concejo Municipal aprobó la solicitud del traslado de ¢25 millones a ese centro de estudios, en noviembre anterior, para la construcción del espacio donde se ubica el gimnasio, su equipamiento y el baño completo. Además, se realizaron otras obras que incluían nuevas rampas, oficinas, salón de profesores, remodelación de la fotocopiadora, tanques de agua y otros espacios.
Ivonne Rodríguez, presidenta de la Junta de Educación de la escuela, dijo que no tenía el detalle de cuánto costó el levantamiento de solo el gimnasio, pero que entre toda la obra de remodelación se invirtieron ¢200 millones de dinero que les trasladó la Municipalidad y que tenía la junta en sus cuentas.
Rodríguez defendió la construcción del gimnasio y dijo que “es un espacio de ejercicios de salud ocupacional para que los profesores se puedan distraer en su tiempo libre”
“Es una propuesta de la administración, la cual se acoge porque, yo pienso, si el maestro está mentalmente bien... no, los niños son desgastantes y con toda la vocación que ellos tienen a mí parece excelente también darle sus espacios. Yo digo si el maestro está bien, los niños van a estar muchísimo mejor. Pienso que la persona que tiene sus espacios para trabajar y hacer su labor bien, entonces van a realizar la labor muchísimo mejor; siempre pensado en el bienestar de los niños”, expresó Rodríguez.
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La construcción de ese gimnasio ha generado muchas críticas en la comunidad y redes sociales, las cuales han llegado a oídos de Rodríguez, en el sentido de que hay otras escuelas que no tienen dinero ni para la compra de alimentos ni insumos, en medio de un contexto fiscal deprimido.
La presidenta de la Junta dijo que ella solo puede hablar por su escuela.
“Si otras escuelas no tienen los recursos... vea, son las administraciones, hay un administrador, hay una Junta de Educación que tiene que trabajar y velar por eso. Quienes están mal es porque no gestionan, porque no están usando bien los recursos. Uno en esta vida no le puede quedar bien a todo el mundo, también hemos hemos cumplido con las necesidades de los niños, a ellos no les falta nada”, explicó Rodríguez.
Añadió que el gimnasio de los niños se va a construir en una tercera etapa y que los planos ya están listos.
Una de las críticas por la construcción del gimnasio provino de Gerardo Hernández, quien es presidente de la Junta Administrativa del Liceo de Escazú y vicepresidente de la junta del Colegio Técnico Profesional de Escazú.
“Mi criterio lo comparte el 90% de los habitantes del cantón; nunca se debió invertir fondos de la ley de bienes inmuebles, que son para solventar necesidades operativas de las instituciones, en un gimnasio para recreación de sus profesores y personal administrativo de la institución. ¿Por qué?, porque esos fondos vienen a ayudar a pagar costos operativos de las instituciones. Utilizarlos en otro destinos raya con la moral y la transparencia”.
“No creo que hubo, por parte de esa junta, que todas son personas honorables del cantón, caer en ningún hecho delictuoso; lo que creo fue que faltó asesoría y un poco más de investigación por parte de ellos de cómo ejecutar esos fondos”, expresó.