La Contraloría General de la República (CGR) previno a los diputados sobre la inconveniencia de que instituciones desconcentradas, como el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), dispongan de libertad para ejecutar presupuestos propios.

En la actualidad, ese órgano de desconcentración máxima está adscrito al Ministerio de Educación Pública (MEP), que le asigna fondos según las prioridades de esa cartera.

No obstante, un proyecto de ley que se discute en el Congreso permitiría al Consejo, encargado de la fiscalización de la educación superior privada, usar recursos con independencia del MEP, con el supuesto de mejorar su eficiencia en el control de la calidad de la oferta académica en ese sector.

Esto sería posible si se le otorga la denominada personería jurídica instrumental.

Ante consultas de las diputadas Yorleni León, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), el órgano contralor advirtió sobre los riesgos que eso conlleva para el correcto uso de los fondos públicos.

“De cara a las funciones que por ley fueron otorgadas a Conesup, la valoración de conceder el atributo de personería jurídica instrumental no necesariamente debería ser interpretado como una garantía indubitable de eficacia respecto al cumplimiento de las funciones atribuidas a las instituciones, sea esta o cualquier otra.

“No necesariamente existe una correlación entre la ejecución de recursos de manera independiente que podría gestionar una institución a partir de la instrumentalidad otorgada a su personalidad y, la eficacia y eficiencia en el ejercicio de sus funciones, cuyo fin ulterior es la satisfacción del interés público.

“Esto ha sido bastamente analizado en experiencias del sector público costarricense”, concluyó la CGR.

Luego de recibir el criterio recomendativo, la diputada León presentó una moción para modificar el artículo relacionado con la personería jurídica instrumental.

“Acogimos la recomendación dada por la Contraloría General de la República en términos de no crear más órganos desconcentrados por todas las implicaciones que eso tiene”, afirmó la legisladora.

Por otra parte, el órgano contralor recordó a los diputados los esfuerzos que se realizan en estos momentos para unificar la Administración Pública y disminuir su complejidad, en aras de un mejor servicio a la sociedad, así como una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Recomendó valorar la decisión de dotar al Conesup de ese tipo de personería desde la perspectiva de la coyuntura actual “a fin de garantizar una mayor priorización de las acciones y metas, de la planificación, la ejecución, todo ello en aras de un uso eficiente de los recursos presupuestarios, tan limitados en la actualidad”.

La moción para modificar el proyecto de Reforma a la Ley del Consejo Nacional de Enseñanza Superior aún debe ser discutida y aprobada.

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Acreditación obligatoria

Más allá de la discusión sobre la personería jurídica de Conesup, la iniciativa de ley busca fortalecer la fiscalización y supervisión de las universidades privadas del país, obligándolas a certificar la calidad de sus ofertas educativas.

En la actualidad, ese proceso de acreditación apenas es una recomendación.

“Lo que queremos es mejorar la calidad de la educación en el país. En esa línea, lo que estamos estableciendo como el mecanismo que puede ayudarnos a lograrlo, es la acreditación selectiva de un bloque de carreras seleccionado a partir de criterios técnicos como los emitidos por el Estado de la Nación, Conesup o por otras instancias”, afirmó León.

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De esa manera, cinco años después de que se apruebe esta legislación, las universidades privadas tendrían que someter a un régimen de acreditación obligatoria las carreras de Educación, Tecnología de Alimentos, Salud, Derecho y Arquitectura, así como las ofertas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas.

Al cumplirse 12 años de vigencia de la normativa, deberán ampliar los sellos de calidad a todas las ofertas de Ciencias Sociales y del comportamiento, Administración de Empresas, Ciencias de la Comunicación y Periodismo, Ciencias Naturales, Economía, Estadística, Agricultura, Silvicultura, Veterinaria, Trabajo Social y Orientación.

Las universidades pueden elegir cualquier agencia acreditadora reconocida por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) o, incluso, puede ser ese mismo ente estatal.

También se establece un régimen sancionatorio para las casas de enseñanza superior privadas que incumplan con la obligación.

“Lo que estamos diciendo es que ese bloque de carreras que tienen un impacto importante en el desarrollo del país, tengan que acreditarse para que de esa forma, el estándar de calidad que tienen pueda subir, con el propósito de ofrecerle un recurso humano al país mucho más preparado del que estamos generando en este momento”, señaló León.

La propuesta, cuyo texto fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales, fue presentada por las diputadas León y Villegas.