Daniela Cerdas E.. 19 junio
En el 2018, más del 50% de los centros educativos estuvieron cerrados debido la huelga contra la reforma fiscal. Foto: Alonso Tenorio
En el 2018, más del 50% de los centros educativos estuvieron cerrados debido la huelga contra la reforma fiscal. Foto: Alonso Tenorio

La huelga impulsada por la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) paralizó este miércoles las lecciones en 2.035 centros educativos.

Esta cantidad representa un 38% del total de escuelas y colegios públicos del país.

De acuerdo con un reporte del Ministerio de Educación Pública (MEP), de los 42.205 funcionarios que laboran en dichos centros, 11.145 (26%) estuvieron ausentes.

Un día antes, se había reportado que 13.765 funcionarios no se presentaron a laborar. Ese día, solo los miembros de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) se encontraban en huelga.

Ambos sindicatos se oponen a dos proyectos que están en el Congreso. Se trata de la reforma al empleo público y una iniciativa para evitar abusos con las huelgas.

El primer plan pretende eliminar las brechas que existen en los suelos del sector público mediente la creación del salario único.

Mientras, el segundo proyecto propone incluir a la educación dentro de la lista de servicios públicos esenciales, en los cuales las huelgas están prohibidas.

APSE y ANDE alegan que estos planes atentan contra el derecho a huelga. El primero de estos gremios se mantiene en huelga intermitente desde el pasado 7 de junio.

Llamado a docentes

El Ministerio de Educación Pública (MEP) mantiene el llamado a los docentes y personal administrativo para mantenerse en las aulas sin afectar el servicio educativo para miles de estudiantes.

El año pasado, estos dos gremios y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) impulsaron un movimiento contra la reforma fiscal que cerró la mitad de los centros educativos durante 89 días.

En esa ocasión, la protesta de los educadores también provocó que más de 79.000 alumnos no pudieran acudir a los comedores escolares.

Además, hubo atrasos en la entrega de notas y los estudiantes de último año de colegio no tuvieron preparación para las pruebas de bachillerato, lo cual impactó en los resultados negativamente.

También se complicó la tramitación de nuevas becas para 22.000 estudiantes pobres.