Aunque Costa Rica cuenta desde hace más de 50 años con un código sísmico que obliga a diseñar obras resistentes a terremotos y representa, a criterio de expertos, un “escudo” ante sismos de gran magnitud, la cobertura de esa protección no es generalizada ni está garantizada.
Esto se debe a que existe un importante número de edificaciones que fueron construidas antes de que se publicara ese reglamento, al tiempo que actualmente se siguen levantando viviendas y otras infraestructuras de manera irregular sin cumplir con esas condiciones.
A esto se suman condiciones particulares que hacen que los sismos que se originan en el Valle Central no solo sean percibidos con mayor intensidad debido a la poca profundidad en la que se originan, sino que además sean casi imposibles de predecir.
¿Puede llegar un sismo a ser tan catastrófico como los ocurridos en Venezuela o Colombia?
Aunque el país, y en especial el Valle Central, no están exentos de enfrentar un terremoto de importante magnitud, las consecuencias no serían similares a las que se registraron en esos países, tanto por las normas fijadas en el Código Sísmico como por las condiciones geográficas y las fuentes sísmicas que tiene Costa Rica.
Diego Hidalgo, ingeniero del Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica, explicó a este diario que, como primera condición, el país tiene una configuración tectónica distinta y fuentes sísmicas propias que varían entre una y otra región.
Las fallas que atraviesan el Valle Central pueden generar sismos de corteza activa que ocurren a profundidades relativamente superficiales y concentran la mayor intensidad en la zona epicentral.
“Las fuentes que están cerca de la ciudad, como la que se activó hoy en la madrugada, son fuentes cercanas de corteza que tienen una capacidad de generar sismos con magnitudes no superiores a seis y medio, entonces este tipo de sismos son diferentes a los que afectaron Venezuela y Colombia. La amenaza sísmica es diferente y esto lo que va a producir es posiblemente daños más focalizados en una región”, explicó.
Según Hidalgo, un sismo de magnitud 6,5 originado cerca de la superficie puede generar un movimiento muy intenso, aunque en un área más limitada. En cambio, los sismos de subducción, que generalmente se originan en las zonas costeras del país a decenas de kilómetros de profundidad,pueden ser percibidos en una región más amplia, pero con menor intensidad, aun cuando registren una magnitud similar a la de un sismo ocurrido en el Valle Central.
Sin embargo, la amenaza también está marcada por una incertidumbre: Costa Rica no tiene identificadas todas sus fallas activas, particularmente en áreas urbanas, por lo que no se tienen los modelos o ciclos que permiten estimar cuándo o dónde ocurrirán este tipo de sismos.
“La característica de estos sismos cercanos es que son muy difíciles de saber cuándo van a ocurrir a diferencia de los originados por subducción, que tenemos una idea de que son frecuentes y sabemos más o menos cuándo van a pasar y qué ha pasado anteriormente”, explicó Hidalgo.
En el caso de los llamados sismos de corteza, esa frecuencia es casi imposible de delimitar debido a que la corteza se deforma más lentamente, a diferencia de los movimientos por placas de subducción.
“Entonces, el problema es que no sabemos cuándo van a pasar, no tenemos idea de cuál falla se puede activar, puede ser cualquier falla del país y nos toma un poco más de sorpresa”, agregó.
A modo de ejemplo, el ingeniero recordó que la falla de Otoya, que generó el sismo de enero anterior y que se percibió de forma intensa en el centro de la capital, no estaba mapeada antes de su activación.
Código Sísmico reduce el riesgo, pero no elimina los daños
Una de las principales fortalezas de Costa Rica es el Código Sísmico, cuya primera versión entró en vigencia en 1974 y desde entonces ha sido actualizada en varias ocasiones.
Esa normativa contempla los distintos tipos de sismos que pueden afectar al país y ha incorporado cambios en la práctica constructiva, entre ellos el crecimiento de la construcción de torres de apartamentos y oficinas.
El objetivo de esa reglamentación es evitar que una estructura colapse ante el sismo más severo previsto para su ubicación y tipo de construcción.
De acuerdo con Guillermo Santana, miembro de la Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico, la meta es proteger la vida de las personas, no garantizar que un edificio permanezca sin daños después de un terremoto extremo.
Santana explicó que, ante sismos pequeños, las edificaciones no deberían registrar daños estructurales. Frente a movimientos moderados, los daños deberían ser limitados.
Ambos expertos coinciden en que la preocupación no debe concentrarse únicamente en las nuevas torres que se construyen en la Gran Área Metropolitana (GAM), pues si estas cumplen el Código Sísmico y se ejecutan bajo responsabilidad profesional, incorporan las exigencias vigentes para resistir movimientos sísmicos.
El riesgo radica en estructuras que se levantaron antes de la normativa o que se ejecutan de manera informal.
De acuerdo con datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), en el país un 20% de las edificaciones se ejecutan sin permisos de construcción.
Los puentes acumulan otra vulnerabilidad
Otra gran amenaza se mantiene a la sombra de la conectividad del país: un importante número de puentes en rutas nacionales de alto tránsito fueron construidos antes de la vigencia de esa norma.
Aunque existen estudios que mantienen identificadas más de 500 estructuras bajo la categoría de “riesgo inminente”, la rehabilitación o reconstrucción de estos avanza a paso muy lento.
Actualmente 84 puentes de esa categoría han sido incluidos en el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), y otros se han ido sustituyendo como parte de proyectos de ampliación como el de la ruta 32 o laInteramericana Nortee,sin embargo, aúnn queda un importante número por atender.
Hidalgo advirtió que el problema en estas estructuras muchas llevan décadas expuestas al creciente tránsito pesado, crecidas de ríos, temblores, socavación, impactos de vehículos y otros daños sin haber recibido el adecuado mantenimiento o la supervisión sobre su estado.
Por su parte, Santana agregó que la atención de los puentes no puede quedar fuera de la planificación sísmica y sus intervenciones deberían priorizarse según la importancia que tenga cada estructura para la red vial.
Los especialistas consideran necesario identificar las estructuras existentes más vulnerables, reforzarlas y garantizar que los puentes y las carreteras estratégicas puedan continuar funcionando después de un terremoto.
Además las autoridades, instituciones y empresas también deben contar con rutas de evacuación, zonas seguras y protocolos para revisar las estructuras después de un movimiento fuerte, especialmente en hospitales, escuelas, edificios públicos y centros de trabajo.
Para propietarios de viviendas la principal recomendación es que en caso de que detecten grietas, desprendimientos u otros daños después de un sismo consulten a profesionales en ingeniería o arquitectura para determinar si se trata de una afectación superficial o de un problema que compromete la estructura.