
La Defensoría de los Habitantes presentó una oposición técnica ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para que rechace el aumento solicitado por la empresa Autotransportes Lumaca S. A. para la ruta 300 que comunica San José con Cartago.
La empresa solicitó un ajuste de ¢80 en la tarifa, con lo que el pasaje pasaría de ¢700 a ¢780. Sin embargo, la Defensoría considera que existen deficiencias en la prestación del servicio que impiden justificar un incremento para los usuarios.
Solo en la ruta 300, que conecta Cartago con San José, la empresa autobusera Lumaca moviliza alrededor de 17.000 pasajeros al día.
Según la institución, un análisis técnico basado en informes propios y de la Aresep determinó que la empresa presenta problemas de seguridad, calidad y operación que afectan el derecho de los usuarios a recibir un servicio adecuado.
En mayo, Lumaca también solicitó un aumento del pasaje a la Aresep. El ajuste planteaba aumentar la tarifa a ¢1.090 por viaje. No obstante, el ente regulador declaró inadmisible la solicitud debido a que la compañía no cumplió con la totalidad de los requisitos de admisibilidad.
Defensoría expone las fallas en el servicio de Lumaca
Entre los principales señalamientos figuran un mantenimiento insuficiente de la flota, así como una calificación ciudadana de 69,05 puntos, inferior al promedio nacional.
Además, la Defensoría indicó que aunque la demanda de pasajeros disminuyó un 10,3% entre 2021 y 2024, la empresa redujo la cantidad de viajes en un 23,3%, lo que ha provocado un sobrecupo sostenido, con promedios de hasta 91 pasajeros por salida, pese a que la capacidad autorizada es de 66 personas.
La oposición también señala incumplimientos en los horarios. De acuerdo con estudios de la Intendencia de Transporte de Aresep, el nivel general de cumplimiento de las salidas es de 83,3%, porcentaje que baja a 78,1% en las salidas desde San José.
Asimismo, se determinó que la empresa operó con 56 unidades, cuando se requerían 77 para atender adecuadamente la demanda.
Otro de los aspectos cuestionados corresponde al aumento en los registros de viajes reportados con “cero pasajeros”. La Defensoría indicó que, excluyendo el 2020 por los efectos de la pandemia, estos reportes se multiplicaron por 5,4 desde 2021, por lo que considera que el operador debe brindar una justificación técnica.
La institución concluyó que aprobar el ajuste tarifario sin que antes se corrijan y verifiquen estas deficiencias equivaldría a avalar el incumplimiento del servicio y dejar desprotegidas a las personas usuarias.
