EscucharCuatro funcionarios a cargo de jefaturas en la Municipalidad de San José demandaron a Jéssica Martínez Porras, gerenta de Gestión Municipal, por supuesto acoso laboral.
Martínez, quien hasta julio del 2023 fungió como ministra de Vivienda y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, es una de las dos gerentes que el alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, mantuvo, a inicios de año, trabajando por varios días sin tener contenido presupuestario por una gestión errónea ante la Contraloría General de la República.
Las denuncias fueron interpuestas, desde agosto del 2024, por Nathalia Gamboa Granados, directora de Control Urbano; Hazel Alfaro Fonseca, jefa de despacho de la Gerencia de Gestión Municipal; Carlos Montero Paniagua, jefe de la Sección de Permisos y Patentes; y Royée Álvarez Cartín, jefe de la Sección de Permisos de Construcción.
Las tensiones entre estos cuatro funcionarios claves del ayuntamiento y la gerenta se suman a los conflictos que arrastra Miranda con el director y subdirector de Asuntos Jurídicos, Mariano Rodríguez Solís y Marvin Torres Labardini, respectivamente.
La Nación contactó a Martínez el jueves pasado vía mensaje de texto. En un principio contestó los mensajes, pero al comentarle cuál era el asunto a tratar dejó de responder. El pasado sábado 1.º de febrero, se le llamó a su teléfono celular, pero tampoco contestó.
De acuerdo con los cuatro escritos de denuncia, Martínez supuestamente se ha dedicado, desde que asumió el puesto, a invisibilizar el rol de algunas de esas jefaturas, excluyéndolos de reuniones en las que, por sus funciones, deben estar; haciendo comentarios despectivos, ignorando solicitudes de atención y comunicaciones, imponiéndoles tareas que no corresponden a sus cargos y marginándolos de la toma de decisiones.
Por ejemplo, Carlos Montero, quien tiene a su cargo el equipo de inspecciones de patentes comerciales, relató en su denuncia que, el 12 de junio del 2024, Martínez y Miranda convocaron a los inspectores al auditorio municipal para ver los detalles de un operativo llamado “San José 2.0″.
“Esta reunión contó con la presencia del alcalde Diego Miranda y la señora Jéssica Martínez, gerenta de Gestión Municipal y Desarrollo Urbano. A pesar de ser el jefe de la Sección de Patentes y tener bajo mi mando y supervisión a los inspectores comerciales convocados, no fui notificado ni invitado a participar en dicha reunión”, declaró Montero, según información disponible en el expediente judicial.
Agregó que, según le informaron los inspectores, en la reunión se les dijo que Martínez coordinaría el operativo mencionado.
“Esta exclusión no solo afecta mi capacidad para supervisar adecuadamente a mi equipo, sino que también socava la estructura organizativa y la transparencia en la comunicación dentro de la institución”, enfatizó Montero.
De ese operativo también fue excluido Royée Álvarez Cartín, jefe de la Sección de Permisos de Construcción. En su denuncia alega que se enteró de forma “repentina” de esa acción y que, al tomar personal de su departamento sin su consentimiento o previa coordinación, quedaron al descubierto otras áreas como atención de denuncias, entre otras.
“Desde la llegada del nuevo equipo de gobierno local y la señora Jessica Martínez Porras, se ha adoptado una actitud despectiva y malintencionada hacia mí y hacia las funciones que desempeño”, expresó Álvarez.
Incluso, de acuerdo con documentos en poder de este diario, Martínez desplazó funciones asignadas por organigrama a la oficina de Álvarez, como es el caso de denuncias por irrespeto a permisos de construcción.
También se quejó de que Martínez ha conformado equipos de trabajo paralelos, no responde a oficios y hace cambios arbitrarios de horarios y funciones.
Cambio de horarios y presuntas faltas de respeto
En esa línea, Hazel Alfaro Fonseca, jefa de despacho de la Gerencia de Gestión Municipal, manifestó que, el 6 de mayo del 2024, Martínez expresó “su preferencia por trabajar hasta tarde, incluso después del horario oficial de salida de los empleados de la Municipalidad”.
“En respuesta a estas directrices, manifesté mi disposición para trabajar en equipo y adaptarme a la dinámica propuesta por la nueva gerenta. Sin embargo, también aclaré que soy madre de un niño en edad escolar, y que, aunque estoy dispuesta a extender mi horario laboral cuando sea necesario, necesitaría ser notificada con antelación para poder coordinar adecuadamente el cuidado de mi hijo”, señaló Alfaro en su demanda presentada ante un juzgado de trabajo.
Alfaro también relata cómo fue sacada de su oficina para darle el espacio a otra funcionaria de menor jerarquía.
Nathalia Gamboa Granados, directora de Control Urbano, narró en los documentos presentados ante el juzgado que, desde que llegó Martínez, ha sufrido descalificaciones profesionales y faltas de respeto.
Esas descalificaciones, según Gamboa, han ocurrido en varias ocasiones y delante de otros jefes de la Municipalidad de San José. Aportó actas de los encuentros en los que da cuenta de manifestaciones que restan valor a su experiencia profesional y capacidades.
Cada una de las cuatro demandas supera más de cien hojas, en las que se detallan cada uno de los hechos con fechas, testigos, oficios y actas que, en apariencia, los sustentan.
Las demandas también incluyen a la Municipalidad de San José de manera solidaria.
Este diario intentó conversar con los demandantes, pero prefirieron no responder consultas al respecto y esperar el desarrollo de los procesos en el plano judicial.
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¿Quién es Jéssica Martínez?
Jéssica Martínez Porras es arquitecta y ocupó, hasta julio del 2023, el cargo de Ministra de Vivienda y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Martínez fue una de las funcionarias con participación en el caso del terreno para construir el nuevo Hospital de Cartago, proyecto que frenó el presidente Rodrigo Chaves, el 25 de mayo, con base en documentos que hacían referencia a otro lote.
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Luego de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informara sobre el error en los documentos, Martínez salió en defensa del mandatario, al afirmar que aunque se trataba de otra propiedad, tenía iguales condiciones e insistió en que no era apta para levantar el centro médico.
