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El 31 de julio, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, emuló lo que han hecho otros políticos latinoamericanos: utilizar la frase “golpe de Estado” en medio de un conflicto.
Fernández empleó la expresión para reprochar la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar el nombramiento de los 12 magistrados suplentes, después de que los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se negaron a designar jueves suplentes en este órgano.
Los siguientes son mandatarios que también usaron esa frase:
⇒ Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina (2007-2015) y luego vicepresidenta (2019-2023), acuñó las expresiones “golpe judicial” y “Partido Judicial” para describir lo que consideró una persecución política a través de los tribunales, sosteniendo que entre 2014 y 2015 el Poder Judicial argentino dejó de ser independiente.
Usó la fórmula de forma sistemática en causas como Hotesur-Los Sauces, Cuadernos y el Memorándum con Irán, y la repitió en diciembre de 2022 tras ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por el Tribunal Oral Federal 2, calificando el fallo de “golpe judicial” y de “proscripción” política.
⇒ Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde 2013, recurrió a “golpe parlamentario” y “golpe continuado” para neutralizar a la Asamblea Nacional de mayoría opositora surgida en el 2015.
El 25 de octubre del 2016, tras la suspensión del referendo revocatorio y el inicio de un juicio político en su contra en el Legislativo, declaró: “No vamos a permitir un golpe parlamentario en Venezuela.”
⇒ Hugo Chávez, presidente de Venezuela (1999-2013), acuñó “golpe continuado” y “golpe institucional” a partir de la crisis de 2002, sosteniendo que el golpe militar de abril de ese año no había terminado con su restitución, sino que se prolongaba por otros medios.
Durante el paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003, habló de un “golpe económico” para describir el desabastecimiento de combustible, y en el mismo 2002 usó “golpe institucional o constitucional” para criticar a otros poderes del Estado que, a su juicio, avalaban la impunidad de los golpistas de abril.
⇒ Dilma Rousseff, presidenta de Brasil (2011-2016), calificó su propia destitución en 2016 —por un proceso de juicio político vinculado maniobras contables ilegales— de “golpe de Estado” y “golpe parlamentario”, al considerar que no existía delito penal real sino a una maniobra política.
⇒ Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileño entre 2003-2011 y hoy en un segundo ejercicio, respaldó esa misma narrativa como principal estratega político del Partido de los Trabajadores durante el proceso contra Dilma Rousseff en 2016, acusando a la oposición legislativa de ser “golpista” y de buscar “violentamente derrocar a una presidenta legítima”.
⇒ Evo Morales, presidente de Bolivia (2006-2019), renunció el 10 de noviembre de 2019 entre protestas masivas, motines policiales y una solicitud de las Fuerzas Armadas para que dimitiera, tras las elecciones de octubre de ese año y auditorías de la Organización de Estados Americanos.
En su renuncia televisada afirmó: “Ha habido un golpe cívico, político y policial” y, desde el exilio, sostuvo que la asunción de Jeanine Áñez fue un golpe de Estado, no una sucesión constitucional.
Cinco años luego, el 26 de junio de 2024, ante la sublevación militar del comandante general Juan José Zúñiga en la Plaza Murillo —bajo el gobierno de su entonces aliado y luego rival Luis Arce— Morales alertó en redes sociales: “Se gesta el golpe de Estado”.
⇒ Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia (2020-2025), enfrentó ese mismo episodio del 26 de junio de 2024 desde el otro lado del escritorio presidencial: rodeado de su gabinete, denunció “movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano” y calificó formalmente el hecho como “intento de golpe de Estado”. Antes de esa crisis, Arce ya usaba la etiqueta “golpe de Estado cívico-militar” para describir la salida de Morales en 2019.
⇒ Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (2018-2024), acusó en mayo de 2023 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a jueces de intentar un “golpe de Estado técnico” al frenar por vía legal obras prioritarias como el Tren Maya.
En marzo de 2024 repitió la fórmula al cuestionar si el bloque opositor y los tribunales planeaban un “golpe de Estado técnico” o un fraude electoral desde instancias judiciales para anular los resultados de las elecciones presidenciales de ese año.
⇒ Pedro Castillo, presidente de Perú (2021-2022), utilizó “golpe de Estado” para calificar tanto los pedidos de vacancia del Congreso en su contra —a los que llamó “dictadura congresal”— como su propia destitución posterior, ya recluido.
⇒ Martín Vizcarra, presidente de Perú (2018-2020), usó la frase tanto para rechazar acusaciones en su contra como para referirse a episodios históricos del país y la dirigió contra el Parlamento por lo que llamó una “interpretación arbitraria” de la figura de incapacidad moral permanente, que en 2020 abrió el debate sobre los límites jurídicos de esa figura.
⇒ Rafael Correa, presidente de Ecuador (2007-2017), prefirió la variante “golpe blando” entre junio y julio de 2015, cuando dos proyectos de ley —impuesto a herencias y a la especulación inmobiliaria— desataron paros y protestas masivas en Quito y Guayaquil.
En entrevista con CNN en Español, sentenció: “Aquí hay un golpe blando en marcha”. Atribuyó a la oposición una estrategia de desgaste institucional más que un reclamo legítimo.
⇒ Fernando Lugo, presidente de Paraguay (2008-2012), fue destituido el 22 de junio de 2012 mediante un juicio político exprés —con apenas dos horas para su defensa— tras la Masacre de Curuguaty. Usó de inmediato las expresiones “golpe parlamentario” y “golpe de Estado parlamentario”. Hubo un procedimiento formal, pero su brevedad alimentó la lectura de analistas y prensa en la época de que fue una destitución encubierta.
Lo sucedido en Honduras sí fue una ruptura del orden constitucional
⇒ Manuel Zelaya Rosales, presidente de Honduras (2006-2009), fue sacado por la fuerza de su residencia el 28 de junio de 2009 por comandos del Ejército, tras el choque institucional generado por su intento de impulsar una consulta popular (“La Cuarta Urna”) declarada ilegal por el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema y el Congreso. Horas después, ya en San José, declaró: “Esto es un zarpazo a la democracia, un golpe de Estado militar brutal”.
Ese es uno de los pocos casos del recuento con ruptura constitucional indiscutible con una destitución por la fuerza, sin proceso legal previo.
