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En poco más de una década, se talaron 48.000 árboles en Costa Rica, de los cuales cerca del 43% corresponden a talas ilegales. Esta deforestación representa una pérdida de casi 17 hectáreas de cobertura boscosa, incluidas 6,3 hectáreas producto de cortes sin permiso.
Estos datos provienen de un estudio realizado por el Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) con base en estadísticas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), que analizó las talas legales —con autorización— e ilegales entre 2011 y 2023.
Según el informe, en las 12 áreas de conservación administradas por el Sinac, se reportaron 27.427 árboles talados legalmente y 20.547 de manera ilegal, para un total aproximado de 48.000 árboles menos. Esto equivale a una pérdida promedio anual de 1.581 árboles.
El director del PBAE, Darner Adrián Mora Alvarado, señaló que se observa un aumento en las talas ilegales en las provincias de Limón y Alajuela a partir de 2023.
El estudio también reveló que Puntarenas y Alajuela concentran la mayor cantidad de denuncias por tala ilegal durante el periodo analizado. El año con más reportes fue 2021, cuando el Sinac recibió 2.108 quejas, en plena pandemia.
Mora explicó que, a inicios del siglo XX, Costa Rica incentivó la deforestación mediante políticas que promovían el desarrollo económico y agropecuario. Esto provocó la pérdida de la mitad de los bosques maduros del país entre 1940 y 1980.
Sin embargo, desde la década de 1980, el país implementó regulaciones ambientales más estrictas, impulsadas por un modelo de desarrollo enfocado en el turismo sostenible.
Estas medidas frenaron significativamente la deforestación, permitiendo que la superficie forestal alcanzara tres millones de hectáreas en 2021, un incremento del 6,27% en comparación con 2010.
Impactos positivos y riesgos actuales
La recuperación de los bosques ha fortalecido la biodiversidad y mejorado servicios ecosistémicos clave, como el control de la erosión, la conservación del agua en calidad y cantidad, y la captura de carbono. Además, ha aumentado el atractivo turístico del país.
Sin embargo, Mora advirtió de que la tala ilegal podría revertir estos avances.
“Cuando hay abundancia boscosa, se incrementa la probabilidad de la tala ilegal. Este fenómeno tiene raíces complejas, pues responde a factores políticos, institucionales, sociales y económicos que han evolucionado con el tiempo”, comentó.
En Costa Rica, las políticas de colonización y desarrollo rural han fomentado la conversión de bosques en terrenos agropecuarios, lo que ha incentivado la tala no autorizada.
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Según la Ley Forestal vigente (Ley 7575), la tala ilegal incluye cualquier corte de árboles prohibido formalmente por la normativa. Sin embargo, uno de los principales problemas para combatir la tala ilegal es la falta de sanciones claras en esa ley, indicó Mora.
El investigador subrayó que la normativa no cumple plenamente con el principio de tipicidad, que establece que toda ley debe contemplar una sanción específica para cada irregularidad. Esta omisión dificulta la labor de las autoridades judiciales y administrativas, favoreciendo la impunidad de los infractores.
Ante este panorama, en setiembre pasado, la Comisión Nacional del PBAE acordó dar seguimiento anual a las cifras de tala, utilizando como referencia los datos recopilados entre 2011 y 2023.
