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El gobierno de Costa Rica condenó este sábado las medidas comerciales que la República Popular China impuso contra buques de bandera panameña, y calificó de arbitrarias e injustificadas las demoras e inspecciones aplicadas en puertos chinos.
El comunicado sobrevino al día siguiente de las declaraciones del secretario de Estado estadounidese, Marco Rubio, quien consideró que actos recientes de las autoridades chinas de retrasar la salida de los barcos de sus puertos bajo pretexto de inspecciones son una represalia por una sentencia de la Corte Suprema panameña. Esa sentencia invalidó el contrato que tenía una filial de una compañía hongkonesa para gestionar dos puertos en el canal, en Balboa y Cristóbal.
En su comunicado de este sábado, la Cancillería costarricense advirtió que esas acciones ponen en riesgo el comercio mundial y reiteró su apoyo al gobierno de Panamá.
La nota diplomática costarricense también invocó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como marco jurídico que debe regir la conducta de los Estados en materia marítima y comercial.
El pronunciamiento costarricense se produce en el contexto de una escalada de tensiones entre China y Panamá que arrancó a inicios de febrero, cuando la Corte Suprema panameña anuló la concesión de los puertos de Balboa —en el Pacífico— y Cristóbal —en el Atlántico— que desde 1997 operaba la empresa hongkonesa CK Hutchison a través de su filial Panama Ports Company (PPC).
Ante ese fallo, Pekín advirtió desde entonces que Panamá pagaría un alto precio político y económico si no revertía la decisión.
La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado calificó aquella resolución de absurda y la acusó de fallar en lógica básica.
China deja entrever presiones de Estados Unidos
El comunicado chino, difundido en la cuenta oficial del organismo en WeChat en febrero, sostuvo además que la independencia judicial panameña quedó desacreditada ante la comunidad internacional.
China argumentó que CK Hutchison invirtió más de $1.800 millones en Panamá durante casi tres décadas, generó miles de empleos y operó bajo contratos renovados con aval de las autoridades y los entes reguladores panameños.
Por ello, calificó el fallo del Tribunal Supremo como una violación grave del Estado de derecho y del espíritu contractual, y acusó al Estado panameño de despojar a la empresa de sus derechos de explotación de forma arbitraria.
Sin mencionar directamente a Estados Unidos, el comunicado chino aludió a “ciertos países” que presionan a otros Estados para someterlos a su voluntad.
El señalamiento se produjo después de que Washington celebrara el fallo judicial y cuestionara públicamente la influencia de Pekín sobre el canal de Panamá.
La disputa cobró mayor dimensión geopolítica el año anterior, cuando CK Hutchison acordó el traspaso de la concesión a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock. China frenó esa transacción en medio de su pulso comercial y estratégico con Estados Unidos.
