El Gobierno de China reaccionó con dureza al fallo del Tribunal Supremo de Panamá que anuló la concesión de dos puertos estratégicos del canal de Panamá operados por la empresa hongkonesa CK Hutchison. Pekín advirtió que el país centroamericano pagará un alto precio político y económico si no revierte la decisión.
La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado, órgano del Ejecutivo chino, calificó la resolución como absurda desde el punto de vista legal. Según el pronunciamiento, el fallo presenta fallas de lógica y resulta extremadamente ridículo. El comunicado se difundió en la cuenta oficial del organismo en WeChat.
China señaló que las autoridades panameñas deben reconocer la situación y corregir su rumbo. De lo contrario, enfrentan consecuencias inevitables en el plano político y económico. El texto indicó que el país asiático cuenta con los medios y la capacidad para defender un orden económico y comercial equitativo a nivel internacional.
El documento no mencionó de forma directa a Estados Unidos, aunque hizo referencia a “ciertos países” que presionan a otros Estados para someterlos a su voluntad. El señalamiento se dio luego de que Washington celebrara el fallo y cuestionara la supuesta influencia china sobre el canal de Panamá.
La oficina china sostuvo que la decisión judicial refleja sumisión y servidumbre de las autoridades panameñas ante una hegemonía externa. También afirmó que la independencia judicial del país quedó desacreditada y perdió credibilidad internacional.
Según el pronunciamiento, la concesión portuaria se mantuvo vigente durante casi 30 años. Además, los procesos de renovación contaron con la validación de las autoridades panameñas y de los entes reguladores. Por esa razón, China consideró el fallo como una grave violación del Estado de derecho y del espíritu contractual.
El organismo recordó que CK Hutchison invirtió más de $1.800 millones en Panamá. Esas inversiones, de acuerdo con China, generaron miles de empleos. En ese contexto, acusó al Estado panameño de despojar a la empresa de sus derechos de explotación de forma arbitraria.
China advirtió que la anulación de la concesión daña la credibilidad del país, afecta el entorno empresarial y golpea el desarrollo económico. También señaló que la medida menoscaba las reglas del comercio internacional y equivale a una acción perjudicial para Panamá.
El Tribunal Supremo de Panamá declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison. Desde 1997, la empresa operó los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, ubicados en ambos extremos del canal.
El año anterior, CK Hutchison acordó el traspaso de la concesión a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock. Sin embargo, la transacción quedó frenada por China en medio de una disputa geopolítica con Estados Unidos.
En ese mismo contexto, el contralor general de Panamá, Anel Flores, presentó el 30 de julio dos demandas ante la Corte Suprema. Las acciones se basaron en una auditoría que detectó numerosas irregularidades en el contrato de concesión.
Tras el fallo judicial, Panama Ports Company anunció el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra Panamá. La empresa consideró que enfrenta una campaña dirigida específicamente en su contra y solicitó una indemnización amplia.
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