Corte Plena ordena que el Poder Judicial priorice resolver casos de presuntos funcionarios de ese poder corruptos. (Jose Cordero)
La Corte Plena acordó generar una directriz para que los despachos y oficinas judiciales prioricen resolver los procesos en los que estén involucradas personas funcionarias judiciales, investigadas por presunta corrupción.
La decisión firme se adoptó durante la mañana de este lunes, durante la sesión semanal de ese órgano, y fue impulsada por la magistrada vicepresidenta, Damaris Vargas.
“La medida busca agilizar los casos en los que estén pendientes decisiones sobre medidas cautelares, sentencias o recursos. Esto cobra especial relevancia cuando una persona funcionaria se encuentra suspendida con goce de salario, debido al impacto que estas situaciones pueden tener en el servicio de justicia y en la gestión efectiva del presupuesto institucional”, explicó el Poder Judicial en un comunicado.
Los magistrados señalaron que esos casos de suspensiones con goce de salario generan erogaciones fuertes para ese poder del Estado.
De esta manera, agrega el comunicado, se busca fortalecer su respuesta ante posibles hechos de corrupción, procurar que estos procesos avancen oportunamente y proteger la confianza de la ciudadanía en la institución.
Durante la sesión, la magistrada Julia Varela propuso que se extendiera esa priorización a todos los casos en que estuvieran relacionados con funcionarios públicos. Sin embargo, fue rechazada por el pleno.
La Corte Plena se compone de los 22 magistrados de las tres salas de casación y Constitucional. (JOHN DURAN/John Durán)
Alarma por restitución de jueces despedidos
A los magistrados los alarmó, de forma particular, casos en donde han destituido a jueces, pero posteriormente en la vía contenciosa los restituyen como medida cautelar.
“Van documentados todos los actos (para justificar el despido), como el último juez (de Garabito) que fue apresado la semana pasada. Ese juez fue despedido por esta Corte Plena y acude al Contencioso; y ahí se borra toda la memoria, todo lo actuado y todas las acciones por las cuales se despidió y no tiene ningún efecto”, cuestionó la magistrada Roxana Chacón.
“No me quiero meter con lo que cada juez hace, porque es propio de ellos, pero hay algo importante que decir: los expedientes tienen que revisarlos y uno tiene que tener una noción de qué es lo que va a dictar y qué va a proteger. Porque no va a ser nunca algo que ya estaba claramente acreditado”, dijo la jueza.
El Poder Judicial confirmó que Chacón se refería al caso de un juez de Jacó, de apellidos Mora Herrera, cuya destitución permanece suspendida desde 2023. Aunque el Tribunal Contencioso Administrativo ratificó su despido en abril de 2026 y rechazó una demanda por ₡40 millones, el juez recurrió a la Sala Primera, donde el caso aún está en análisis.
La decisión de los magistrados también ocurre luego de una semana pasada convulsa, en la que detuvieron a dos jueces y una agente de la Polícia Judicial por presunta corrupción, asociada a una causa penal donde figuran la hermana y otros allegados de Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
A los tres se les dictaron medidas cautelares no privativas de libertad.
La Corte también aprobó un acuerdo para que en un plazo de 15 días las Salas I, II y III emitan una serie de recomendaciones para mejorar y eficientizar las medidas cautelares en cada una de sus áreas, especialmente en situaciones relacionadas con crimen organizado.
