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La Secretaría de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) confirmó que abordará al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) por una denuncia de presunta degradación ecológica en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (Talamanca, Limón). La queja fue presentada por el diputado Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio (FA).
Ramsar, denominada así por la ciudad iraní donde se firmó en 1971, entró en vigor el 21 de diciembre de 1975. Desde 1995, el Refugio forma parte de los 12 sitios protegidos en Costa Rica bajo este tratado intergubernamental, ratificado por ley en 1991.
El legislador consultó a la secretaria general de la Convención, Musonda Mumba, si el gobierno ha reportado cambios en las características ecológicas del Sitio Ramsar n.º 783 (Humedal Gandoca-Manzanillo) causados por la actividad humana. Robles denunció en enero que, a nivel nacional, no existe constancia de tal notificación.
El pasado 13 de marzo, la Secretaría de ese acuerdo mundial confirmó por correo electrónico al legislador que abordaría al gobierno sobre el tema. En el mensaje, validado por el despacho de Robles Barrantes, la Secretaría comunicó que, tras analizar la denuncia enviada en enero, procederá conforme al artículo 3.2 de la Convención, por lo que contactará al Minae a pedirle aclaraciones.
El artículo 3.2 ordena que cada Parte Contratante de Ramsar “tomará las medidas necesarias para informar lo antes posible acerca de las modificaciones de las condiciones ecológicas de los humedales en su territorio e incluidos en la Lista, y que se hayan producido o puedan producirse como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la contaminación o de cualquier otra intervención del hombre”.
El Manual de la Convención: Guía a la Convención sobre los Humedales indica que la Secretaría se da por notificada si un tercero —en este caso, un diputado— le aporta información relevante sobre un cambio o posible cambio en las características ecológicas de los humedales de un Estado Parte (gobierno de Costa Rica).
En tal situación, según el Manual, “la Secretaría se comunica con la Autoridad Administrativa de la Parte concernida, pide aclaraciones sobre la situación y ofrece asesoramiento si hace falta”. Además, informará al denunciante sobre las respuestas recibidas y las medidas adoptadas.
El mensaje al legislador llegó en la misma semana en que la Sala Constitucional dictó tres medidas cautelares en favor del Refugio para “evitar daños graves e irreparables al ambiente”.
Omisión en informe
El anuncio de la Secretaría coincidió con la divulgación de un reportaje de La Nación que reveló cómo el Minae, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), omitió informar a Ramsar sobre modificaciones como una reducción del área de Gandoca-Manzanillo.
Costa Rica está obligada a reportar cualquier alteración en las características ecológicas de estos ecosistemas acuáticos.
Sin embargo, el incumplimiento quedó evidenciado en un informe enviado a la Secretaría de Ramsar por Rotney Piedra Chacón, director del Programa Nacional de Humedales y Punto Focal Nacional del acuerdo. Este documento, de carácter obligatorio, se remitió con motivo de la 15.ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP15), prevista para julio en Victoria Falls, Zimbabue.
El informe sigue un formato estandarizado que cada país debe presentar cada tres años, al menos seis meses antes de cada COP de Ramsar.
Su propósito es actualizar el estado de los humedales a nivel global e incluir esos datos en el informe mundial sobre estos ecosistemas. Sin información actualizada, la Convención no puede conocer el estado real de estos cuerpos de agua.
El funcionario reportó hace meses a la Secretaría que no había cambios en el carácter ecológico de los humedales ni información adicional que compartir. No obstante, el reporte contradice hechos documentados.
En mayo de 2024, el Sinac redujo en 92 hectáreas (ha) el área de humedales en la zona marítimo-terrestre (ZMT) de Talamanca, según consta en documentos oficiales.
Un informe de junio de 2021, elaborado por dos funcionarios del Sinac, había identificado 165,12 ha de humedales en el litoral de Talamanca, lo que garantizaba una alta protección a esos ecosistemas. Sin embargo, en un nuevo estudio publicado en 2023, el Sinac desacreditó el informe anterior y redujo el área de humedales a 73,43 ha, es decir, un 44% menos.
El Sinac justificó la reducción argumentando que en el informe de 2021 se incluyeron por error “propiedades inscritas en el Registro Nacional que no forman parte del patrimonio natural del Estado”. Según su criterio, los humedales deben estar registrados a nombre del Estado para ser reconocidos como tales. Esta justificación está consignada en el informe SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024.
El ajuste no solo se omitió en el reporte a Ramsar, sino que también ha sido objeto de cuestionamientos por parte de otras autoridades nacionales, incluida la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional.
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