La Sala Constitucional dictó tres medidas cautelares en favor del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ubicado en el cantón de Talamanca (Limón), para “evitar daños graves e irreparables al ambiente”.
Los magistrados tomaron la decisión, este miércoles, ante el incumplimiento de una sentencia emitida en julio del 2019, la cual ordenó definir los límites del refugio. El ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra, no ha hecho esta labor.
El 10 de setiembre del 2024, la Sala IV declaró un incumplimiento de esa sentencia y reiteró las órdenes antes mencionadas. Ahora, impuso las siguientes tres medidas cautelares hasta que “no llegue a la Sala el informe final de cumplimiento de la sentencia 2019-12745 o hasta que la Sala no disponga otra cosa”. Las medidas son las siguientes:
1. Se suspende el otorgamiento de concesiones o permisos nuevos y la ejecución de concesiones o permisos ya otorgados, por parte de la Municipalidad de Talamanca, sobre las 20,1 ha de terrenos clasificados como bosque que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre (ZMT) del refugio.
2. Se suspende la directriz N.° 09-2023 del Minae que dispone que los límites oficiales del refugio son los establecidos en una ley que fue declarada inconstitucional en el 2019. Se trata de la norma N.° 9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, que data de abril del 2014.
3. Se declara la moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de tala y aprovechamiento forestal por parte del Minae y el Sinac, en las áreas de los siete bloques de bosque que deben ser retornadas formal, material y normativamente al refugio. Tanto los permisos nuevos como los permisos ya otorgados quedan suspendidos de inmediato, particularmente el permiso otorgado a la firma Playa Manzanillo S. A., cuyo representante legal es el empresario Allan Pacheco Dent (011-2024-ACLAC-SLT).
Ese permiso en específico, es investigado por la Fiscalía Adjunta Ambiental, la cual presume que habría sido otorgado por el Sinac de manera ilegal, en contra de lo establecido en la Ley Forestal.
Además, la Fiscalía General abrió otra causa contra Pacheco Dent, el ministro Tattenbach y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por un aparente delito de tráfico de influencias. Esa pesquisa se abrió luego de que La Nación revelara que, al tiempo que ese permiso se tramitaba, Chaves, su gabinete y funcionarios de la Casa Presidencial realizaban fiestas en una finca de la familia del empresario en San José de la Montaña.
Paralelamente, Pacheco Dent realizaba visitas a la Presidencia y fue nombrado por Chaves, en mayo del 2023, en la Comisión Fílmica Nacional, un órgano del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).
Por otra parte, la Sala solicitó la colaboración de la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República para ser coadyuvantes en la vigilancia sobre el cumplimiento de lo ordenado en sentencias números 2019-12745, del 10 de julio del 2019, y 2024-26300, del 10 de setiembre del 2024.
“Particularmente, para que, cada vez que llegue un informe mensual a esta Sala por parte del ministro de Ambiente y Energía y del director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, realicen una réplica, en lo que atañe al ámbito de sus competencias”, dice la resolución.
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Anteriormente, la Sala había ordenado al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) —un órgano adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)— delimitar las 188 hectáreas (ha) de bosque que se sacaron del refugio ubicado en el Caribe sur, en el 2014. Una vez realizada esa labor, le encomendó a la Procuraduría General de la República (PGR) la tarea de recuperar las tierras que sean del Estado.
Además, dispuso que en el caso hipotético de que haya terrenos privados en la nueva delimitación, el Sinac y demás entidades competentes “deben imponer todas las limitaciones que establece la legislación ambiental para la protección de esas áreas boscosas”.