EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) señaló inconsistencias y falta de controles en la gestión del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), mediante el cual se construyen obras viales, viviendas y escuelas afectadas por fenómenos naturales o en condición de riesgo.
La Contraloría señaló deficiencias en la definición de roles y responsabilidades, ausencia de mecanismos claros para realizar los pagos, así como debilidades en la definición de los proyectos que se financian con un crédito de $700 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
De acuerdo con el informe dado a conocer este martes, en 56 proyectos se detectaron inconsistencias en su ubicación o viabilidad y 41 obras no han comenzado pese a tener orden de inicio. Además, en 365 de los proyectos se reportan avances físicos a pesar de que se encuentran en etapas previas a la ejecución.
El documento señala que el establecimiento de los mecanismos de control ejercidos por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) como organismo ejecutor coordinador, no cumple con la normativa, por lo que no es posible asegurar razonablemente su funcionamiento.
Aparte de la CNE, también son responsables de las contrataciones del Proeri, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). En total, son 502 proyectos para carreteras, puentes, centros educativos y sistemas de acueducto.
Por tratarse de contrataciones de emergencia, estos procesos se realizan fuera del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y sin pasar por los controles de la CGR. La CNE anunció en agosto una plataforma específica donde son publicados cada uno de los lotes de obras.
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Sin regulación para figura de ‘peligro inminente’
En el informe divulgado este martes, la Contraloría apuntó de que debido a que la CNE no dispone de mecanismos de control que regulen la figura de peligro inminente, no se ha podido verificar la razonabilidad de los costos de los proyectos, ni tampoco se han definido controles que permitan garantizar la transparencia en los pagos.
“Es necesario que la CNE establezca regulaciones claras para la aplicación de esta figura, a fin de evitar la inversión en proyectos que no cumplen con el objetivo del programa y procurar el buen manejo de los recursos del mismo”, agrega el documento en una de las conclusiones.
Asimismo, se agrega que la desvinculación entre la gestión y el sistema de control requerido pone en riesgo el desarrollo “seguro, planificado, transparente y confiable de las inversiones”. Esa situación, determinó la Contraloría, podría implicar desviaciones en el plazo, costo y alcance programado.
La mayoría de recursos del Proeri están dirigidos a proyectos de “peligro inminente” (73,8%). Los proyectos más cuantiosos son los relacionados con la atención de puentes ($240 millones aproximadamente).
La semana anterior, durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, el presidente de la CNE, Alejandro Picado Duarte, declaró que la entidad identificó casos de empresas constructoras que se habrían puesto de acuerdo para elevar el costo de los contratos en cinco escuelas incluidas en Proeri. A pesar de la situación, Picado reconoció que no presentaron denuncias.
Este martes, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) decomisó el acta de esa sesión donde constan las manifestaciones de Picado.
