Escuchar
El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) solicitó a la Contraloría Universitaria de esa casa de estudios iniciar una auditoría en la Facultad de Derecho ante la denuncia de un estudiante por presuntas inconsistencias en el uso de fondos de la Decanatura de Derecho para gastos de alimentación.
En el documento que remitió el estudiante Jonathan Alfaro Miranda se cuestiona que supuestamente cinco compras se destinaron a fines distintos a los reportados. En total, los gastos que suman ¢678,527.
Según la denuncia, se habrían utilizado en un convivio con un grupo de empleados el 5 de diciembre, con 58 invitados.
“Desde el Consejo Universitario se envía un genuino agradecimiento por la gestión efectuada, pues denota interés real por la fiscalización correcta de la utilización de los recursos financieros universitarios”, dice la misiva remitida por el CU a Alfaro.
Al momento de publicar la denuncia, La Nación intentó contactar por vía telefónica a la decana Marcela Moreno, sin obtener respuesta. Además, se enviaron consultas por correo electrónico, con copia a la Oficina de Comunicación Institucional de la UCR.
Detalle de gastos
Según el denunciante, el 15 de octubre de 2025 la Facultad de Derecho hizo una compra de 115 piñas de tamales, 115 queques navideños y 115 bebidas por un monto total de ¢448.500.
No obstante, ante la Oficina de Administración Financiera de la UCR, las compras se habrían reportado con el detalle de “compra de productos alimenticios para la atención de la Asambleas de Facultad”, dice el denunciante.
El asambleísta alega que, para ese momento, la Facultad se encontraba bajo modalidad virtual obligatoria por un cierre ordenado desde el 16 de octubre de 2025, por inundación.
En consecuencia, según la denuncia, era imposible utilizar algunos de esos gastos en alimentación para la Asamblea de Facultad. Según Alfaro, no fue sino hasta 18 de diciembre que se volvió a realizar una reunión de este tipo, pero de forma virtual.
De acuerdo con la denuncia, el jefe administrativo de la Facultad de Derecho, Gustavo Pérez Astorga, indicó que los gastos se utilizaron para un convivio realizado el 5 de diciembre.
Sin embargo, el jefe hizo esta aclaración el 27 de marzo del 2026, pese a que la liquidación del gasto había sido enviada el 3 de noviembre a la Oficina de Administración Financiera (OAF) por parte de Pérez y la decana Marcela Moreno, con el detalle original del uso del dinero.
El 31 de octubre del 2025, se hizo otra compra de “repostería especial” por un monto de ¢80.250.
Fue reportado el 20 de noviembre como “repostería para la atención de reunión de presentación del Plan de Trabajo de la Decanatura“.
Pese a ello, dice la denuncia, el administrador de Derecho indicó, el 27 de marzo, que el gasto se utilizó en el mismo convivio del 5 de diciembre.
El 25 de noviembre, se hizo una compra de una caja de manzanas calibre 80, así como 8,2 kg de uva verde y 8,2 kg de uva negra, por ¢77.353.
Según la denuncia, el gasto fue reportado el 26 de noviembre como “compra de alimentos para la actividad de integración a cargo de la Decanatura, favorecer la convivencia institucional y asegurar el adecuado desarrollo del evento, conforme a los objetivos de bienestar y participación establecidos institucionales”.
Pero el administrador de Derecho admitió el 27 de marzo que el gasto se utilizó en el mismo convivio del 5 de diciembre.
El 25 de noviembre, también se compraron 30 litros de gaseosa y 30 litros de té frío, cuyo reporte de gasto aparece como “compra de bebidas y suministros de limpieza para uso común en el Facultad”. Al día siguiente, la Facultad adquirió otros 30 litros de gaseosa y 20 litros de té frío, 300 platos desechables y vasos desechables. La suma de esos gastos ascendería a ¢73.697.
El reporte, según la denuncia, indica que el uso era “compra de alimentos y desechables para actividad de integración a cargo de la Decanatura”.
La administración sostiene que estos insumos sí se usaron para esos fines, aunque el denunciante pidió investigar si también se usaron en el convivio navideño.
Según la propia Facultad, el convivio correspondió al cierre institucional y fue realizado el día viernes 5 de diciembre de 2025 “con personas administrativas y docentes del Área Administrativa, Biblioteca, Consultorios Jurídicos, Conapam (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor), Casa de Justicia, Clínica de Migración y Refugio (58 personas convocadas)”.
Alfaro denunció que el convivio del 5 de diciembre se habría realizó durante un momento en que “a los estudiantes se les negaba el derecho de utilizar las instalaciones para recibir clases, en una Facultad que se suponía “inutilizable” por las inundaciones".
“Además no se le permitió a nadie dar clases ni recibirlas dentro de las instalaciones desde octubre del 2025 hasta marzo del 2026″, denuncia Alfaro.
