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Solo tres proyectos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), ejecutados por el Consejo Nacional de Vialidad, han finalizado tras 14 meses de iniciado, a pesar de que su financiamiento fue aprobado para atender obras en riesgo inminente o urgentes.
Como parte del plan avalado en el 2024, el Conavi tenía a su cargo la ejecución de al menos 88 obras de infraestructura, las cuales son licitadas mediante una plataforma externa al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Entre esas obras se incluyen intervenciones en puentes, arreglos en carreteras, estabilización de taludes y otras obras pluviales.
Según confirmó el Conavi, órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a la fecha solo se han completado tres proyectos que corresponden a obras de estabilización de taludes en el Caribe.
En los próximos seis meses, indicó la entidad a este diario, se entregarían otros 14 proyectos, entre los que se incluyen varios puentes vehiculares.
De acuerdo con los datos del Conavi, el porcentaje de avance general del programa Proeri bajo su ejecución es de 22%, con fecha al 31 de enero anterior. La estimación del Consejo es que la totalidad de proyectos estarían listos en abril del 2027.
Según el mismo reporte de la plataforma, actualmente hay 50 obras en ejecución y se han adjudicado contratos por más de $242 millones (este rubro incluye además proyectos de preinversión como estudios o contratación de diseños y supervisión de obras). De ese monto, solo se han facturado, $2,6 millones.
Entre esas obras se encuentran labores de rehabilitación, como las que actualmente se ejecutan en el puente sobre el río María Aguilar, en Circunvalación y la rehabilitación del puente sobre el río Tárcoles, en la ruta Costanera.
También se incluyen las intervenciones requeridas en la ruta 32 para evitar cierres a causa de derrumbes, las cuales aún se encuentran en fase de estudio para posteriormente contratar el diseño y construcción de las soluciones que arrojen esos análisis. Para estos trabajos se destinaron más de $30 millones.
¿Por qué el atraso?
De acuerdo con la plataforma E-Proeri, que concentra el detalle de estos planes, un total de 75 procesos de licitación fueron declarados desiertos o infructuosos. Esto implicó iniciar una nueva gestión de contratación y de ahí que se produjeran atrasos en los cronogramas.
El Conavi aseguró que estas situaciones ocurrieron debido a “razones técnicas o económicas” de parte de las empresas, como incumplimiento de capacidad financiera mínima requerida, incumplimiento de experiencia mínima requerida para la obra o falta del personal clave.
“Esto resulta en el aumento significativo de los tiempos relacionados al relanzamiento de esos procesos de adquisición”, agregó.
Las autoridades de Conavi alegaron, además, que posterior a las intenciones de adjudicación también se registraron “demoras significativas”, protestas y recursos de apelación interpuestos por oferentes que no resultaron adjudicados, los cuales, aseguró, han sido resueltos a favor de la Administración.
Advertencias
Las deficiencias en los carteles y la ejecución del programa han sido cuestionados, desde el lanzamiento de la plataforma, por entes como la Cámara de la Construcción y la Contraloría General de la República.
En diciembre del 2024, la Cámara criticó que dichas contrataciones se ejecutaran fuera del Sicop.
Ese ente advirtió de que esto afectaría la eficiencia y la transparencia de los procesos y señaló vacíos de información para que los oferentes pudieran presentar propuestas completas.
Ese ente también cuestionó los plazos cortos para ofertar, lo que impedía a las empresas preparar sus propuestas adecuadamente, además de multas “excesivas”, incluso por faltas menores, lo que podría desincentivar la participación.
Posteriormente, en febrero del año anterior, la Contraloría advirtió de inconsistencias y falta de controles en la gestión de los proyectos de este programa.
La CGR alertó sobre deficiencias en la definición de roles y responsabilidades, ausencia de mecanismos claros para realizar los pagos, así como debilidades en la definición de los proyectos.
En diciembre anterior, la el órgano contralor también informó, en el oficio DFOE-SOS-0808, de los riesgos por la ausencia de análisis “sistemático” de parte del Conavi, sobre los compromisos contractuales vigentes de los oferentes y sobre su capacidad operativa y financiera real.
Esa situación podría afectar la ejecución de las obras en proceso y además dificulta prever “posibles tensiones” en la disponibilidad de recursos, así como eventuales retrasos o desafíos de coordinación de múltiples proyectos simultáneos.
“Esta falta de insumos y de evaluación también restringe la posibilidad de adoptar decisiones informadas durante el proceso de contratación y limita la capacidad institucional para anticipar escenarios de presión operativa que podrían afectar la ejecución del programa en su conjunto”, se agrega en el documento.
Además de los riesgos operativos, la CGR destacó que esta situación “compromete la transparencia y trazabilidad de las decisiones”, lo que podría aumentar el riesgo de corrupción, específicamente al concentrar adjudicaciones en un mismo contratista sin contar con información suficiente sobre sus compromisos, cuando se trata de empresas que participan de manera recurrente en varios procesos a la misma vez.
Los proyectos del programa Proeri se financian con un crédito de $700 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En el caso del Conavi, las obras a su cargo representan una inversión de $317 millones.
Además del Conavi, otros proyectos están a cargo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
