EscucharLos diputados debatieron este miércoles sobre la decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de suspender temporalmente 58 obras de infraestructura, presupuestadas en $340 millones, mientras revisa el estado financiero de la entidad.
Entre esas obras destacan los nuevos hospitales de Cartago y Limón.
Legisladores de oposición señalaron fuertemente al Poder Ejecutivo por la medida, mientras que la agrupación de Gobierno, el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), defendió la decisión.
Los partidos Frente Amplio (FA), Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) atribuyeron al Poder Ejecutivo un debilitamiento de la CCSS mediante acuerdos de los directivos.
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“La Junta Directiva puesta a dedo por el Gobierno no está limpiando de pulgas a la Caja, está amarrando a la Caja”, aseguró la frenteamplista Sofía Guillén, al criticar el freno a hospitales y Ebais.
Alegó que, antes de suspender inversiones, se debió resolver el pago de la deuda del Estado con la seguridad social, la tercerización de servicios y el cobro a los empresarios morosos.
Paulina Ramírez, legisladora del PLN, lamentó que la decisión provoque un nuevo atraso en la construcción del nuevo hospital Max Peralta, de Cartago, en momentos en que el Gobierno insiste en que la CCSS está quebrada.
Añadió que le genera suspicacia que estas y otras obras suspendidas sean administradas por un fideicomiso inmobiliario con el Banco de Costa Rica (BCR), la entidad que el Gobierno pretende vender.
María Marta Carballo, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), lamentó que la decisión también afecte el inicio de la construcción del nuevo Hospital Tony Facio de Limón, previsto para el 2025.
Argumentó que la demanda hospitalaria en el centro se ha triplicado en los últimos años. Agregó que hay problemas de hacinamiento y ahora incertidumbre sobre la obra.
“Espero que las valoraciones que vienen en estos tres meses tomen en cuenta el hacinamiento y la necesidad real de los usuarios de la Caja en la provincia de Limón y que obras tan esperadas y necesarias puedan estar de nuevo en el portafolio de inversiones de la Caja”, pidió Carballo.
Gloria Navas, legisladora del Partido Nueva República (PNR) y quien retornó al Congreso luego de sufrir un quebranto de salud, cuestionó si es más importante suspender inversiones por un discurso de presunta quiebra de la Caja o la protección de la salud y la vida a través del desarrollo de obras.
“Lo más importante es la protección de la salud, lo más importante es la protección de la vida frente a situaciones donde se dicen se suspenden construcción de hospitales y proyectos (...), por un discurso que no está establecido. Hay un ataque a la democracia porque a la ciudadanía no se le ha consultado qué piensa de esta circunstancia o si de verdad está quebrada”, señaló Navas.
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Pilar Cisneros, jefa de bancada del PPSD, defendió la decisión de la Junta Directiva de la CCSS.
“La Caja está gravemente enferma producto de años de mala administración y aunque el tratamiento es doloroso, también es necesario para saber con certeza cuál es su verdadera situación económica. Hoy por hoy nadie, nadie lo sabe porque el secretismo, los números que nunca cierran, las auditorías que señalan graves inconsistencias y las decisiones sin sustento técnico han puesto en jaque a nuestra querida institución”, justificó Cisneros.
La suspensión no es solo por el costo de construir obras sino por lo que representa mantener su operación anual, indicó la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel.
El freno de inversiones incluye la compra de terrenos en los casos en que la licitación esté en proceso de adjudicación, y los trámites de donación de terrenos hasta que se les presente un inventario de propiedades disponibles.
