La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lanzó este miércoles una convocatoria a los sectores patronal, laboral y estatal para que nombren a sus nuevos representantes en la Junta Directiva de la institución para el periodo comprendido entre el 1.° de junio 2026 y el 31 de mayo 2030.
El acuerdo fue adoptado el pasado 21 de mayo por el máximo órgano de la CCSS y publicado este miércoles en el diario oficial La Gaceta.
La institución otorgó el plazo improrrogable de 15 días naturales a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y al sector laboral (movimiento sindical, cooperativista y solidarista) para que le presenten a la institución tres nombres para integrar la Junta.
Según la Ley Constitutiva de la CCSS, la Junta Directiva de está integrada por tres representantes del sector trabajador, tres de los patronos y dos del Estado (de libre elección del Consejo de Gobierno), más que la presidenta ejecutiva que nombra el gobierno. Actualmente, la jerarca es Mónica Taylor.
El plazo de 15 días comienza a correr un día después de que salga la última de las publicaciones en el diario oficial La Gaceta y en el sitio web de la CCSS, pero no se computa en dicho plazo el día en que se celebre la asamblea de representantes.
Según la publicación, el nombramiento será efectivo una vez realizada la elección, nombramiento y juramentación de los miembros correspondientes.
La notificación se remitió de manera pública y al Consejo de Gobierno.
Antecedente de intromisión en la Junta de la CCSS
En junio del 2023, la Sala Constitucional anuló la suspensión de cinco directivos de la CCSS acordada previamente por el Consejo de Gobierno y ordenó restituir a dos de ellos en sus cargos.
Así lo dispuso el alto tribunal al resolver cuatro recursos de amparo presentados contra una medida cautelar emitida, en diciembre del 2022, mientras los directores eran investigados por un presunto conflicto de interés por aprobar un aumento salarial para los empleados de la entidad.
Se dispuso que José Luis Loría Chaves y Martha Rodríguez González fueran reinstalados en sus cargos. De la misma forma, se revocó el nombramiento de José Luis Castro Vásquez y María Isabel Camareno Camareno (hoy diputado del oficialismo), quienes habían sido designados por el Consejo de Gobierno para sustituirlos.
Camareno fue posteriormente nombrada representante del Estado en esa Junta, pero luego fue suspendida del cargo por la investigación del Caso Barrenador.
A los otros tres exdirectivos destituidos no se les devolvió el cargo porque, según explicó la Sala en ese momento, los amparados no solicitaron en esta gestión ser restituidos.
En un comunicado, la Sala explicó, en junio del 2023, que las actuaciones del Consejo de Gobierno contravienen la independencia absoluta y la garantía de inmovilidad que la ley da a los directivos.
“Para los magistrados, la ley constitutiva de esa institución expresamente otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas”, señala el comunicado.
Se determinó que los miembros de la Junta Directiva de la Caja sí pueden ser separados de sus puestos, pero hasta que se declarare alguna responsabilidad legal en su contra o concurra alguno de los supuestos previstos para esos efectos en la ley.