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El diputado Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio (FA), denunció al Gobierno de Costa Rica ante la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (conocida como Ramsar) por la presunta degradación ecológica del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Talamanca, Limón.
La Convención Ramsar, nombrada así por la ciudad iraní donde se firmó en 1971, entró en vigor el 21 de diciembre de 1975. Desde 1995, el Refugio está amparado por este tratado intergubernamental, al formar parte de los 12 sitios protegidos en Costa Rica.
El legislador consultó a la secretaria general de la Convención, Musonda Mumba, si el gobierno ha informado sobre cambios en las características ecológicas del Sitio Ramsar n.º 783 (Humedal Gandoca-Manzanillo) inducidos por la actividad humana. Robles denunció que no existe constancia a nivel nacional de tal notificación.
El diputado presentó pruebas y solicitó a Mumba que analice las acciones emprendidas por la Autoridad Administrativa de Costa Rica de los humedales protegidos bajo Ramsar para corregir los posibles cambios adversos en las características ecológicas del sitio n.º 783.
Así lo indicó en su oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0008-2025, dirigido a la Convención, en el cual pidió una revisión exhaustiva del estado de los humedales en el Refugio, la adopción de medidas correctivas e incluir el sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo en el Registro de Montreux (una lista de los sitios Ramsar que han visto peligrar su naturaleza debido a actividades humanas).
El humedal Palo Verde, parte del Parque Nacional Palo Verde, en Guanacaste, fue designado en 1991 sitio Ramsar, pero permanece en el registro Montreux desde 1993, luego de un incendio que afectó su tamaño.
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Denuncias ante Ramsar
Robles Barrantes advirtió de irregularidades y desafectación del área boscosa del Refugio Gandoca-Manzanillo debido a su alto valor para la industria turística y de bienes raíces. Denunció que el gobierno y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) no han cumplido con una orden de la Sala Constitucional, emitida en 2019, que ordenó delimitar nuevamente el Refugio para recuperar 188 hectáreas de zona protegida.
Dicha disposición está contenida en la sentencia 12745-2019, que declaró inconstitucional la Ley n.º 9223 del 2014, la cual desafectó 188 hectáreas de bosque del Refugio, cambiando su condición de bien de dominio público.
Cinco años después, según Robles, la orden sigue sin cumplirse. Como prueba, presentó la declaratoria de incumplimiento emitida por la Sala IV en la resolución n.º 26300-2024, del 10 de setiembre de 2024.
Otra evidencia aportada en la denuncia señala que el Sinac redujo casi 92 hectáreas de humedales en un informe sobre la delimitación de las áreas protegidas en la zona marítimo-terrestre (ZMT) de Talamanca.
En junio de 2021, dos funcionarios del Sinac registraron 165,12 hectáreas de humedales en la ZMT, pero en mayo de 2024, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) desacreditó ese estudio y redujo la superficie a 73,43 hectáreas, un 44% menos.
El diputado cuestionó la validez técnica del nuevo informe, argumentando la falta de vínculo con el Programa Nacional de Humedales.
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Robles también denunció la emisión de permisos de tala en zonas sensibles y la falta de acción para demarcar y supervisar el territorio protegido. Explicó que el 12 de abril de 2024, el Área de Conservación La Amistad Caribe del Sinac otorgó un permiso de tala para una finca de una sociedad representada por el empresario Allan Pacheco Dent, a pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad de la reducción de la zona boscosa.
Según la denuncia, Pacheco Dent visitó Casa Presidencial el 9 de abril de 2024, tres días antes de recibir el permiso, y que vecinos en la zona registraron en videos la salida de camiones cargados con troncos del Refugio.
El 15 de mayo de 2024, en una conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, aseguraron que todo estaba en orden. Ese mismo día, la Fiscalía allanó la finca de Pacheco Dent por presunto cambio de uso de suelo relacionado con la tala en el Refugio, indicó el diputado por escrito a Musonda Mumba.
Costa Rica ratificó la Convención Ramsar el 27 de abril de 1991 mediante la Ley n.º 7224, comprometiéndose a la conservación y uso racional de los humedales.
Desde el 11 de diciembre de 1995, el Humedal Gandoca-Manzanillo fue declarado sitio Ramsar con una superficie de 9.445 hectáreas, distribuidas en 5.013 terrestres y 4.436 marinas. Según la ficha técnica de Ramsar, el humedal se ubica en la provincia de Limón, dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
