La información fue dada a conocer este martes ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
En setiembre, la Sala Constitucional confirmó el incumplimiento de la sentencia 2019-012745 del 10 de julio del 2019, en la que ordenó al Minae y al Sinac delimitar 188 hectáreas boscosas que debían ser devueltas al Refugio. Ante la inacción, la Sala reiteró la instrucción a las autoridades para que se proceda.
Bajo estas circunstancias, según Rodríguez, se consideró “prudente” elaborar términos de referencia para que una persona o empresa externa al Ministerio, en coordinación con la cartera, cumpla la sentencia.
“Lo que pretendemos es que una persona o empresa externa, objetiva, vaya al campo e identifique la cobertura boscosa que se encuentra en esas 188 hectáreas, y que luego analice si efectivamente cumple con los criterios para ser considerada bosque, ya que una cosa no es necesariamente igual a la otra”, indicó.
La Nación consultó al área de prensa del Minae sobre el costo estimado de la contratación, la fuente de financiamiento y la fecha prevista para la emisión del informe. La unidad se comprometió a gestionar las consultas.
Un asunto de objetividad del Sinac
La diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz cuestionó la necesidad de recurrir a un ente externo para cumplir el mandato y preguntó si el Sinac no contaba con la capacidad técnica suficiente para asumir la tarea, como lo estipula el fallo constitucional.
Rodríguez Zúñiga defendió la contratación argumentando que garantizaría mayor objetividad. Sin embargo, la congresista le recordó que desde el 2021 ya existía un informe técnico para proceder.
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Cambronero Aguiluz aludió a un documento de junio del 2021, elaborado por dos funcionarios del Sinac, que identificó 165,12 hectáreas de humedales en el litoral de Talamanca (oficio SINAC-ACC-OT-OF-698-2021), otorgando un alto grado de protección a los ecosistemas del Refugio.
No obstante, tres años después, el Sinac desacreditó ese estudio y redujo el área de humedales a 73,43 hectáreas (44% menos) en un segundo informe, publicado en junio de 2024.
El Sinac justificó la reducción señalando que, en el documento del 2021, se incluyeron por error “propiedades inscritas en el Registro Nacional, las cuales no forman parte del patrimonio natural del Estado”.
Para la diputada, la elaboración de un nuevo informe, como lo anunció el viceministro, constituye un reproceso innecesario o, como lo expresó en la comparecencia, un posible intento de ocultar información. A su criterio, no tiene sentido contratar a un tercero para ejecutar una orden que ya había sido cumplida por el Sinac en 2021.
Por su parte, la diputada Alejandra Larios Trejos, del Partido Liberación Nacional, cuestionó al viceministro sobre la objetividad del Sinac y la necesidad de recurrir a un ente externo.
“No dudo de la capacidad técnica del Sinac, pero al ser un tema tan conflictivo, creemos que lo mejor es contar con un informe externo e independiente que nos guíe para tomar decisiones”, respondió Rodríguez Zúñiga.
Larios Trejos expresó su preocupación ante la posibilidad de que se ponga en duda la objetividad del Sinac y, además, de que sea el propio Minae el que contrate a la empresa.
“Creo que estamos dando vueltas sobre lo mismo. Me preocupa que se cuestione la objetividad del Sinac en un tema de su directa competencia y de tanta relevancia”, concluyó la legisladora verdiblanca.
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