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La Cámara Nacional de Radio (Canara) calificó de “inadecuada, inapropiada y desproporcionada” la metodología propuesta para calcular el canon que pagan las emisoras de radio y televisión por utilizar el espectro radioeléctrico.
El cuestionamiento surge mientras la Asamblea Legislativa tramita el expediente 24.461, un proyecto presentado en julio de 2024 por el gobierno de Rodrigo Chaves que busca actualizar los montos establecidos en la Ley de Radio, vigente desde 1954. La legislación actual establece cobros anuales según la potencia de los transmisores, con montos que van desde ¢1.000 hasta ¢3.000.
La propuesta sustituye esos montos por un esquema progresivo calculado sobre los ingresos brutos que cada concesionario obtenga mediante el uso, aprovechamiento o explotación de las frecuencias.
El texto plantea tarifas de hasta 7,73% para televisión y 3,13% para radio sobre los ingresos que superen determinados umbrales. Para las empresas cuyos ingresos sujetos al canon excedan ¢610,5 millones anuales, por ejemplo, esos porcentajes se aplicarían sobre la parte que supere ese monto.
Gustavo Piedra, presidente de Canara, explicó a La Nación que la organización considera que la metodología utilizada no cumple con estándares internacionales y podría colocar a Costa Rica entre los países con mayores tarifas por el uso del espectro radioeléctrico.
Piedra aclaró que los radiodifusores reconocen la necesidad de actualizar los cánones actuales, que quedaron desfasados con el paso de las décadas. Sin embargo, sostuvo que el nuevo mecanismo no toma en cuenta las condiciones económicas en las que operan las empresas de radio y televisión ni la competencia que enfrentan con las plataformas digitales.
“Todo el tema de Internet ha hecho que el mercado sea cada vez más reducido. Por lo tanto, la sostenibilidad y las operaciones de las radios y televisoras no soportarían un cobro desproporcionado y excesivo como el que resulta de esta metodología”, explicó.
Uno de los principales cuestionamientos de Canara se relaciona con que el canon se calcule sobre ingresos brutos, es decir, antes de descontar gastos como salarios, producción, electricidad, infraestructura, impuestos y otros costos de operación.
Este aspecto también ha sido cuestionado por otros actores del sector. Un análisis publicado por La Nación señala que dos concesionarios que utilicen frecuencias con características técnicas similares podrían terminar pagando montos muy distintos dependiendo de sus ingresos comerciales.
Piedra sostuvo que esa fórmula puede afectar la sostenibilidad de los medios de comunicación y, con ello, la disponibilidad de información para la ciudadanía.
“Teletica ya lo analizó y está haciendo observaciones puntuales muy preocupantes que denotan un riesgo para seguir operando un canal de televisión. A pesar de que el proyecto contempla umbrales de acuerdo con el tamaño de las emisoras, las cargas resultan desproporcionadas y muy altas”, dijo el presidente de Canara.
Para Canara, el debate trasciende el impacto financiero sobre las empresas. Piedra afirmó que la radiodifusión cumple una función de interés público y que poner en riesgo la permanencia de estos medios podría afectar el derecho de la ciudadanía a recibir información libre e independiente.
“Todo esto tiene que ver con el derecho de la ciudadanía a recibir información de manera libre e independiente, sin menoscabo de la libertad de expresión”, afirmó.
El proyecto recibió un nuevo texto sustitutivo después de su aprobación en primer debate hace un mes y, por ello, deberá volver a discutirse en primer debate.
