Una multitud de motociclistas sin ningún tipo de control se adueñó de un tramo de la ruta 27 el viernes anterior; taxis piratas operan por la libre en las mismas paradas de buses; las multas de tránsito se redujeron pese a que cada día hay más vehículos en las calles, y más de 500 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en lo que va del año, con el exceso de velocidad como una de las principales causas.
Las calles de Costa Rica parecen estar por la libre, y el sentimiento de que no hay quien haga cumplir la ley se palpa con solo hacer recorridos por autopistas y carreteras dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). La percepción de ausencia de autoridad y exceso de impunidad crece como consecuencia de las situaciones mencionadas.
La Policía de Tránsito, que recientemente cumplió 99 años de existir, enfrenta un déficit que ha sido señalado desde hace años, y pese a las incorporaciones anunciadas el último mes, estas siguen ser suficientes.
Mientras que en el 2014, con una flota vehicular mucho más reducida, había 1.043 tráficos, actualmente ese cuerpo policial dispone de 682 oficiales, que tienen a su cargo la vigilancia de más de 8.000 kilómetros (km) de rutas nacionales, pero que además deben dividirse en tres turnos y cubrir labores administrativas.
La semana anterior, durante la celebración del aniversario, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, anunció que en los próximos meses llegarían 30 cadetes, quienes se sumarían a los 58 incorporados a mediados de junio. Adicionalmente, 18 aspirantes iniciaron su proceso formativo, con lo que esperan sumar un total de 106 nuevos oficiales en el transcurso de este año, lo que representa un aumento del 17% respecto a los que había al inicio de año.
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Sin embargo, los números se siguen quedando cortos. El subdirector de tránsito, Martín Sánchez, estima que se requieren al menos 400 oficiales más, mientras que el secretario general de la Unión Nacional de Oficiales de Tránsito y Afines (Unaotraa), Joselito Ureña, y expertos en seguridad vial y movilidad consideran que, si se toma como base el aumento de la flota vehicular en los últimos años, el número de tráficos debería sobrepasar ya los 1.800. Además, advierten de que es hora de que el país eche mano de la tecnología para hacer frente a esta problemática.
Ureña calificó la situación de la Policía de Tránsito como “en decadencia”. Según dijo, no solo existe una percepción de “anarquía” en las calles, sino que los oficiales se enfrentan a cargas de trabajo excesivas.
“Los eventos por colisión son una situación que no para. Hay días que en San José, en un grupo de trabajo, solo hay un compañero, y dos o tres para todo el casco metropolitano”, afirmó.
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Según dijo, las contrataciones recientemente anunciadas son procesos que se iniciaron hace cinco años, pero siguen sin ser suficientes para cubrir los faltantes por oficiales que se han ido pensionando o que han renunciado.
“Ya es todo un privilegio ver un oficial de tránsito en la calle, ¿por qué? Porque no hay. (...) Es una situación precaria, pero esa precariedad la hemos venido denunciando por años. Y ese es el precio que se está pagando hoy (...). Los gobiernos de turno que han antecedido a este... y este también no se escapa de no prestar atención a esta situación tan preocupante. Se preocupan nada más por contar los muertos por sicariato, pero no los que se están muriendo en las vías públicas, que son montones”, agregó.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica tiene la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito más alta de los países que conforman esa entidad, con una tasa de casi 18 decesos por cada 100.000 habitantes.
Sanciones fuertes, educación y tecnología
David Gómez, consultor en movilidad sostenible, aseguró que el país debería tener al menos tres veces la cantidad de oficiales existentes, pero que además es necesario que se aprovechen recursos tecnológicos, como las cámaras viales, que operan desde hace décadas en otros países.
Este tipo de medidas permitirían a los oficiales disponibles concentrar sus esfuerzos en la atención de accidentes de tránsito, lo que a su vez podría reducir congestionamientos.
Según Gómez, en el país, los conductores no están acostumbrados al control preventivo, sino más bien restrictivo y punitivo, por lo que lo ideal sería utilizar elementos físicos que impidan cometer las infracciones y aplicar sanciones severas que resulten en un cambio de la conducta. Además, insistió en que sistemas como la videovigilancia permiten mantener un mayor control.
“Todo esto, para que la gente sienta que está siendo vigilada. Esta sensación de anarquía es producto de una vigilancia que es ausente. Uno sale sin el mínimo temor de que cualquier infracción va a ser sancionada, pero cuando uno sale y ve señales de detección electrónica, esa sensación lo mantiene en control y respetando la ley”, sostiene.
Gómez agregó que es importante apoyarse en la policía municipal, la cual, según su criterio, debería existir en todas los ayuntamientos, para ocuparse de la totalidad de rutas cantonales.
Por su parte, Jaime Allen Monge, ingeniero civil de la Unidad de Seguridad Vial y Transporte del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), coincidió en que “la percepción de impunidad” sí influye en el incremento de conductas temerarias.
“Cuando una persona siente como que no va a ser castigada, tiende a seguir en su comportamiento temerario. El 53% de los motociclistas circulan sin licencia, lo que denota que ellos perciben que no los van a detener; o sea, que no hay suficiente fiscalización”, dijo.
Según Allen, esa ausencia de fiscalización en vías como la ruta 27 alimenta la idea de que las normas “son negociables”; es decir, que se pueden o no cumplir.
A estas circunstancias se suman otros factores que, para él, están impactando en la mortalidad en las carreteras, principalmente engrosada por los motociclistas.
“Hay una presión social de masculinidad tóxica que normaliza estas prácticas; entonces, la combinación de infraestructura deficiente y aplicación irregular de la ley refiere a la noción de que el riesgo de sanción es bajo, incentivando violaciones sistemáticas”, afirmó.
El ingeniero agregó que existen otros factores psicológicos como el “efecto contagio”: si una persona comete un acto ilícito y no es penalizada, quienes están a su alrededor consideran que también podrán hacerlo.
Allen también apuntó a la necesidad de implementar sistemas de cámaras inteligentes con reconocimientos de placas y velocidad en puntos críticos, así como fiscalización mediante drones, campañas educativas focalizadas en la población más joven y auditorías periódicas para determinar sitios peligrosos.
Actualmente, el Consejo Nacional de Concesiones analiza una iniciativa privada para implementar un sistema de videovigilancia; sin embargo, aún está en fases de estudios. De superar esas evaluaciones, su aplicación llegaría a finales del próximo año.
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Según datos del Consejo de Seguridad Vial, a pesar de que el parque vehicular aumentó cerca del 20% en los últimos cuatro años, las multas de tránsito disminuyeron.
En el 2024 se emitieron 98.000 boletas menos que en el 2023, al pasar de 399.000 multas a 301.000. La diferencia es aún más marcada si se comparan esos años con el 2021, cuando las infracciones aplicadas fueron 459.000.
Sin embargo, el subdirector de Tránsito, Martín Sánchez, aseguró que pese al faltante no han dejado de hacer operativos. Según dijo, todas las oficinas regionales de este cuerpo policial deben cumplir con un objetivo de 20.000 controles al año.
“Sí tenemos un faltante importante de personal de, mínimo, 400 tráficos. Sin embargo, en el primer semestre se han hecho más de 111.000 boletas a nivel nacional y se han pasado más de 700 conductores en estado de ebriedad a la Fiscalía.
“No es que no estamos trabajando, y las estadísticas y los números así lo demuestran. Que evidentemente no tenemos la presencia que deberíamos de tener a nivel nacional, sí, no la tenemos, pero con lo que tenemos estamos trabajando y estamos tratando de llevar orden en la carretera”, aseveró el funcionario.
Sánchez aseguró que como parte de las acciones que ejecutan para hacer frente al faltante, recientemente se les anunció a los ayuntamientos que tienen policías municipales que no se otorgarían más códigos de tránsito si no se cumple con la condición de que atiendan accidentes. Según dijo, actualmente solo tres de las 14 municipalidades que tienen policías de tránsito se encargan de percances en las carreteras.