EscucharDiego Miranda Méndez, alcalde de San José, admitió en un correo electrónico enviado a varios de sus subalternos que el ayuntamiento mantiene trabajando a la gerente de Gestión Municipal, Jessica Martínez Porras, y a la gerente de Provisión de Servicios, Dahianna Marín Chacón, sin tener el contenido presupuestario para cancelar sus salarios de ¢4,3 millones mensuales, aproximadamente, cada uno.
La ausencia de recursos para cancelar las remuneraciones de esas dos plazas se debe a que la Contraloría General de la República (CGR) improbó, el 20 de diciembre del año anterior, el presupuesto de esos cargos, pues la Municipalidad de San José intentó calificarlos como “servicios especiales”, sin cumplir con los requisitos de ley.
Ese tipo de cargos solo se permiten, según el artículo 46 de la Ley Marco de Empleo Público, para labores extraordinarias, temporales o en casos de emergencia o fuerza mayor. Por lo tanto, al no cumplir los puestos de gerente del municipio con esas condiciones, la Contraloría rechazó la aprobación del presupuesto.
“En términos generales, la improbación del contenido presupuestario para el financiamiento de plazas existentes, genera que estas queden vacantes hasta tanto la institución pública defina lo que legalmente sea procedente, de acuerdo con la normativa establecida”, declaró el Área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la CGR ante una consulta de La Nación.
No obstante, Miranda admitió en un correo electrónico, remitido el martes 7 de enero, a Allan Vásquez Salazar, director de Talento Humano, Rodolfo Fonseca Pérez, director Financiero y Manuel Treminio Izaba, director de Presupuesto, que las funcionarias permanecen en sus cargos aunque no tengan contenido presupuestario para cancelar sus sueldos.
“Cada día de retraso implica una afectación mayor a los servicios de la institución, pues al día de hoy tenemos dos gerencias trabajando sin tener contenido presupuestario para ser remuneradas”, dijo Miranda en el correo electrónico mencionado.
En la comunicación, además, el jerarca pide explicaciones sobre la oposición de algunos técnicos para seguir una recomendación que permitiría solucionar el problema. Sin embargo, no menciona detalles al respecto. También reclama que no le alertaran de “errores” a tiempo y pide agilizar una modificación presupuestaria para enviarla al Concejo Municipal y así tener recursos para cancelar los salarios.
El viernes 10 de enero se le enviaron, a través de la oficina de prensa, varias consultas a Miranda sobre este tema, pero al cierre de esta información no había respondido. Una de las interrogantes es de quién es la responsabilidad de no tener fondos para esos salarios y cómo procederán ahora para remediar el problema.
También se llamó a las gerentes Martínez y a Marín a sus teléfonos celulares, pero no contestaron las llamadas.
Señala a la alcaldía de San José
Rodolfo Fonseca Pérez, director Financiero de la Municipalidad de San José, afirmó que el responsable de que mantener trabajando a dos funcionarias ligadas a plazas sin contenido presupuestario es el alcalde, Diego Miranda Méndez.
“Para mí, el responsable es directamente el alcalde, porque él tiene conocimiento, desde el 20 de diciembre, que no había contenido presupuestario para eso”, enfatizó Fonseca.
La oficina de prensa de la Contraloría General de la República dijo que, el 23 de diciembre, Miranda envió una nota en la que hace tres preguntas con la intención de solucionar el problema. Una de las consultas es si, pese a la improbación, las plazas siguen existiendo y se pueden refinanciar, si se puede dotar de recursos económicos a través de una modificación presupuestaria y qué procedimientos deben seguir. La CGR declaró que está analizando las preguntas.
Marvin Torres Labardini, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, presentó una denuncia ante la CGR y la Procuraduría de la Ética contra el alcalde por presunto incumplimiento de deberes.
“Es evidente y manifiesto que el alcalde aquí denunciado estuvo enterado desde el 20 de diciembre del 2024 respecto a la no aprobación del presupuesto para dos plazas por servicios especiales”, expresó Torres en su denuncia.
“Ante la inexistencia de contenido presupuestario es jurídicamente inviable sostener los nombramientos de dichas plazas, por lo anterior debió el alcalde de acuerdo al cumplimiento de sus deberes (…) gestionar, notificar y diligenciar para comunicar a quienes es ocupaban dichas plazas de lo resuelto por la Contraloria General de la República”, agregó.
Además, aseveró que Miranda debió notificar a las funcionarias de lo resuelto por la Contraloría “para evitar que el gobierno local incurra en responsabilidad, ante la eventual presentación de reclamos administrativos de las funcionarias, quienes motivadas por el alcalde y de forma impositiva se siguen presentando a trabajar a la Municipalidad de San José”.
