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Los defensores de derechos humanos Janekeith Durán y Nicole Mesén solicitaron, el pasado viernes 17 de abril, información a la Cancillería sobre las pruebas y evidencias verificables que demuestren que en Costa Rica existe una “protección plena” de las minorías.
La petición surge luego de que el canciller, Arnordo André Tinoco, alegara eso para sacar al país del Grupo Núcleo LGBT de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Durante muchos años, la diplomacia costarricense había mantenido un rol activo en dicho foro regional, donde se debaten políticas y avances en materia de derechos para poblaciones diversas.
¿Qué dijo Arnoldo André?
Sin embargo, el pasado 7 de abril, a través del programa Nuestra Voz de Amelia Rueda, el ministro André afirmó que el país ya ha alcanzado “la protección plena de los derechos de todas las minorías”.
Esta declaración fue el argumento central del jerarca para justificar la salida de Costa Rica del foro dedicado a la promoción de la igualdad.
“Es cierto que en la OEA existe lo que se llama foro de interés sobre los derechos, en este caso, de la minoría LGTBIQ+ que Costa Rica venía acompañando desde hace años.
”Al haber completado, a nivel nacional, la protección plena de los derechos de todas las minorías, consideramos que los esfuerzos de nuestros diplomáticos deberían dirigirse más hacia los temas de actualidad y de urgencia. Por lo tanto, decidimos no participar activamente más en ese grupo”, expresó ese día el canciller.
Posteriormente, trascendió que la decisión fue presentada por la embajadora Alejandra Solano.
Acceso a información pública
Tras esas declaraciones, Durán y Mesén hicieron la solicitud de información ampararon, según dijeron, en el artículo 27 de la Constitución Política y en el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, apelando al estándar de “debida diligencia”, que obliga al Estado a basar sus decisiones en datos técnicos y actualizados, y no en criterios discrecionales.
“La gestión enfatiza que, conforme al principio de debida diligencia, el Estado debe sustentar sus decisiones y declaraciones públicas en información suficiente, actualizada y verificable, especialmente cuando estas tienen implicaciones en política exterior y en la protección de derechos humanos”, se consignó en un comunicado.
Los 19 puntos exigidos a Cancillería
Los activistas solicitaron, en específico, 19 pruebas documentales que demuestren el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por mecanismos internacionales como el Examen Periódico Universal (EPU) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Entre las exigencias destacan:
- Población LGBTIQA+: Criterio técnico y jurídico (no político) de la salida del grupo de la OEA. Ley que prohíbe las “terapias de conversión” y la legislación que impide intervenciones quirúrgicas a personas intersexuales sin su consentimiento.
- Personas con Discapacidad: Pruebas sobre la existencia de protocolos para la participación de mujeres y niñas con discapacidad, así como los mecanismos vigentes para combatir y reparar la discriminación. Así como la estrategia nacional de desinstitucionalización y el presupuesto destinado a servicios de atención comunitaria.
- Derechos Sexuales y Reproductivos: El respaldo de las medidas que garantizan el acceso a la salud sexual en zonas rurales, la disponibilidad sin restricciones de la anticoncepción de emergencia y la protección del acceso al aborto terapéutico.
- Pueblos Indígenas y Afrodescendientes: La legislación que garantiza el consentimiento libre, previo e informado para pueblos indígenas, las medidas para la recuperación del 100% de las tierras indígenas y las acciones para aplicar integralmente la Ley de Acciones Afirmativas a favor de las Personas Afrodescendientes.
Los defensores advirtieron que, de no existir dicha documentación, la institución deberá indicar expresamente si es falso que Costa Rica haya alcanzado la protección plena de estas poblaciones, admitiendo que se trata de un asunto pendiente en el país. Ahora, la Cancillería dispondrá de diez días hábiles para responder.
Organizaciones denuncian retroceso
Tras el retiro del foro, 28 organizaciones y 51 activistas de la sociedad civil denunciaron un “patrón” de alejamiento de los espacios internacionales de derechos humanos.
Según un pronunciamiento conjunto, el argumento del Gobierno es “evidentemente falso” y no se sostiene frente a la realidad del país.
Para los colectivos, la salida del Grupo Núcleo de la OEA envía una señal negativa que rompe con la tradición costarricense de liderazgo en foros multilaterales de derechos humanos, alertando sobre deudas estructurales que aún persisten.
