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Organizaciones y colectivos LGBTIQA+ denunciaron que la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de retirar a Costa Rica del foro sobre diversidad sexual de la Organización de los Estados Americanos (OEA) formaría parte de un “patrón” de alejamiento de espacios internacionales de derechos humanos y evidenciaría un retroceso en el compromiso histórico de Costa Rica en esta materia.
En un pronunciamiento conjunto, suscrito por 28 organizaciones y 51 personas de la sociedad civil, las agrupaciones afirmaron que la medida responde a una línea sostenida de decisiones unilaterales en política exterior, que —según señalaron— debilitan los estándares de derechos humanos y priorizan agendas políticas.
Las organizaciones fueron más allá y cuestionaron de forma directa la justificación del Gobierno sobre una supuesta protección plena de los derechos de todas las minorías en el país.
“El argumento (…) es evidentemente falso y no se sostiene frente a la realidad”, advirtieron, al señalar que Costa Rica mantiene “deudas estructurales graves” con la población LGBTIQA+.
Giro en la política exterior
Aunque reconocieron avances en años recientes, alertaron que estos se encuentran “amenazados” y que la salida del denominado Grupo Núcleo LGBTIQA+ de la OEA envía una señal negativa tanto dentro como fuera del país.
A juicio de las organizaciones, la decisión no solo implica un retiro de un espacio técnico, sino un giro en la política exterior que rompe con la tradición costarricense de participación activa en foros multilaterales de derechos humanos.
“Marca un alejamiento preocupante del país como referente en la defensa de derechos humanos”, indicaron.
El pronunciamiento insiste en que la participación en este tipo de instancias internacionales es clave para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos y para visibilizar las brechas que aún enfrenta esta población.
Durante una entrevista en el programa Nuestra Voz, de Amelia Rueda, el canciller Arnoldo André alegó que el país se retiró del foro porque, a su juicio, Costa Rica “ha completado a nivel nacional la protección plena de los derechos de todas las minorías”. Indicó que ante esa perspectiva, los esfuerzos diplomáticos deben concentrarse en “temas de actualidad y de urgencia”.
Deudas de Costa Rica
No obstante, las organizaciones y activistas rechazaron tales argumentos y afirmaron que el país mantiene deudas estructurales graves con la población LGBTIQA+. Una de las principales es la ausencia de una ley integral de identidad de género, lo que —según indicaron— mantiene a las personas trans y no binarias en un “limbo jurídico e institucional”.
Como ejemplo, apuntaron que desde 2022 organizaciones han documentado más de 20 rechazos de cambio de nombre por parte del Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), lo que tiene impactos directos en el acceso a derechos básicos como salud, empleo, educación y participación política.
Asimismo, criticaron que en Costa Rica no exista una prohibición expresa de las llamadas terapias de conversión, prácticas que han sido condenadas a nivel internacional y que, según señalaron, constituyen formas de tortura. A esto sumaron fallas en áreas clave como salud y educación, donde —afirman— persisten barreras de acceso, prácticas discriminatorias y ausencia de políticas públicas efectivas dirigidas a estas poblaciones.
El pronunciamiento también acusa al Gobierno de haber provocado retrocesos en educación, al desmantelar avances en Educación Sexual Integral y eliminar protocolos específicos contra el bullying en centros educativos, considerados espacios críticos para la prevención de la discriminación. Estas decisiones, advirtieron, afectan no solo a la población LGBTIQA+, sino también a la niñez y adolescencia en general.
En materia de salud, las organizaciones señalaron que persisten desafíos significativos en la respuesta al VIH, incluyendo estigma y discriminación en los servicios, así como barreras para el acceso oportuno a diagnóstico, tratamiento y prevención. También alertaron sobre retrasos en el financiamiento y la falta de políticas integrales con enfoque de derechos humanos, lo que —indicaron— compromete la respuesta nacional a esta enfermedad.
A esto se suma, según el documento, un aumento significativo en los discursos de odio. Citaron el Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025 de Naciones Unidas, que reporta un incremento del 344% en ataques hacia personas LGBTIQA+ en Costa Rica, convirtiéndose en el tipo de discriminación con mayor crecimiento en el país, en un contexto donde se contabilizan más de 2,1 millones de registros de este tipo de manifestaciones.
Finalmente, cuestionaron el incumplimiento del Estado en la recolección de datos sobre esta población, pese a recomendaciones reiteradas en instancias internacionales como el Examen Periódico Universal. Advirtieron que la falta de información oficial limita el diseño de políticas públicas efectivas y se agrava con la ausencia de una institucionalidad especializada de alto nivel que articule estas acciones, así como con la ruptura del diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil.
Deterioro en la relación con el gobierno
Las organizaciones también sostuvieron que la salida del foro de la OEA se enmarca en una serie de acciones internas que —según denunciaron— han deteriorado la relación del Gobierno con las poblaciones LGBTIQA+. Entre ellas, mencionaron ataques y deslegitimación de espacios como las marchas del Pride, que consideran fundamentales para la visibilidad, la defensa de derechos y la construcción de comunidad.
A esto sumaron la ausencia de canales de diálogo efectivos con la sociedad civil, la ruptura de prácticas democráticas básicas y la falta de avances concretos en políticas públicas inclusivas, particularmente dirigidas a las poblaciones más excluidas. En conjunto, afirmaron, estos elementos reflejan un distanciamiento sostenido entre el Gobierno y las organizaciones que históricamente han participado en la promoción de derechos humanos en el país.
El pronunciamiento advierte que este tipo de decisiones y señales tienen efectos más allá del ámbito interno, al impactar la credibilidad internacional de Costa Rica en materia de derechos humanos. Recordaron que el país ha sido tradicionalmente un referente en este campo, incluso con roles de liderazgo en espacios como este grupo dentro de la OEA, por lo que consideran especialmente grave el retiro en el contexto actual.
“Hoy envía una señal preocupante: se abandonan espacios de cooperación precisamente cuando más se necesitan”, señalaron.
