Escuchar
La mala ejecución de obras viales, acueductos, eléctricas o de servicios, le han costado al país $45 millones en diez años en multas aplicadas por los acreedores de los créditos con los que se financian los proyectos.
Así se desprende del Informe de seguimiento del II semestre del 2025 sobre los créditos externos de inversión pública, en el cual se detallan los montos pagados por concepto de comisiones de compromiso, para cada uno de los préstamos que el Estado mantiene actualmente en ejecución.
Según el Ministerio de Hacienda, esa cifra corresponde a los pagos marginales de comisiones en cada año, en el período del 2015 al 2026.
Esas comisiones corresponden a multas que los organismos multilaterales imponen a los créditos aprobados, cuando las entidades no los invierten de acuerdo a los cronogramas de desembolsos prometidos.
“Las prórrogas otorgadas al periodo de desembolsos conllevan un costo adicional por el pago de comisiones de compromiso (...) Se debe recordar que las comisiones de compromiso son cargos financieros establecidos en los contratos de préstamo que contengan tal condición, y se pagan a los acreedores con la periodicidad y costo financiero ya definidos, sobre los saldos no desembolsados de cada crédito”, agrega el informe.
En una respuesta enviada a este diario, Hacienda aclaró además que los responsables por el pago de las comisiones se definen de acuerdo a los términos de cada contrato.
En aquellos créditos en los que el Gobierno de la República es el deudor, conocidos como préstamos con garantía soberana, es el Gobierno Central quien debe asumir el pago de dicha comisión, mismo que se gestiona mediante el Ministerio de Hacienda hacia al acreedor respectivo.
En los casos en los que sea una institución ejecutora (por ejemplo entidades autónomas) la que comparece directamente como deudora del crédito, será esta la encargada del pago de las comisiones de compromiso correspondientes.
Proyectos más atrasados
De acuerdo con el detalle del informe, los préstamos que presentan mayores montos pagados por este rubro, corresponden a los financiamientos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con $28,6 millones. El Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) ha representado un 53,5% de ese monto.
Esa cifra podría incrementarse si se toma en cuenta que a la fecha aún queda por desembolsar el 35% de los recursos otorgados.
El BID financia mediante un crédito de $400 millones, proyectos como las intersecciones de Taras y La Lima, que están cerca de finalizar tras más de cuatro años de atraso, y la carretera a San Carlos (cuya adjudicación del tramo central sigue pendiente).
“Al corte de este informe, el PIT ha recibido tres prórrogas, extendiendo su fecha de finalización del periodo de desembolsos en ambos créditos que lo financian hasta noviembre de 2026, lo que de cumplirse, representará un período total de desembolsos de 12 años”, señala el documento.
El segundo programa de préstamos que acumula mayor atraso en su ejecución es el otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), específicamente en lo relacionado con el financiamiento Proyecto Geotérmico Borinquen I del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Sobre ese programa Hacienda advirtió que actualmente el ICE contempla una eventual prórroga de al menos cuatro años, lo que incrementaría el monto asociado a dichas comisiones.
La planta Borinquen debía comenzar operaciones en el 2024, no obstante desde el 2018 se advirtió que el inicio se postergaría al 2026. El Instituto ajustó la previsión en 2021 y anunció que esa megaobra estaría lista en el 2027, alegando que en ese momento “no se visualizaba en el mediano plazo la necesidad del proyecto”. El año antepasado se anunció que la fecha ahora sería en el 2029.
El préstamo otorgado por JICA para ese proyecto era de $224 millones, no obstante al cierre del 2023, la primera etapa de la planta estaba valorada en $375 millones, según los estados financieros auditados del Grupo ICE.
Este medio dirigió consultas al MOPT y al ICE, al ser los encargados de los dos programas que más atrasos acarrean, a fin de conocer las razones por las que dichos financiamientos no se han ejecutado eficientemente, así como las medidas tomadas para evitar mayores demoras, no obstante al cierre de esta publicación no se tuvo respuesta.
En la lista también se mencionan financiamientos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al cual se le han pagado más de $10,6 millones por proyectos a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Comisión Nacional de Emergencias y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF o Banco Mundial) con $2 millones que financia el proyecto de Hacienda Digital.
En el mismo informe, se agrega además que el total de las comisiones pagadas para los programas y proyectos con prórrogas ya otorgadas ascendió a $31,7 millones, representando casi el 70% del total de comisiones pagadas en toda la cartera.
Entre las entidades con mayor cantidad de prórrogas gestionadas al segundo semestre del año pasado destacan el AyA con cuatro trámites y un total de 4,1 años prorrogados, el MOPT con seis gestiones y 3,5 años adicionales solicitados y el Ministerio de Comercio Exterior con tres solicitudes y atraso acumulado de 3,6 años.
En su informe, Hacienda agrega que además de los pagos de las multas citadas, los proyectos que enfrentan varias extensiones en sus fechas finales de desembolsos, pueden verse afectados por incrementos en los costos, descoordinación en la planificación e incluso un posible deterioro en el alcance y la calidad de las obras o servicios entregados.
Además, podrían representar una mala imagen reputacional, generar modificaciones contractuales no previstas y comprometer la eficiencia en el uso de los recursos, así como la sostenibilidad de los resultados a largo plazo.
“Aunque las ampliaciones al plazo del último desembolso o a la fecha de cierre de los programas y proyectos están contempladas contractualmente y constituyen instrumentos que los acreedores habilitan para atender eventuales atrasos en la ejecución, su aplicación debe enmarcarse en una gestión técnica sólida y en una planificación estricta por parte de las unidades ejecutoras o coordinadoras”, agrega el documento.
Asimismo, se alerta que aunque las prórrogas pueden ser necesarias para salvaguardar el cumplimiento de metas, su implementación debe responder a “criterios excepcionales” y deben estar debidamente justificadas, para evitar que se conviertan en una práctica recurrente.
Según los datos de Hacienda, en total, al 31 de diciembre del 2025, las entidades y el Gobierno Central acumulaban un monto desembolsado producto de créditos externos de $1.294,9 millones, el cual equivale al 40,6% del valor total de la cartera de créditos de inversión en ejecución.
