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Una demanda de la Asociación Nacional de Centros de Educación Infantil tiene en jaque a la Red Nacional de Cuido, programa creado desde 2010 para el resguardo, alimentación y educación de niños y niñas de familias pobres.
La organización exige al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) aumentar la tarifa mensual de cuido por cada niño de ₡131.000 a ₡187.000 para centros que atienden a 75 menores y a ₡213.000 para los que cuidan a 65 infantes.
No obstante, esa modificación significaría, según Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del IMAS, excluir a, al menos, 12.000 menores del beneficio de cuido.
El IMAS desembolsa ₡34.500 millones anuales para la atención de 30.590 pequeños en sitios de cuido privados y Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi), estos últimos son administrados por diferentes municipios.
“Esta pretensión es contraria al interés público que reviste a la universalización progresiva de la Red Nacional de Cuido. Con un aumento del 43% del monto, tal y como pretenden estos recurrentes y al no contar con recursos adicionales, tendríamos que reducir la cobertura actual de los niños y niñas que atiende la Red de Cuido en el IMAS de poco más de 30.000 a alrededor de 18.000”, declaró Bermúdez.
La demanda de la Asociación Nacional de Centros de Educación Infantil fue presentada en julio de 2019 en el Tribunal Contencioso Administrativo y el próximo 7 de mayo se realizará la audiencia preliminar para valorar las pruebas y determinar el futuro del proceso.
Además de la actualización del subsidio mensual, los 70 centros de cuido privados que agrupa esa Asociación reclaman el pago retroactivo de los gastos para mantener el servicio, pues alegan que el monto de ₡131.000 mensuales no se actualiza desde hace seis años.
“Esto (el aumento) no solo hace inviable pensar en alcanzar nuestras metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, sino que es perjudicial para las mismas alternativas de cuido, pero principalmente para las familias que hoy dependen de este servicio para capacitarse, trabajar y construir su futuro con seguridad de protección para sus hijos e hijas”, agregó el jerarca del IMAS.
La meta del Estado es cubrir 93.000 niños y niñas con la Red Nacional de Cuido para el año 2022. En la actualidad, gozan de ese servicio 60.000 menores atendidos por el IMAS, el Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Monto insuficiente
Para José Pablo Badilla, abogado representante de la Asociación, la mensualidad que da el IMAS a los centros de cuido privados es insuficiente y atenta contra la calidad del servicio y el bienestar de los menores.
De acuerdo con el jurista, la precariedad en la que trabajan las guarderías los obliga a echar mano de donaciones de alimentos a punto de vencer para cumplir con los cuatro tiempos de comida que deben dar a los menores, pagar salarios inferiores a los estipulados por la ley o tratar de burlar obligaciones como el pago de cargas sociales.
“Hay estudios periciales, económicos y contables muy serios que demuestran que el subsidio de ₡131.000 es insuficiente. Entonces, la pregunta de la gente es ¿Cómo se sostienen los centros de cuido privados si el subsidio es insuficiente?
”Muchas veces estos centros sobreviven a partir de donaciones de alimentos, en muchos otros casos no tienen capacidad de cubrir obligaciones patronales como el pago de la Caja Costarricense del Seguro Social”, aseguró Badilla.
El estudio pericial empleado por los centros de cuido privados para definir la tarifa en ₡187.000 fue elaborado por Édgar Robles, exsuperintendente de pensiones, e incluye una tasa de utilidad del 10%.
“El subsidio que da el IMAS no permite hacerle frente a toda la cadena de costos que demandan el servicio de cuido”, añadió Badilla.
La Asociación Nacional de Centros de Educación Infantil afirma que, entre diciembre y febrero, cinco centros privados cerraron sus puertas por dificultades económicas. Sin embargo, no precisaron los nombres para verificar los cierres con el IMAS.
Para garantizar la calidad del servicio, el IMAS exige a los centros de cuido programas de alimentación diseñados y avalados por nutricionistas, planes de promoción de la salud, espacios de juego al aire libre o bajo techo, mobiliario acorde a las necesidades de los infantes, bibliotecas y pizarras aseguradas a las paredes para evitar accidentes, profesionales en educación, cocineros, conserjes y manuales de normas de convivencia, entre otros.
Además, todos los lugares de cuido deben contar con los permisos del Ministerio de Salud.
Desde 2015, la Contraloría General de la República señaló que debían crearse estándares de calidad para la Red Nacional de Cuido.
¿Cómo calculan el nuevo subsidio?
El estudio pericial presentado, en julio de 2019, por los demandantes para exigir la actualización del subsidio tomó en cuenta costos operativos, remuneraciones e inversión para dos grandes modalidades.
La primera modalidad hace el cálculo basado en un total de 75 niños con edades de entre 2 años y 13 años, divididos en tres grupos de 25, por un máximo de 10 horas de cuido diarias durante los días hábiles de la semana.
Para ese escenario, el IMAS establece que cada grupo debe ser atendido por un profesional en educación preescolar o una carrera afín. Además, cada grupo debe tener una asistente que haya concluido, al menos, el tercer año de secundaria.
También, deben disponer de una cocinera, una conserje y un guarda.
La segunda modalidad valora sobre un total de 65 niños (15 menores de 2 años, y 50 de entre 2 y 13 años), por un máximo de 10 horas de cuido diarias durante los días hábiles de la semana.
En este caso, cada grupo deberá tener un profesional en educación preescolar o una carrera afín, dos asistentes que hayan concluido, al menos, el tercer año de secundaria. También se pide una cocinera, una conserje y un guarda.
De acuerdo con el informe, del cual La Nación tiene una copia, los salarios más cargas sociales de cada centro son de ₡5,8 millones por mes para la modalidad de 75 niños y de ₡6,1 millones para la de 65 niños.
El análisis también contempla gastos en materiales didácticos (entre ₡4,7 millones y ₡5,5 millones por mes por centro), alimentación (₡55.141 por niño) y servicios públicos (₡212.000).
Adicionalmente, incluyen rubros de mantenimiento y limpieza, alquileres y otros servicios como permisos de funcionamiento y pólizas.
“El modelo aquí planteado cumple al reflejar la realidad operativa y de inversión que el Estado y la normativa establecida por el Consejo de Atención Integral exige a un centro infantil para su operación", señala el estudio.
"Asimismo, cumple al reflejar erogaciones y responsabilidades de sus administradores para con la sociedad al incluirse lo correspondiente al pago de impuestos, patentes y servicios municipales”, concluye.
