Las excarcelaciones se produjeron principalmente desde la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, de acuerdo con reportes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y del Comité de Madres en Defensa de la Verdad.
No obstante, las organizaciones advirtieron que las personas liberadas no cuentan con libertad plena, ya que continúan sometidas a procesos judiciales y medidas cautelares.
Las manifestaciones estallaron tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado reelecto en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición, que ratificó la victoria de Edmundo González Urrutia, candidato respaldado por la líder opositora María Corina Machado.
Las protestas dejaron un saldo de al menos 28 muertes y más de 2.400 detenciones, según datos recopilados por organizaciones de derechos humanos.
Desde entonces, la justicia venezolana ha excarcelado a más de 2.000 detenidos, según cifras oficiales.
Sin embargo, las organizaciones insisten en que aún permanecen más de 700 personas privadas de libertad por motivos políticos en el país.
“El país necesita una Amnistía General que otorgue libertad plena a todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas”, subrayó el Comité de Madres en Defensa de la Verdad tras confirmar el número de excarcelados este 1.º de enero.
Las liberaciones coinciden con un aumento de la presión internacional contra el gobierno de Maduro, particularmente por parte de Estados Unidos, que en los últimos meses ha reforzado su presencia militar en el Caribe, limitado el espacio aéreo venezolano e intensificado acciones contra buques petroleros sancionados.
El pasado 25 de diciembre se anunció la excarcelación de otras 99 personas, aunque organizaciones como Foro Penal solo lograron verificar 61 casos en ese momento.
Esta entidad también confirmó que en la jornada de este jueves se incluyó la liberación de dos detenidos considerados presos políticos de la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, quienes habrían sido trasladados en autobuses durante la madrugada.
Tocorón, antiguo centro de operaciones de la banda criminal Tren de Aragua, fue clausurado en 2023 y reabierto en 2024 para albergar a cientos de detenidos por las protestas poselectorales.
Mientras se registran estas excarcelaciones, las oenegés alertan sobre un repunte reciente de detenciones.
En las últimas semanas, fueron arrestados el sindicalista José Elías Torres y el comunicador Nicmer Evans, cuyos familiares denuncian desapariciones forzadas.
Otros dirigentes sindicales y políticos opositores también fueron detenidos brevemente antes de ser liberados.
La oposición venezolana sostiene que el gobierno aplica una estrategia de “puerta giratoria”, en la que libera selectivamente a algunos detenidos mientras encarcela a otros.
“Son rehenes, personas detenidas arbitrariamente y liberadas cuando conviene al poder”, denunció recientemente González Urrutia, quien permanece exiliado en España.
En setiembre pasado, un equipo de expertos de la ONU advirtió sobre un recrudecimiento de la persecución por motivos políticos en Venezuela, un señalamiento que vuelve a cobrar fuerza en medio de las excarcelaciones y nuevas detenciones reportadas en las últimas semanas.
