La Administración “enviará hoy una carta a las agencias federales pidiéndoles que identifiquen cualquier contrato con Harvard, y si pueden ser cancelados o redirigidos a otro lugar”, dijo una fuente a la agencia de noticias AFP que pidió mantener el anonimato.
En el documento, la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) instruye a las instituciones federales a revisar, cancelar o reasignar sus contratos con Harvard y sus afiliados, y a buscar “proveedores alternativos” para futuros servicios.
Esta decisión marca una ruptura total de la relación comercial que históricamente ha existido entre el Gobierno Federal y la prestigiosa universidad enfrentada a la Administración Federal, por lo que considera un interés en controlar políticamente esa casa de enseñanza.
Según la carta obtenida por el diario The New York Times, la medida responde a una serie de prácticas que, a criterio del gobierno de Trump, contravienen principios como la no discriminación, el uso responsable de fondos públicos y el cumplimiento de la ley federal.
El gobierno acusa a Harvard de continuar aplicando presuntos criterios racistas en su proceso de admisión, e invocó en el mensaje un fallo de la Corte Suprema en el caso Students for Fair Admissions v. Harvard.
LEA MÁS: Harvard contraataca: demanda al gobierno de Trump por cancelar visas a estudiantes internacionales
Ese fallo, del 2023, concluyó que la universidad discriminaba a postulantes según su etnia.
Por ejemplo, entre estudiantes en el decil académico más alto, las tasas de admisión variaban drásticamente: 56% para afroamericanos, 31% para hispanos, 15% para blancos y 13% para asiáticos.
La carta también señala que Harvard no ha corregido sus políticas y que, por el contrario, ofrece ahora un curso de matemáticas remediales —descrito como “nivel escuela intermedia”— a estudiantes admitidos, lo que sería presuntamente consecuencia de priorizar factores raciales por encima del mérito académico, añade el mensaje federal.
Denuncias adicionales
Además, la Administración menciona presuntas violaciones a la Ley de Derechos Civiles de 1964 en materia de contratación, promociones y compensaciones laborales, así como actos de antisemitismo en el campus.
Entre ellos, cita la supuesta inacción de la universidad frente al acoso hacia estudiantes judíos y decisiones “preocupantes” como otorgar una beca de $65.000 a una persona acusada penalmente de agredir a un estudiante judío, y nombrar como mariscal de graduación a otro implicado en la misma agresión.
LEA MÁS: Universidades de Estados Unidos acusan a Trump de amenazar la autonomía de la educación superior
La GSA solicitó a todas las agencias federales presentar antes del 6 de junio un informe detallado sobre las acciones tomadas respecto a cada contrato con Harvard, incluyendo posibles rescisiones por conveniencia, transiciones a otros proveedores o razones justificadas para mantener temporalmente alguna relación contractual.
La Administración ha presentado sus acciones contra Harvard como una lucha por los derechos civiles.
Sin embargo, la universidad localizada en Cambridge, Massachusetts, afirma que se trata de una disputa centrada en sus derechos amparados a la Primera Enmienda constitucional de Estados Unidos y acusa a la administración Trump de intentar controlar a su personal, currículo y matrícula.
Harvard ha respondido enérgicamente en un tribunal federal entre otras razones por las exigencias del gobierno de prohibición de estudiantes “hostiles a los valores estadounidenses”, una auditoría de la ideología política de estudiantes y profesorado para garantizar la “diversidad de puntos de vista” y actualizaciones trimestrales de la situación a la administración.
En una demanda, presentada el mes pasado, Harvard busca la restitución de más de $3.000 millones en fondos federales.
En otra, presentada la semana pasada, pidió a un tribunal federal que restablezca su derecho a matricular a estudiantes internacionales.
LEA MÁS: Jueza bloquea medida de Trump que impedía a Harvard recibir estudiantes extranjeros
